DOMINGO 27 DE AGOSTO DE 2000

* José Antonio Rojas Nieto *

Reforma eléctrica sin mentiras

Cantan los jaraneros del Papaloapan que cuando el pájaro Cu quiso hacer su nido en medio del mar, por fortuna y a tiempo un cardenal le advirtió: hay que pensar para hacer y no hacer para pensar. Lo cierto es que el Presidente electo ya lo hizo, ya ofreció la apertura en la industria eléctrica al capital privado extranjero y nos ha puesto a pensar. ƑQué ofrece? ƑSobre qué bases? ƑCon el apoyo de quién o quiénes? ƑCómo interpretar las múltiples, variadas e incluso contradictorias declaraciones que han formulado miembros de su equipo de transición, incluso distintas a lo que Vicente Fox declaró en Canadá? Mucho deberá explicar a la sociedad el nuevo gobierno sobre sus planes en la industria eléctrica, sobre todo cuando en los hechos, los inversionistas privados nacionales y extranjeros ya pueden participar en la industria eléctrica mexicana a través de los proyectos de Producción Independiente (IPP por sus siglas en inglés) con un contrato de adquisición por parte de CFE ųcomprador único por leyų del fluido eléctrico que luego se distribuya a los usuarios residenciales, comerciales, agrícolas e industriales del servicio público. Si, por el contrario, se trata de otro ofrecimiento que, sin duda, obligaría a cambiar la Constitución, el próximo gobierno debe aclararlo y justificarlo.

Estos equívocos obligan a rediscutir las bases en las que se han sustentado los ánimos reformadores gubernamentales, cuya discusión seria exige la supresión de engaños, mentiras y amenazas reiteradas, pues sólo se han dicho verdades a medias, al menos en cuanto a dos puntos centrales del debate: la capacidad financiera de la industria eléctrica nacional y los requerimientos de inversión para los próximos años. Se ha subestimado la fortaleza financiera de las empresas eléctricas nacionales y se han manipulado los montos de inversión necesarios; y como consecuencia se ha ofrecido un amenazante panorama de riesgos y apagones que sólo se podrá superar con la reforma propuesta.

Nada más alejado de la realidad, a pesar de que el actual gobierno impulsó el deterioro de la capacidad instalada al disminuir los montos de inversión pública en obras e infraestructura eléctricas, con el ánimo de crear ese ambiente catastrofista que, en su lógica, sólo se puede superar con la privatización.

Al analizar la Cuenta Pública y los costos de la tecnología eléctrica disponible hoy en día, es posible demostrar dos cosas: 1) que la industria eléctrica mexicana tiene capacidad para financiar la mayor parte de sus requerimientos de expansión, y que puede convivir con productores externos complementarios; 2) que sin menoscabo de la confiabilidad del sistema, los requerimientos reales de inversión al año oscilan entre 3 y 4 millones de dólares, monto inferior a los 5 mil millones que tanto se publicitan.

Además, hay que decir que con el esquema actual se ha tenido un significativo éxito para atraer la inversión privada en la industria eléctrica, éxito que se puede explicar por importantes razones: 1) el gran dinamismo de la demanda eléctrica en nuestro país, por lo demás siempre vinculado a la marcha de la economía y al crecimiento de la población; 2) también la solvencia y robustez de la industria eléctrica mexicana frente al reto que representa un suministro confiable y oportuno ante esa demanda; 3) el sólido prestigio internacional de la CFE en el nuevo esquema de licitaciones internacionales para atraer productores independientes de electricidad, no sólo porque sus concursos han sido limpios y objetivos, sino que ha logrado obtener ofertas de suministro a costos bajos.

Estos tres elementos incuestionables pueden ser la base de una reforma eléctrica que no renuncia al control estatal de la industria; al carácter público del servicio y su sentido social; a la fortaleza y al prestigio de CFE; a los retos y oportunidades que tiene frente a sí Luz y Fuerza del Centro; al establecimiento de precios justos y competitivos; determinar el monto y destinatarios del subsidio que la sociedad acepta y determina y, finalmente, a la confiabilidad y oportunidad del servicio que exige el desarrollo nacional.