MARTES 29 DE AGOSTO DE 2000

* Temen que Sigfried, el rey del fraude inmobiliario, salga libre otra vez

Enfrentan los hermanos Mollet unas 40 denuncias penales

Angel Bolaños Sánchez * El llamado rey del fraude inmobiliario, Sigfried Mollet Gurrera, y su hermano y socio, Esteban, enfrentan unas 40 denuncias penales en la Fiscalía para Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia capitalina y en fiscalías desconcentradas de varias delegaciones, sin contar los procedimientos acumulados también en juzgados civiles y en la Profeco.

Aun cuando el primero se encuentra preso en el Reclusorio Preventivo Norte, sometido a proceso en el Juzgado 2 de lo Penal por un fraude que asciende a 66 millones de pesos, otras de sus víctimas temen que una vez más logre obtener su libertad, como es su costumbre vía el amparo o negociando el perdón del defraudado, y ya fuera de la cárcel continúe engañando a más personas con sus negocios de bienes raíces.

En efecto, los hermanos Mollet "a lo que juegan es a que la gente les otorgue el perdón y con ello se extinga la acción penal", admitieron funcionarios de la PGJDF. De hecho, en por lo menos 15 ocasiones han enfrentado ya a sus clientes, a los que han defraudado en los tribunales, y en la mayoría de los casos el delito prescribió al llegar a negociaciones con ellos para saldar la estafa.

Lo que las personas quieren es precisamente eso, recuperar su dinero y por eso es que después de un largo proceso en los juzgados civiles y penales aceptan llegar a un acuerdo, y una vez que reciben su dinero les otorgan el perdón, señalaron las fuentes consultadas.

Algunos casos los han perdido, como el que Sigfried Mollet enfrentó en el juzgado 63 penal, donde el juez, al dictarle sentencia el 30 de diciembre de 1997, lo encontró penalmente responsable del delito de fraude genérico y le aplicó una pena de cuatro años de prisión y 102 días de multa, alcanzando la libertad bajo fianza.

Ahora, por el mismo proceso que lo tiene en prisión, su hermano y socio, Esteban Mollet, se encuentra prófugo de la justicia. Ambos habían logrado evadirse mediante un amparo contra la orden de aprehensión, hasta que éste les fue revocado, pero siguen tratando de obtener la protección de la justicia federal contra el auto de formal prisión.

En todo caso, explicó un funcionario de la PGJDF, para que estas personas dejen de cometer sus fraudes tendría que impedírseles continuar con sus negocios, pero al tratarse de empresas legalmente constituidas, esto tendría que ser también por mandato judicial, una vez que al perder un juicio, además de la pena por su responsabilidad en el delito cometido, en este caso el de fraude genérico, el juez determine también la suspensión o disolución de su o sus empresas conforme al artículo 24 del Código Penal para el Distrito Federal, capítulo segundo, título primero, que entre las "penas y medidas de seguridad" considera la "suspensión o disolución de sociedades".

Se trata de evitar que continúen afectando a más gente, de hecho recordaron que la Procuraduría Federal del Consumidor ha determinado en varias ocasiones cerrar sus negocios, pero dicha dependencia sólo está facultada para aplicar clausuras temporales.

Es factible, añadieron las fuentes, que en función de los antecedentes de ambos defraudadores, un juez en sentencia condenatoria les aplique el artículo 24, sosteniéndose en lo que señala el artículo 11 del mimo Código Penal local.

Dicho precepto establece que "cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, o de una sociedad, corporación o empresas de cualquiera clase, con excepción de las instituciones del Estado, cometa un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, el juez podrá, en los casos exclusivamente especificados por la ley decretar en la sentencia la suspensión de la agrupación o su disolución, cuando lo estime necesario para la seguridad pública".