LUNES 28 DE AGOSTO DE 2000
* Los capitalinos no están obligados a inscribirse: director jurídico del GDF
Blanco habría violado la ley al disminuir el cobro del Renave
* El registro de vehículos, facultad exclusiva de las autoridades locales, señala el funcionario
Ricardo Olayo * Los ciudadanos del Distrito Federal no están obligados a registrarse en el Renave porque esta materia es facultad exclusiva de las autoridades locales y además, según lo marca su propia ley, tienen que ser los fabricantes y las armadoras los que paguen el trámite, indicó el director general Jurídico y de Estudios Legislativos del gobierno capitalino, Enrique García Ocaña.
El funcionario dijo que la disminución de 50 por ciento decretada al pago de vehículos usados, que efectuó hace unos días el titular de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), Herminio Blanco Mendoza, podría tipificarse como delito de concusión, que se encuentra en el artículo 218 del Código Penal.
Según la redacción del citado artículo, no se puede disminuir en forma discrecional un cobro que es aprobado por el Congreso de la Unión y que en tal circunstancia tiene que aparecer en una ley.
Con el fin de evitar confusión entre los ciudadanos que han preguntado si deben inscribirse o no, García Ocaña aceptó la entrevista en la cual precisó que el artículo 73 de la Constitución no faculta de manera expresa al Congreso de la Unión dictar leyes en materia de registro de vehículos.
Según el artículo 124 de la Constitución dicha facultad está reservada a los estados, y para el caso del DF se señala el 122, donde se dan las facultades a la Asamblea Legislativa. De hecho ese órgano ya procedió a plasmarlas en la Ley de Transporte del DF que consigna el servicio público de registro a la Secretaría de Transporte y Vialidad y no a particulares.
De tal forma que ya hay un registro de cada uno de los automotores de la ciudad de México sin necesidad de efectuar pago alguno, dijo el funcionario, y por ello no tienen razón para preocuparse en la inscripción a otro instrumento o al menos no mientras siga la indefinición sobre el Renave.
Funcionarios del Gobierno del Distrito Federal han cuestionado el carácter del Renave e incluso la semana pasada la mandataria capitalina, Rosario Robles, recomendó a los ciudadanos no registrarse.
En la misma línea, el director general Jurídico y de Asuntos Legislativos dijo que los ciudadanos del Distrito Federal, y por otras circunstancias también los de todo el país, no tienen por qué inscribirse a un instrumento con rasgos de ilegalidad.
Con respecto al pago de inscripción, explicó que las contribuciones federales "no son objeto de negociación con los particulares", razón por la cual las instancias indicadas podrían solicitar desde una explicación administrativa, la cual corresponde a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).
La rebaja de 50 por ciento deja en claro que el Renave no tiene previsto en la ley el importe de la cantidad a pagarse por el servicio público, lo que constituye otra de las irregularidades que detectó García Ocaña en ese trámite.
El legislativo debió fijar la cantidad que debía cubrirse para la inscripción y avisos de cambio de propietarios y no se hizo de esa forma. Pero no puede la Secofi tratar de subsanar la falta y mediante una circular --instrumento administrativo-- tratar de acordar los pagos. "Esto por sí solo convierte en inconstitucional a la Ley del Renave", subrayó.
La ley que dio origen al Registro Nacional de Vehículos tiene lagunas, pues no señala que expresamente deban los particulares hacer el trámite. Para el caso de la inscripción, definitiva o provisional, indica que debe efectuarse por los fabricantes, ensambladores y quienes importen vehículos destinados a permanecer en territorio nacional.
El registro no es constitucional porque incumple diferentes condiciones, entre ellas que no es proporcional ni equitativo, explicó García Ocaña. Al respecto, agregó que la inscripción de un vehículo nuevo tiene un precio diferente al de un automotor usado a pesar de que se trata de la misma acción.
Lo mismo paga el propietario de un BMW que el de un sedán, lo que no tiene lógica con otro tipo de contribuciones que atienden al tipo de bien o a las posibilidades económicas del propietario para fijar el monto a cobrar.
El estudio de la Ley del Registro Nacional de Vehículos y de otros ordenamientos indica que una contribución debe servir para pagar gastos del Estado, situación que tampoco parece cumplirse puesto que los ingresos que se perciben son para la concesionaria contratada a fin de recuperar los gastos invertidos con motivo del establecimiento del sistema de control.
La norma indica que por tratarse de un servicio público la Federación puede otorgar participaciones a las entidades, pero ello tampoco se indica en el Renave, que ha sido impugnado por diferentes vías.