MARTES 29 DE AGOSTO DE 2000

Fin de sexenio, fin de régimen

* Alberto Aziz Nassif *

Este final de sexenio tendrá un destino diferente al de las últimas siete décadas, porque se abre la primera alternancia en la Presidencia de la República. Hay signos positivos, como el de las elecciones del pasado 2 de julio, o el de los comicios en el estado de Chiapas, el 20 de agosto; pero también hay evidentes expresiones de descomposición política, violencia y corrupción.

Los últimos finales de sexenio han dejado crisis económicas y/o deterioro político. En esta ocasión parece que una crisis económica como la de 1982, o la de 1994, no sacudirá al país, aunque en este terreno nunca se puede estar completamente seguro.

Al mismo tiempo, un desajuste político, una tensión como la de 1976 o la de 1988, tampoco se ven en el horizonte. Sin embargo, sí existen datos novedosos que están en la lógica que combina un fin de sexenio y un fin de régimen: el cambio de partido en el poder de forma democrática, y un cambio en la forma de acceso al poder, produce una modificación general en las expectativas y desempeños en el funcionamiento de la vida pública.

Dentro de esta situación se ubica el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pone el punto final a una original controversia entre poderes; le da la razón al Poder Legislativo y obliga jurídicamente al Poder Ejecutivo a entregar una serie de expedientes guardados en los sótanos de la impunidad.

Ahora, el país conocerá oficialmente lo que ya se sabía: el financiamiento ilícito del Partido Revolucionario Institucional en 1994, a través de Banco Unión. Se termina el pretexto del secreto bancario, mal empleado por el gobierno de Ernesto Zedillo, para ocultar información.

ƑSi el PRI hubiera ganado el 2 de julio hubiera procedido este recurso? Tal vez no, tal vez sí, pero el hecho es que sucede después de una derrota del partido gobernante. Seguramente no será completamente nueva la información que reciba el Poder Legislativo, pero lo que sí es muy importante, y ciertamente alentador, es el establecimiento de una separación de poderes que lleva a un manejo más transparente de los asuntos públicos.

Con las mismas reglas, pero dentro de una correlación de fuerzas diferente, los poderes establecen su autonomía.

Si en el Fobaproa, y ahora en el IPAB, existen evidencias de un manejo financiero que en múltiples casos representó abiertos fraudes en contra de los recursos de la nación, ahora también se destapan otros escándalos que golpean al gobierno de Zedillo en su recta final.

El caso Oscar Espinosa Villarreal, ex secretario de Turismo y el último regente de la ciudad de México, toca directamente a esta administración porque se trata de un ex funcionario muy cercano al presidente, que ha sido acusado por el gobierno del Distrito Federal de peculado por más de 400 millones de pesos; hoy se encuentra prófugo de la justicia.

El asunto del Registro Nacional de Vehículos (Renave) es sin duda el escándalo de agosto, y hoy se encuentra bajo un fuego triple: los problemas jurídicos que representa haber concesionado este servicio a una empresa privada, el malestar político de crear un nuevo impuesto y el descubrimiento de que el director general, el señor Ricardo Miguel Cavallo, es un presunto delincuente buscado por la justicia en Francia y en España, personaje que al parecer fue un torturador durante la última dictadura militar en Argentina y, para colmo, está acusado de ser un ladrón de automóviles.

Al Renave Ƒquién podrá defenderlo? El titular de la secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco Mendoza, se ha visto abatido por el caso y sin argumentos de defensa; en lugar de hacer un reconocimiento público del error, se adoptan actitudes de deslinde insostenibles.

Pero no sólo se trata de golpes al gobierno federal, sino al mismo Partido Revolucionario Institucional, que no sólo entró en la escalera de perder elecciones, sino que sus grupos de caciques se brincan los límites políticos y se enfrentan de manera violenta.

La pérdida del poder lanza a los caciques a la calle a defender sus territorios y sus intereses, porque no se resignan a entender que este fin de sexenio viene acompañado de un fin de régimen.

Con este panorama, y lo que se acumule en los próximos días, quizá no será tan tersa y suave esta fase de la transición entre los dos sexenios. Sin embargo, al final de cuentas queda la expectativa de que los conflictos violentos y los fraudes en el sector público podrán tener un tratamiento apegado a un régimen de derecho y que la ciudadanía podrá ejercer el derecho a la transparencia y a la rendición de cuentas.

Veremos qué hay de todo esto en el último Informe de gobierno. *