DOMINGO 27 DE AGOSTO DE 2000
* Intensifican las autoridades colombianas las medidas de seguridad
Crecen las protestas populares en Cartagena por la visita de Clinton
* Fueron desplegados 5 mil policías; cuidarán al presidente 600 agentes y funcionarios estadunidenses
Afp, Dpa, Ap y Reuters, Santafé de Bogotá, 26 de agosto * Las autoridades colombianas intensificaron hoy las medidas de seguridad en la caribeña ciudad de Cartagena de Indias, de cara a la visita el próximo miércoles del presidente estadunidense Bill Clinton, mientras crecen las protestas populares en la ciudad.
El operativo de vigilancia comprende un despliegue de 5 mil efectivos de los organismos de seguridad, así como entre 200 y 400 funcionarios y agentes de seguridad estadunidense, apoyados por un robot llamado Andrews II, diseñado para detectar explosivos en vehículos, edificios, plazas públicas y otros sitios estratégicos.
El jefe de la policía nacional, general Luis Gilibert, explicó que las operaciones de vigilancia se extienden a zonas campesinas de Bolívar, el departamento del cual Cartagena es capital, así como a los vecinos departamentos de Atlántico, Córdoba, Magdalena y Sucre, donde operan guerrillas y grupos paramilitares de extrema derecha.
Recién durante la víspera decenas de sindicalistas, líderes comunitarios y estudiantiles protestaron en Cartagena en repudio a la visita de Clinton, con consignas contra el "imperialismo estadunidense", vivas a Colombia y en favor de la libertad y soberanía del país sudamericano.
Pero, dijeron, sus protestas son pacíficas y de rechazo a la ayuda militar antidrogas.
De hecho, el apoyo antidrogas estadunidense por mil 300 millones de dólares está provocando un fuerte rechazo no sólo entre amplios sectores de la sociedad civil colombiana y de la insurgencia, sino también preocupación por parte de países de la región como Venezuela, Brasil, Perú y Panamá, principalmente.
En tanto que los líderes de la protesta cívica anunciaban que incrementarán sus manifestaciones el día de la visita, se espera que en esa fecha Clinton refrende al presidente Andrés Pastrana su respaldo al controvertido Plan Colombia, que conlleva un alto porcentaje militar antidrogas en cuanto a recursos y equipos.
Un colectivo de entidades humanitarias denominado Paz Colombia, que prepara para octubre próximo una conferencia en Costa Rica sobre la paz colombiana, reafirmó su advertencia de que el plan antidrogas diseñado por Bogotá y con financiamiento y ayuda militar de la Casa Blanca agravará el conflicto armado y la crisis sobre los derechos humanos.
Frente a las críticas, la DEA (agencia antidrogas estadunidense) y el Servicio de Aduanas de Estados Unidos anunciaron el desmantelamiento de una red de traficantes que distribuía drogas al menos en 12 naciones de Europa y América del Norte, con la incautación en dos años de 25 toneladas de cocaína con valor de mil millones de dólares y 43 implicados detenidos.
Pese a que Colombia buscaba destacar otros aspectos de la visita con el anuncio de que Pastrana abogará ante Clinton porque su país sea incluido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el plano regional se mantuvo la controversia con Venezuela luego de denunciarse un "fuerte aumento" del tráfico de armas y municiones del vecino país con destino a las guerrillas colombianas.
Por su parte, el canciller venezolano, José Vicente Rangel, afirmó que las críticas de su gobierno al Plan Colombia se refieren sólo al aspecto "muy acentuado en lo militar", y no a la parte social, y si bien Venezuela no prevé desplegar fuerzas militares en su frontera común, Rangel alertó que el plan antidrogas puede incidir en una movilización de los cárteles de las drogas hacia países de la zona.
El diario Folha de Sao Paulo reportó que la policía federal brasileña ya tiene listo un plan para enfrentar un posible "desbordamiento" de los conflictos internos de Colombia hacia Brasil, pues prevé un escalamiento armado ante el multimillonario pro- grama antidrogas.
No obstante que el gobierno peruano pedía poner fin al escándalo generado tras sus revelaciones de tráfico de armas para las guerrillas colombianas, el canciller Fernando Trazegnies atribuyó a "un error" de traducción que se haya dicho que Estados Unidos considera que dicho trasiego de armamentos se originó en una compra legal de armas por parte de Perú a Jordania, como sostiene ese país.