MARTES 29 DE AGOSTO DE 2000
* La remoción de un magistrado por parte del gobernador zacatecano, la causa
Destituiría la SCJN a Monreal por desacato
Alfredo Valadez Rodríguez, corresponsal, Zacatecas, Zac., 28 de agosto * Por desacatar a lo largo de siete meses una sentencia de amparo en la que se ordenaba a Ricardo Monreal Avila, en su carácter de gobernador, restituir en su cargo de magistrado a Daniel Dávila García y pagarle el salario caído de 18 meses, la juez segundo de distrito en la entidad, María Alejandra de León González, remitió el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, en caso extremo e inédito, esta instancia podría destituir al titular del Ejecutivo estatal.
En entrevista, Dávila García recordó que al tomar posesión como gobernador, en 1998, Monreal nombró a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado y removió a Dávila García, quien tenía el carácter de "inamovible", por lo que la SCJN dictó la sentencia de amparo a favor del magistrado.
Un mes después de emitida la sentencia, el Congreso estatal conminó al mandatario a cumplir a cabalidad el mandato jurisdiccional. Monreal reinstaló al magistrado, pero no le pagó su salario de 18 meses, lo que dejaba inconclusa la ejecución del amparo, "debido a que no se puede cumplir parcialmente la ley", afirmó Dávila García.
A siete meses del incumplimiento y luego de que Dávila García interpuso en el juzgado segundo de distrito su inconformidad, el pasado 9 de agosto la juez De León González remitió a la SCJN el expediente del caso, para que sea el máximo órgano jurisdiccional del país el que le dé solución.
En el texto remitido a la SCJN se solicita la aplicación de los "efectos" consignados en los artículos 80, 104, y 105 de la ley de amparo, relacionados con el artículo 107, fracción 16 de la Constitución, que establece: "Si concedido el amparo, la autoridad responsable (en este caso Monreal) insistiera en la repetición del acto reclamado o tratase de eludir la sentencia, será inmediatamente separada de su cargo y consignada ante el juez de distrito que corresponda".
Fuentes de la Secretaría de Gobierno revelaron que ya se ofreció un pago al magistrado, mismo que fue rechazado porque, además de salario y prestaciones, demanda el pago de compensaciones y bonos que dejó de percibir durante 18 meses, aunque legalmente el Ejecutivo estatal no estaría obligado a cubrir.