MARTES 29 DE AGOSTO DE 2000

* Pastrana no ha cumplido los requisitos para desbloquear los mil 300 mdd, dicen

Cuestionan ONG estadunidenses el apoyo de Clinton al Plan Colombia

* Siguen las protestas en la capital del país sudamericano contra la visita del mandatario de EU

Afp, Ap, Reuters, Dpa, Washington, 28 de agosto * A dos días de que llegue a Cartagena de Indias el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, los tres principales organismos estadunidenses de defensa de los derechos humanos criticaron al gobierno de Washington por su apoyo al Pan Colombia, de lucha contra el narcotráfico, tema sobre el cual la guerrilla colombiana ha perdido interés para que sea discutido en el proceso de paz que adelanta con las autoridades.

En rueda de prensa, Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), y el Washington Office on Latin America (WOLA) insistieron en que Colombia no ha cumplido con los requisitos estipulados por el Congreso de Estados Unidos para desbloquear un paquete de mil 300 millones de dólares para el Plan Colombia, en especial en lo relativo a la defensa de los derechos humanos; sin embargo, Clinton aprobó la semana pasada la liberación de esos recursos.

"No se puede derrotar a los enemigos cuando tus aliados violan los derechos humanos", dijo George Vickers, de WOLA, tras lo cual el director para América Latina de HRW, José Miguel Vivanco, pidió a Clinton, a nombre de los tres organismos, que aproveche su viaje a Colombia para evocar las preocupaciones sobre esta cuestión.

Vivanco advirtió que los mil 300 millones de dólares otorgados por Washington son apenas un adelanto a los desembolsos que implicará en los próximos cinco o seis años la aplicación del Plan Colombia.

De cara a la próxima evaluación sobre Colombia, el responsable para Latinoamérica de Amnistía Internacional, Andrew Miller, dijo que el Congreso podría reevaluar si quiere mantener o suprimir el hueco dejado por la dispensa en la legislación de ayuda a Colombia.

El informe proporcionado sobre los derechos humanos por el Departamento de Estado a la Casa Blanca para desbloquear los mil 300 millones de dólares, coincide con las conclusiones presentadas por las tres organizaciones humanitarias en lo referente a que las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares siguen cometiendo serios abusos a las garantías individuales, que incluyen matanzas extrajudiciales.

En declaraciones aparte, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad, Sammy Berger, explicó que Clinton divulgará en Cartagena un mensaje de solidaridad al pueblo colombiano en el que dejará en claro que Estados Unidos está a su lado en la lucha para reconstruir la economía, abatir las drogas, promover los derechos humanos y afianzar el sistema democrático.

La inminente llegada de Clinton coincide con un incremento de la violencia en Colombia, donde al menos 28 civiles y un soldado fueron asesinados en los tres últimos días en diversos lugares del país por paramilitares y la guerrilla, cuyas acciones de esta última son en protesta por la visita del mandatario estadunidense.

También la guerrilla del ejército de Liberación Nacional (ELN) continúa con su sabotaje a la visita de Clinton y en rechazo al plan de lucha contra las drogas, y este día dinamitó un tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas, en un paraje campesino del municipio de Saravena, a 300 kilómetros al noreste de Santafé de Bogotá.

Decenas de sindicalistas, a su vez, se volcaron a las calles bogotanas y quemaron banderas de Estados Unidos, en protesta por la visita que hará el miércoles el presidente estadunidense. Los manifestantes, que se congregaron en el céntrico parque Santander, exhibieron pancartas en las que denunciaban el "imperialismo yanqui" y reclamaban el fin de la intervención de ese país en Colombia.

El presidente Andrés Pastrana, sin embargo, reportó una total tranquilidad, poco después de inaugurar en esta capital el centro de operaciones conjuntas del ejército, la fuerza aérea y la marina, aunque dijo que se está trabajando con toda la policía para mantener la seguridad, en la cual colaboran las autoridades de Estados Unidos.

En su primera visita a Colombia, Clinton, además de lanzar junto con su contraparte sudamericano la estrategia de lucha al tráfico de estupefacientes, también analizará la cuestión de los diálogos de paz con los insurgentes y la asistencia para la recuperación económica.

Pastrana también quiso dejar en claro que el Plan Colombia tiene el elemento importante de que 70 por ciento del presupuesto es para la inversión social, apunta a derrotar al narc otráfico y no a la lucha insurgente, por lo que no debe ser cuestionado por los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que temen que la aplicación de dicho plan represente una intervención militar directa de Estados Unidos.

Pese a que el gobernante estadunidense aclaró la víspera en declaraciones a medios colombianos que no habrá intervención militar en esta nación, en Buenos Aires, el representante del Cono Sur de las FARC, Javier Calderón, denunció la existencia de fuertes presiones por parte de Washington para que Argentina sea la punta de lanza de la intervención colombiana, indicó un despacho de Afp.

De inmediato, el gobierno argentino ratificó su intención de contribuir a la paz en Colombia y negó la versión de las FARC.

En Colombia, el grupo rebelde dijo haber perdido interés en la discusión sobre el tráfico de drogas, tema ahora quedará exclusivamente en manos del gobierno, además de que desistirá de aplicar un plan de sustitución de cultivos en un municipio próximo a la zona desmilitarizada en el sur del país, toda vez que el gobierno no respondió a una propuesta suya en tal sentido.

Por otra parte, las dudas alrededor del caso de 10 mil fusiles vendidos por Jordania a supuestos militares peruanos, y que terminaron en manos de la guerrilla colombiana, se mantenía este lunes luego de que Lima desmintió la versión de Amman de que se trató de una venta legal, y Estados Unidos pidiera a Perú mayor información sobre el asunto.

La fiscalía colombiana anunció que empezó una investigación preliminar y solicitará a las autoridades de Perú y de Jordania información sobre el caso, y con base en ello determinará si abre una causa formal contra la cúpula de las FARC o las personas que eventualmente resulten involucradas como intermediarios.

El gobierno de Lima mantuvo firme su denuncia de que las armas fueron vendidas por Amman a una red de traficantes, que incluía a algunos militares peruanos de bajo rango que se disfrazaron como coroneles para efectuar la compra.

El Departamento de Estado, por su lado, negó formular declaraciones en tanto no tenga mayor información al respecto, la cual fue solicitada a Perú. "Nuestra opinión es que los jordanos realizaron una venta legítima", estimó el vocero Philip Reeker.

En medio de todo esto, las FARC admitieron estar armadas, sobre todo ahora que, dijeron, Colombia va a recibir una millonaria ayuda de Estados Unidos, pero aseguraron que no a través del mecanismo denunciado por el presidente de Perú, Alberto Fujimori, el cual calificaron de novela.