DOMINGO 27 DE AGOSTO DE 2000
* Seguridad y sindicato independiente, piden pilotos
52 cesados por contratistas de Pemex documentan anomalías
* Detallan los extenuantes horarios a los que estaban sometidos
Fabiola Martínez * Un grupo de 52 pilotos de Asesa-Saemsa, empresas contratistas de Pemex, continúan despedidos por exigir condiciones de seguridad y la organización en torno a un sindicato independiente.
Los helicopteristas, adscritos a Ciudad del Carmen, Campeche, encabezaron desde el 25 de julio un paro de labores luego del despido del capitán Edmundo Espínola de la compañía Servicios Aéreos Especializados (Saemsa), primero en la lista de rescindidos y quien intentaba organizar a sus compañeros para solicitar la reducción de las excesivas jornadas de trabajo de 12 horas o más en periodos laborales de 20 días continuos.
En entrevista, los pilotos denunciaron y documentaron anomalías como el pago de su propia capacitación --incluida la básica, como vuelo por instrumentos y que por ley debe pagar el patrón-- mediante pagarés con responsabilidad para el trabajador; la carencia de equipo elemental como radares para operaciones nocturnas, así como los bajos salarios, equivalentes a 25 por ciento de lo que pagan empresas similares, también contratistas de Pemex.
Tras el paro, las empresas, filiales del grupo Protexa, propiedad de Humberto Lobo de la Garza, se limitaron a girar oficios de despido en los que se argumentó el registro de más de tres faltas injustificadas, y días después presentó documentos que avalaban la existencia de un supuesto contrato colectivo firmado por un sindicato y condiciones desconocidas por los 64 pilotos que constituyen la planta laboral.
La intención de las empresas, según se explicó directamente a los afectados, es impedir la firma de un contrato colectivo con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), organización que hasta el momento brinda asesoría jurídica y apoyo económico a los despedidos.
Los helicopteristas han enviado cartas a las instancias involucradas a nivel estatal y federal, así como al presidente electo Vicente Fox, en las que explican los riesgos de volar en excesivas jornadas, superiores a lo dispuesto por los médicos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que representan para ellos aproximadamente 70 operaciones de aterrizaje al día para el transporte de cientos de trabajadores petroleros de Ciudad del Carmen a las plataformas de extracción del crudo.
El trabajo de este personal es calificado (vuelos fuera de costa) y se ejecuta frecuentemente en condiciones meteorológicas adversas y con un ritmo "exageradamente estricto, al grado de no tener tiempo ni para satisfacer nuestras mínimas necesidades fisiológicas y alimenticias". Por cierto, los viáticos que les pagan no están incluidos en el salario, por lo que deben acreditar una rigurosa comprobación de gastos, pero sólo por alimentos.
"En una ocasión estuve a punto de renunciar porque prácticamente di un cabezazo en pleno aterrizaje por el exceso de fatiga y sueño acumulados luego de 20 días de trabajo ininterrumpido. No queremos nada en especial, sólo mejores condiciones de trabajo", señaló uno de los pilotos despedidos y uno de los pocos especialistas que realizaban operaciones con ganchos de carga en las instalaciones de Pemex.
"En esas condiciones no hay calidad de vida y así lo demuestra el apoyo en las marchas y protestas a las que se han unido nuestras esposas e hijos, porque además del terrorismo laboral, cotidiano en Asesa-Saemsa, ellas ven cómo día a día llegamos a casa desmotivados y con una gran carga de fatiga", expresó otro de los helicopteristas.
A pocos días de iniciado el paro, la empresa intentó contratar a otros pilotos, incluso extranjeros, con ofertas salariales "exorbitantes " pero sólo algunos acudieron al llamado, aun cuando no contaban con los conocimientos, horas de vuelo y experiencia necesarios para ejecutar los vuelos fuera de costa.
Sin embargo, hasta el momento Pemex mantiene vigentes los contratos con las compañías en cuestión, y 52 helicopteristas siguen en lucha para exigir su reinstalación y la defensa de sus derechos a través de la firma de un contrato colectivo.