LUNES 28 DE AGOSTO DE 2000
* Entrarán en vigor a partir del 23 de septiembre
Ordenó Rosario Robles publicar las reformas relativas al aborto
* El decreto apareció en la Gaceta Oficial del 24 de este mes
Ricardo Olayo * La jefa de gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, firmó y ordenó publicar en la Gaceta Oficial las modificaciones al Código Penal y al de Procedimientos Penales relativas al aborto, con el objetivo de que entren en vigor el 23 de septiembre.
A partir de esa fecha los hospitales del DF practicarán la interrupción del embarazo a petición de la interesada y previa comprobación de éste en los casos en que haya sido consecuencia de una violación o inseminación artificial no consentida.
Para evitar casos como el de Paulina, en Tijuana, que fue presionada por autoridades hospitalarias ųy otros sectores como la Iglesiaų para evitar el aborto, el Código de Procedimientos Penales capitalino establece que las instituciones de salud deben "proporcionar a la mujer información imparcial, objetiva, veraz y suficiente sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, así como los apoyos y alternativas existentes, a fin de que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable".
La información que se dé a la mujer, indica el decreto publicado en la Gaceta del 24 de agosto, "deberá ser proporcionada de manera inmediata y no deberá tener como objetivo inducir o retrasar la decisión" de aquélla.
La publicación actualiza las nuevas causales aprobadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, referidas al grave riesgo en la salud de la mujer, a un diagnóstico de malformación congénita del producto, el caso violación y al resultado de una conducta culposa (o imprudencial) de la mujer.
Las modificaciones legales entrarán en vigor a partir del 23 de septiembre, antes de las realizadas por el Congreso de Guanajuato, previstas para su aplicación a partir del primero de octubre.
La promulgación de las reformas al Código Penal mediante su publicación en la Gaceta Oficial del DF se alcanzó apenas una semana después de la votación de los diputados locales, lapso en el cual representantes del grupo Pro Vida pidieron a Robles que vetara las modificaciones.
El decreto indica que se modificaron tres artículos del Código Penal del DF: el 332, 333 y 334, y uno, el 131 bis, del de Procedimientos Penales; en este último caso se ordenan los pasos a seguir en caso de que una mujer sufra violación: tras la denuncia penal y la comprobación del embarazo, estará en posibilidad de abortar 24 horas después. Asimismo, se modifica la sanción de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar. Ahora quedará de uno a tres años, y anteriormente era hasta de cinco años.
Se precisa que en el caso de las malformaciones congénitas se debe tener el juicio de dos médicos especialistas y el consentimiento de la embarazada; en la causal de riesgo grave de salud, la considera- ción debe ser del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro galeno, siempre que esto fuere posible y no sea riesgosa la demora.
Respetarán veto de Martín Huerta
Martín Diego, corresponsal, León, Gto., 27 de agosto * El vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y obispo de la diócesis de León, José Guadalupe Martín Rábago, aseguró que se respetará la decisión del gobernador Ramón Martín Huerta respecto del veto o promulgación de la ley que penaliza el aborto en caso de violación.
El prelado afirmó, entrevistado luego de la homilía que ofreció en esta ciudad, que si el mandatario veta la iniciativa, la Iglesia católica no hará ninguna declaración al respecto.
"Yo no tendría por qué hacer una especie de manifestación de protesta en contra del gobernador. Ahora puedo decir que no invitaré a una especie de desacato a la decisión que tome el mandatario estatal, pues me parece que no es esta la postura responsable que se espera concretamente de mí como obispo".
Afirmó también que su postura es clara respecto de la moralidad del aborto, y que éste no puede atenerse a la discusión de encuestas o a lo que la legislación dice, pero aseguró tener claro que "lo moral y lo político van por caminos separados".
Finalmente, negó haber sostenido alguna reunión con el gobernador, con el fin de ofrecerle una respuesta sobre la decisión que habría de tomar, pues "la Iglesia no está detrás de los gobernadores".