MARTES 29 DE AGOSTO DE 2000
* Madrazo y Soberanes aconsejan la adhesión
México debe sumarse a la Corte Penal Internacional
* El procurador militar pide "revisar con cuidado" el Estatuto de Roma
Jesús Aranda * La integración de México a la Corte Penal Internacional (CPI) es una cuestión "más política que jurídica", porque si bien hay consenso al interior del gobierno mexicano en que se firme y ratifique el Estatuto de Roma, está pendiente la discusión sobre los tiempos en que deben realizarse las reformas constitucionales para adecuar el marco jurídico interno al que prevé la CPI; es decir, que los cambios legales se lleven a cabo antes o después de firma del acuerdo internacional.
Al llevarse a cabo ayer el seminario Los derechos humanos y la Corte Penal Internacional, el procurador general de la República, Jorge Madrazo, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, señalaron que México debe firmar su aceptación a la jurisdicción de la CPI.
Sin embargo, ambos, al igual que los participantes en el seminario, indicaron que nuestro país deberá modificar el marco legal, porque actualmente hay principios de la corte que se contraponen a la Constitución general de la República.
Menos optimista fue el procurador militar, general Rafael Macedo de la Concha, quien dijo "a título personal" que se debe revisar con sumo cuidado el Estatuto de Roma ųel cual dio origen a la CPIų, a efecto de que se cumpla con la observancia plena de la Constitución.
Agregó que México siempre ha argumentado la no intervención y que la Corte Penal Internacional contiene elementos que no son congruentes con el derecho interno del Estado.
Aunque afirmó que la Defensa Nacional no tiene ningún resquemor en que de aceptar México la jurisdicción de la Corte ésta investigue asuntos de jurisdicción interna, Macedo de la Concha precisó que México suscribió los Tratados de Ginebra y en éstos admitió la existencia de conflictos internacionales, pero se abstuvo de reconocer los conflictos internos. "Y si la CPI habla de intervenir en conflictos internos, entonces hay una incongruencia que se debe resolver antes de que México firme este acuerdo".
El militar señaló que "nos preocupa" el que el Estatuto de Roma no sea "armónico" con la Constitución y se reconozca su jurisdicción en asuntos internos del país.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Gobernación en este seminario, Miguel Angel López Mastache, se opuso a que nuestro país firme el citado instrumento internacional antes de que se modifique la Carta Magna, ya que de lo contrario "lesionaría nuestro orden constitucional establecido".
Al igual que Macedo, el funcionario dijo que incluso la CPI vulnera los derechos humanos, porque contiene aspectos como la posibilidad de un segundo juicio, el que los delitos no prescriban, y el fiscal de la Corte pueda investigar en México ųcuando el titular de la persecución de los delitos es el ministerio públicoų, entre otras cuestiones.
En cambio, el presidente de la CNDH afirmó al inaugurar el seminario que el Estatuto de Roma encarna la transición actual de la universalización a la globalización de la protección y promoción de los derechos humanos.
El ombudsman afirmó que la integración a la Corte "no debe verse como un atentado a la soberanía del Estado", sino como una oportunidad para que sociedades como la mexicana consoliden sus procesos de apertura y democracia interna.
En suma, sostuvo, debemos ver en la adopción del Estatuto de Roma no sólo un freno a los crímenes de guerra, de lesa humanidad, el genocidio y la agresión, sino también un elemento de predictibilidad en las relaciones internacionales con el potencial de ser un instrumento útil en la búsqueda de una sociedad internacional más democrática basada en la protección y la promoción de los derechos humanos.
En el marco del seminario se precisó que la idea de crear esta Corte es la de juzgar a los individuos que hayan cometido crímenes contra la humanidad.
Por su parte, Paulina Vega, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se pronunció por que México firme lo antes posible el Estatuto de Roma, incluso antes del próximo 31 de diciembre, a efecto de que nuestro país pase a ser miembro fundador y participe en la Asamblea de la Corte en la que se acuerden reglamentos y acuerdos aún pendientes.
Su posición coincidió con quienes afirman que la eventual reforma a artículos constitucionales para adecuar nuestra legislación al Estatuto de Roma no implica ningún problema, ya que se puede llevar a cabo después de que el presidente de la República firme el acuerdo. Mientras que las reformas constitucionales se podrán llevar a cabo en el marco del proceso de ratificación que debe hacer el Senado de la República.