LUNES 28 DE AGOSTO DE 2000

* La desaparición de la Fórmula Otero, tesis central

Recibirá la SCJN anteproyecto de reformas a la Ley de Amparo

* El documento se presentará en un congreso jurídico, en octubre

Jesús Aranda * Este martes el pleno de la Suprema Corte recibirá el anteproyecto de reformas a la Ley de Amparo en el que se plantea como tesis principal la desaparición de la llamada Fórmula Otero, con lo que, los amparos que conceda el máximo tribunal contra leyes que declare inconstitucionales tendrían efectos generales.

Cuando los ministros reciban el documento, cuya elaboración llevó más de seis meses por parte de un grupo de académicos, litigantes, jueces, magistrados y dos mi- nistros, le harán las "precisiones finales" para así presentarlo en un congreso nacional jurídico a celebrarse los primeros días de octubre próximo, en el que se "oficializará" el proyecto de la nueva ley.

En virtud de que la Suprema Corte no tiene facultad de iniciativa para promover leyes, el pleno de ministros tendrá que resolver en fecha próxima a quién le entregará el proyecto, si al presidente electo, Vicente Fox; a la Cámara de Diputados, o incluso al propio presidente Ernesto Zedillo.

De acuerdo con información recabada, el único inconveniente de que el documento se entregue a Fox sería que el proyecto de ley entraría seguramente hasta el primer periodo de sesiones del año entrante.

Si se hace por medio de los legisladores, los ministros temen que el asunto se "politice" --como ocurrió cuando el PAN propuso infructuosamente que el máximo tribunal tuviera facultad de iniciativa de leyes-- y por ende se entrampe el proyecto.

Sobre la posibilidad de que sea a través de Zedillo, tendría también la desventaja de que no habría un grupo parlamentario determinado que apoyara la propuesta.

En otro orden, la nueva ley de amparo pretende transformar radicalmente la impartición de justicia con la desaparición de la llamada Fórmula Otero.

Actualmente esta fórmula establece que sólo se beneficia del amparo quien lo solicita en lo individual, es decir, pese a que el pleno declare que una ley o artículo determinado es inconstitucional, éste se deja de aplicar sólo al que logró el amparo.

Los ministros y miembros de la comisión encargada de elaborar el proyecto han considerado injusto que sólo aquellos ciudadano --o en la mayoría de los casos, empresas-- con capacidad económica para pagar un abogado puedan aspirar a que se les haga justicia, y el resto de la ciudadanía que no dispone de esos medios debe seguir acatando la legislación en cuestión, aunque ya haya sido declarada ilegal.

Otro tema que se propondrá será el terminar con el llamado "amparo para efectos", debido a que los tribunales unitarios y de circuito del país han caído en un exceso en su aplicación, lo cual retrasa considerablemente la impartición de justicia.

Este amparo para efectos consiste en que, al presentarse un amparo por resolución de un juez, aunque el magistrado encuentra que pese a que el hecho denunciado --como la expedición de una orden de aprehensión o bien un auto de formal prisión-- fue ilegal por alguna violación al procedimiento, en lugar de decretar la libertad del afectado "ordena" al juez que reponga el procedimiento y que elabore la sentencia, pero "legalmente".

De acuerdo con el sentir de la comisión redactora de la iniciativa, esta situación ha provocado que en muchos de los casos los magistrados eviten entrar al fondo del asunto y, "para no meterse en problemas", mejor dictaminan el amparo para efectos, mismo que alarga, en muchas ocasiones innecesariamente, la expedición de la sentencia.

Por otra parte, la comisión presentará innovaciones en cuanto a asuntos como amparos colectivos, amparos por motivos ecológicos o de interés de la comunidad, y amparos contra autoridades a las que con la legislación actual es prácticamente imposible juzgar porque la ley no lo prevé.

Esta será la primera gran iniciativa de reforma jurídica que impulsa la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que además se involucrará a especialistas, integrantes de barras de abogados, académicos, jueces y litigantes, con el propósito de elaborar un proyecto que permita una impartición de justicia más justa y expedita.