* De la Rúa niega rompimientos en su gobierno
El escándalo en el Senado divide al bloque del PJ en Argentina
* Fuertes rumores de que el ministro del Trabajo ofreció los sobornos
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 28 de agosto * El escándalo del posible soborno de los senadores para que votaran la polémica ley de Reforma Laboral, en abril, que significó la continuidad de la política del gobierno anterior en esta materia, y que fue castigada por el voto popular en diciembre pasado, ya ha costado una tajante división en el propio bloque opositor del Partido Justicialista (PJ).
Los senadores peronistas Antonio Cafiero y Jorge Villaverde anunciaron su separación del bloque del PJ en una escalada del escándalo que también divide aguas en la propia Alianza gobernante, a pesar del rechazo del primer mandatario hacia estas versiones.
El gobierno se enfrenta así a una de sus situaciones más difíciles por la sospecha instalada públicamente del soborno, que ahora se investiga a instancias del propio Ejecutivo y en especial de la denuncia realizada por el vicepresidente Carlos Chacho Alvarez, dirigente del Frente País Solidario (Frepaso), una coalición de centroizquierda que integra la Alianza gobernante.
El presidente De la Rúa negó terminantemente las divisiones, pero éstas, al menos en posiciones y opinión de los distintos sectores, son evidentes. El ex presidente Raúl Alfonsín, la figura más importante de la oficialista Unión Cívica Radical (UCR) amenazó incluso con dejar la política si esto se comprueba. Pero también se espera en distintos círculos el escalamiento de las investigaciones sobre una cantidad de delitos de corrupción del pasado gobierno, que ya tiene a varios ex ministros y ex secretarios de Estado bajo proceso.
Incluso se podría llegar hasta otros denunciados sobornos del pasado, cuando sindicalistas que se convirtieron en legisladores para defender a los suyos, terminaron votando las anteriores leyes de Reforma Laboral, que cambiaron en forma total la fisonomía social de Argentina, donde los trabajadores contaban con una fuerte legislación social, ahora desmantelada. Las anteriores reformas en las leyes laborales llevaron a una cantidad de abusos de empresas locales y extranjeras contra los trabajadores que quedaron en soledad legal ante estas nuevas situaciones.
Por lo pronto, Antonio Cafiero habría proporcionado hoy al juez Carlos Liporacci, que investiga las denuncias, los nombres de los cinco senadores que supuestamente recibieron sobornos del gobierno, y se espera una larga fila de legisladores para declarar. Alvarez había pedido un desafuero colectivo. También el presidente del Episcopado, monseñor Estalisnao Karlic, expresó hoy su preocupación por el caso y advirtió sobre las consecuencias de estas denuncias que, dijo, profundizan el "grave descreimiento en las instituciones". Asimismo, instó a "rehabilitar la política en la verdad, y por lo tanto en la dignidad y el servicio al bien común".
La declaración ante el magistrado de Cafiero, que había discutido fuertemente con los miembros de su propio bloque, duró más de tres horas. Villaverde ya había denunciado sus sospechas hace tiempo y luego que un columnista del periódico La Nación se hizo eco de la misma acusación que también fue girada por medio de un anónimo distribuido por la red de Internet y despachado desde una oficina telefónica pública. Esto acentuó las sospechas de una "operación de inteligencia" que la mayoría cree que necesita ser investigada por la gravedad de los hechos.
El presidente había respaldado al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, quien se presentó al finalizar la semana anterior imprevistamente en la Cámara y defendió abiertamente su posición, mientras quedaba flotando la idea de que se estaba hablando de "certezas" sobre los grave hechos, pero que nadie presentaba pruebas.
Sea como sea el final, esto es muy grave para las instituciones, señalan aquí. "Lo que dije al juez pertenece al secreto del sumario y no estoy habilitado para decir ni una palabra más", dijo Cafiero, quien habría mencionado a cinco sobornados del PJ y de la propia Alianza. Se especula que los ministros que ofrecieron las gratificaciones a los legisladores son Flamarique y el secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Fernando de Santibáñez, que ya negaron esta implicación.