DOMINGO 27 DE AGOSTO DE 2000
* Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo, los implicados
Dos generales, investigados por tráfico de drogas
* En 11 por ciento del territorio, la cuarta parte de regiones castrenses
Blanche Petrich * Una cuarta parte de regiones militares se encuentran en sólo 11.8 por ciento del territorio nacional, donde habita 10.2 por ciento de la población (de alta marginalidad) y se concentra también 15 por ciento de zonas castrenses.
En Chiapas, el caso más extremo, se calcula con base en datos no oficiales ųde grupos campesinos, indígenas, de derechos humanos y civilesų que 30 por ciento de los efectivos de las fuerzas armadas están ahí; esto, si el total oscila entre 60 y 70 mil.
La Sedena nunca ha admitido que haya desplegado más de 25 mil efectivos en la entidad.
En Oaxaca, donde según un diagnóstico de 1997 del gobierno estatal se desarrolla un plan de "guerra popular prolongada", con un mando único y de inspiración maoísta, se ha optado por una estrategia contrainsurgente que no busca "el exterminio militar de los insurrectos" sino su "encapsulamiento". A pesar de tener un fuerte componente político, se trata de un proyecto parecido a cualquier otro plan contraguerrillero, basado en esquemas de guerra de baja intensidad y guerra psicológica, con factores que confirman que es "el Ejército Mexicano quien dirige esta guerra".
Y en Guerrero, donde según estimaciones de diputados federales de la Comisión de Defensa hay 23 mil efectivos (según cifras del Ejército Popular Revolucionario hay 45 mil), la ocupación militar a raíz de junio de 1996 parece reeditar las cruentas batallas rurales de 1972 y 1975, cuando el combate a las guerrillas de entonces.
En el libro de próxima aparición Siempre cerca, siempre lejos: las Fuerzas Armadas en México, tres capítulos desglosan los procesos de despliegue en esas tres entidades. Fundador del Servicio Jesuita a Refugiados Guatemaltecos, miembro del equipo técnico de la Comisión Nacional de Intermediación, y analista e investigador del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria de San Cristóbal, Gustavo Castro es autor de los dos primeros capítulos. Maribel Gutiérrez, corresponsal de este diario y directiva de La Jornada El Sur, es la autora del tercero.
Chiapas: el segundo presupuesto
Según Castro Soto, con la presencia militar en Chiapas no sólo se controla territorio sino que determina en sus zonas de asentamiento la vida política, económica y social. Influye también al aparato del Estado ųen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicialų en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
Un ejemplo de cómo condiciona la vida política es que muchos militares han detentado funciones civiles en Chiapas. Entre ellos podemos encontrar al general Julio César Santiago Díaz, asesor de la Coordinación Pública del estado hasta 1997 y apresado después por la masacre de Acteal; el capitán primero de infantería Amadeo Aguilar Corpus, coordinador de Seguridad Logística y Ayudantía del gobierno del estado de Chiapas; y el general Jorge Gamboa Solís, coordinador general de Seguridad Pública hasta el asesinato masivo en Acteal y luego protegido por un amparo.
Explica cómo, socialmente, los militares controlan la vida en las comunidades, regiones y cabeceras municipales donde están presentes; los ayuntamientos no pueden oponerse a cualquier acción del Ejército que afecte o se interponga a la estrategia o táctica militar contra el EZLN. Políticamente, el control militar del territorio determina también los procesos político-electorales e inhibe las movilizaciones políticas de las organizaciones indígenas y campesinas. La capacitación y dirección de las fuerzas policiacas, tanto estatales como federales, depende del Ejército.
En términos económicos el Ejército determina la producción y la comercialización de los productos del campo. La presencia castrense genera una economía militarizada y artificial donde la sobrevivencia de la población depende de la venta de tortillas a los soldados, del lavado de su ropa, de pequeñas tiendas de abarrotes y alcohol para proveerlos, así como de la prostitución y de la proliferación de cantinas, bares, burdeles y clubes nocturnos.
El texto enumera las corporaciones desplegadas y su evolución. Señala, por ejemplo, que Chiapas concentra el mayor número de Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE)y cuenta con la primera Fuerza de Intervención Rápida (FIR) que se formó en el país, ubicada en Copalar, municipio de Comitán. En esa entidad, las fuerzas de tarea Arco Iris cambiaron de estrategia a partir de agosto de l997 y sus 13 agrupamientos fueron reubicados ųsólo dejaron cincoų para dar paso a la fuerzas de tarea Azteca 7 y Golfo Sur.
Además, la entidad cuenta con regimientos blindados de caballería y regimientos de artillería; tres compañías no encuadradas compuestas por aproximadamente 180 elementos ųuna en Marqués de Comillas, otra en Maravilla Tenejapa y una más en Salto de Aguaų. Evidencia de que se trata de una presencia a largo plazo son los grandes edificios que se erigen en regiones rurales, como conjuntos habitacionales para las familias de los militares. En lo que va del conflicto armado, por ejemplo, se les ha erigido en San Quintín y Toniná (Ocosingo), Maravilla Tenejapa (Las Margaritas) y Miramar (Salto de Agua).
Otros datos aportados: durante los primeros cinco años del conflicto se graduaron poco más de mil kaibiles mexicanos, entrenados por el ejército guatemalteco. Uno de sus principales centros de entrenamiento se encuentra en Xmotoc, a 50 kilómetros de Chetumal. También existe, en Tapachula, el grupo especial Agujas Negras, adiestrado por militares brasileños.
En cuanto a la presencia de la Armada, Puerto Madero es sede de la 22 Flotilla y de una de las 17 zonas navales que existen en el país. De entre las 23 unidades terrestres de infantería de marina en México se le ha destinado la BIM 22. Oaxaca, Guerrero y Tabasco también cuentan con una BIM en cada entidad. En territorio chiapaneco hay nueve posiciones de la Armada en presas y ríos y en Tapachula se encuentra el Escuadrón Aeronaval de Ala Fija.
Con el Programa Sellamiento, para combatir al narcotráfico por cielo, mar y tierra ųen el cual participan la Armada, las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación, la Procuraduría General de la República, las policías Federal de Caminos y la Fiscal, con 13 mil 202 efectivos, más de 80 por ciento de los cuales han pertenecido al Ejército y a la Fuerza Aéreaų, Chiapas y Tabasco participan con los correspondientes a la séptima Región Militar, ese año se desplegaron aproximadamente 2 mil 790 elementos, 136 vehículos, 14 aviones, tres buques y cuatro helicópteros.
Finalmente, la Fuerza Aérea ocupa el tercer lugar en importancia en Chiapas. Tuxtla Gutiérrez es sede de una de las seis regiones aéreas del país, la que abarca toda la región sureste y donde se ubican ocho bases aéreas militares (BAM) de las 17 que hay en todo el país (47 por ciento de ellas), distribuidas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Sólo dos posiciones de la Fuerza Aérea se hallan en tierra chiapaneca, pero toda la zona de conflicto está flanqueada por tres BAM: la 6 en Tuxtla Gutiérrez, la 17 en Copalar, municipio de Comitán, y la 16 en Ciudad Pemex, Tabasco.
Todo ello sin contar a las fuerzas policiacas de las distintas corporaciones. Sean federales, estatales o municipales, son la fuerza legal armada presente en cada uno de los municipios de la entidad, pero subordinadas al Ejército. La fusión entre fuerzas armadas y cuerpos policiacos se da también en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Y finalmente, está la Policía Federal Preventiva (PFP). Los aproximadamente 4 mil 500 policías federales de Caminos distribuidos en el país en 80 destacamentos se verán reforzados con los 10 mil de la PFP con que se espera contar para diciembre de 2000. Tal refuerzo se inició con la transferencia de 4 mil 899 militares de la Tercera Brigada de Policía Militar, pagados por la Sedena, de los cuales 800 efectivos estarán ubicados en Chiapas.
Oaxaca: una guerra para los servicios de inteligencia
Un documento titulado Oaxaca: el conflicto y el proyecto, elaborado por el gobierno de esa entidad en 1997 ųel de Diódoro Carrascoų, revela que para combatir la presencia del Ejército Popular Revolucionario se diseñó un plan contrainsurgente basado en las tareas de inteligencia militar. Entre las "líneas estratégicas" de ese proyecto está la acción táctica de "desmontar la capacidad desestabilizadora del adversario". Y ésta prevé dos pasos:
Uno, "el monitoreo permanente en regiones y sectores que se consideren prioritarios y la tarea de inteligencia consistente en advertir las intenciones del adversario en dichas regiones y sectores prioritarios". Y otro, "aplicar un cerco sanitario en regiones y sectores que se consideren prioritarios, para lo cual se plantean dos acciones políticas: garantizar la orquestación sanitaria institucional con la tarea de inteligencia de desmontar la cobertura y redes de abastecimiento del adversario y coptar y/o neutralizar a sus aliados infiltrándolos como parte de la tarea de inteligencia. Aquí, la acción preventiva se encaminaría a revisar la información obtenida en los operativos policiacoųmilitares, según los criterios y estrategias que marca el proyecto".
En este capítulo sobre la militarización, Gustavo Castro Soto concluye la idea del Ejecutivo oaxaqueño para combatir a la contrainsurgencia. A pesar de tener un fuerte componente de acción política "es parecido a cualquier manual de contrainsurgencia", aunque con sus peculiaridades, entre ellas, la diferencia que hace entre el Ejército Popular Revolucionario y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
A los zapatistas en Chiapas el gobierno oaxaqueño los valora como "un parteaguas en la manera tradicional de concebir a las guerrillas, que marca una nueva conceptualización sobre el 'conflicto', lo que modifica la actuación de las fuerzas armadas". No así al EPR, aunque "también es importante constatar que se reconoce que el conflicto no se soluciona con el exterminio militar de los insurrectos por el alto costo político que ello tiene, sino por medio de su encapsulamiento".
Castro destaca en su análisis del plan contrainsurgente oaxaqueño la importancia que asume el cerco sanitario, como una acción política contraviniendo el Protocolo II de la Convención de Ginebra que México no ha firmado. "La salud, aspecto primordial en un estado que ocupa el segundo lugar nacional en marginación en el país ųdespués de Chiapas y antes de Guerreroų, hace del cerco sanitario algo prioritario. Los organismos civiles, las organizaciones no gubernamentales, las acciones de ayuda humanitaria y cualquier otro actor que apoye la salud de la población al margen de las instituciones gubernamentales, se vuelven enemigas para el estado".
Y concluye que el documento, de 64 páginas y ocho capítulos, fechado el 3 de enero de 1997, "nos confirma que el Ejército Mexicano es quien dirige esta guerra que no sólo es de dimensiones estatales, ya que las políticas en Oaxaca, según el documento, deben estar en coherencia con las líneas federales. Es el Ejército quien, por medio de sus aparatos de inteligencia, orienta las acciones del Estado".
En el plan, dice el autor, se encuentran elementos de la guerra de baja intensidad y de la guerra psicológica.
Según el diagnóstico, el mando estratégico (ME), único bajo el cual actuarían el Partido Democrático Popular Revolucionario, el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional y el EPR, se encontraría en su primera etapa, es decir, de asentamiento en regiones montañosas de díficil acceso y con población de bajo poder socioeconómico "que la convierte en aliada de los insurrectos".
El ME estaría asentado en dos zonas: el Polígono A, en la Sierra Madre del Sur (Tlaxiaco, Putla, Cacahuatepec, Pinotepa, Jamiltepec, Tutlepec, El Maguil, Cosoaltepec, Santa María Huatulco, Miahuatlán, Santa Cruz Mixtepec, San Miguel Piedras, San Bartolomé Yucuañé), y el Polígono B, en la costa que involucra a Santa María Huatulco, Piedra Mora, Chacalpa, San Juan Lajarcia, San Luis del Río, Ocotepec y Progreso.
"Se abre así la pugna por las masas entre insurrectos y gobierno", dice el texto del plan contrainsurgente, debido a la existencia de un "antigobiernismo genérico, nutrido argumentalmente por el desprestigio coyuntural que padecen las instituciones".
La estrategia del GELSO (gobierno del estado libre y soberano de Oaxaca) se define como "eminentemente política", que no busca el aniquilamiento del adversario sino "el confinamiento de su acción desestabilizadora mediante el fortalecimiento de las alianzas entre gobernantes y gobernados". Y su orientación principal es contribuir al reforzamiento de la gobernabilidad, mediante la derrota ideológica y política del mando estratégico (ME) y de la guerra popular prolongada (GPP). Prioriza las acciones de inteligencia que sirvan para aislar política y socialmente al que llama mando estratégico (ME) y las acciones de fuerza que sirven de apoyo a este objetivo.
De entre su líneas estratégicas destaca la primera: "desmontar los mecanismos propagandísticos del adversario" por medio de tres acciones políticas.
Resolver la guerra planteada en el sur de México no es únicamente una cuestión de técnica militar. El reto para el Estado mexicano es de probar si tiene o no posibilidades reales de enfrentar y vencer a sus opositores militares. De los tres sectores de la elite gobernante del viejo régimen, el burocrático (gobierno) y el civil (partido) han evolucionado hacia un sistema más democrático, pero el militar (Ejército) no lo ha hecho. Sin embargo, es éste el que debe enfrentar de manera directa los retos del EZLN y el EPR en el sur del país, "pues el peligro que representan, antes que social o político, es de naturaleza militar. Se trata de una guerra".
Así plantea Federico Anaya Gallardo, jurista y politólogo, representante legal de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, la disyuntiva a la que se enfrenta la institución castrense, incapaz de permitir "que la acción militar se complemente con una verdadera restauración de los pactos sociales rotos por la guerra".
Escribe: "Hasta donde nuestra información alcanza, ese Ejército está dirigido por quienes se formaron políticamente al calor de la guerra sucia en los años setenta. Su estructura de mando y jerarquía, por otro lado, está diseñada para servir a una triada gobierno/ partido/ ejército de la revolución, que ya no existe. Aquí es donde los planes contrainsurgentes de la milicia se estrellan en pedazos: el tejido social que se pretende proteger de los transgresores ya no existe ni puede volver a existir. Así es como la guerra llega a un callejón sin salida. Tal es el problema".
Anaya no sólo critica a la fuerza armada por su incapacidad para entender el reto actual, sino también a los "nuevos actores de la sociedad civil que no terminan de asimilar la naturaleza del conflicto social" ni "reconocen el rostro terrible de la guerra", situación que se refleja en la ligereza aplicada a criticar al Ejército y en la ausencia de crítica a la vía revolucionaria planteada por el EZLN, el EPR y el ERPI. "De esta manera, aun cuando el régimen fuera capaz de responder adecuadamente a los retos militares que enfrenta ųcosa imposible como ya lo demostramosų, la nueva sociedad civil tampoco podría reconstruir el tejido social desgarrado por la guerra. Y no parece haber nadie quien pueda hacer ese trabajo hoy en día".
El Ejército que fue y ya no es
Los asuntos militares contemporáneos de México "causan una increíble tensión" cuando salen a la luz pública, señala Federico Anaya, abogado y politólogo. Y a pesar de la transición y los cambios del sistema político, en el 2000 sigue vigente el estrecho lazo entre el poder y los militares, lo que les permite a los mandos castrenses seguir siendo protagónicos en política.
Siempre lo fueron. Anaya cita casos copiosos: entre 1946 y 1964 cuatro generales dirigieron el Partido Revolucionario Institucional. Fernando Gutiérrez Barrios, Alfonso Corona del Rosal y Jorge Carrillo Olea son tres grandes ejemplares del oficial político-militar. Las crisis guerrilleras de los setenta sirvieron bien a las carreras de varios militares. Varios "héroes de la guerra sucia" fueron premiados con cargos políticos. Están los casos del general Eliseo Jiménez Ruiz, comandante de la zona militar de Acapulco en 1974, gobernador de Oaxaca en 1977. Y en 1974, el general Fernando Pámanes Escobedo fue electo gobernador de Durango. De 1971 a ese momento había sido comandante de la 5 Zona Militar (Chihuahua).
Y casos aún actuales, como el de Francisco Arellano Noblecía, graduado del Heroico Colegio Militar y de la Escuela Superior de Guerra, quien siendo teniente coronel en comisión como comandante de la Policía Judicial de Sonora, dirigió el operativo que terminó en la masacre de San Ignacio Río Muerto (Sonora) en 1975. Regresó al Ejército como parte del Estado Mayor Presidencial, detentó un alto cargo en el sistema de justicia militar, en el cual le tocó tratar parte del injusto caso en contra del general Francisco Gallardo. Actualmente es general de brigada y está de nuevo en comisión, como parte de la Policía Federal Preventiva (PFP). En esta calidad coordinó el operativo de ocupación de la UNAM del 6 de febrero de 2000.
Hasta la fecha, agrega el autor, la identidad de Ejército y elite sigue siendo fuerte, a pesar de que en marzo de este año un diputado del partido oficial vaticinó un retiro en masa de altos oficiales, en caso de ganar la oposición las elecciones presidenciales. (Jesús Aranda, La Jornada; jueves 23 de marzo de 2000)
En otro pasaje aborda la forma poco clara como la presencia del narcotráfico ha transformado tanto la carrera militar, como la estructura de mandos, y las relaciones cívico-militares. "El hecho de que la lucha antinarcóticos se haya transformado en el mecanismo de promoción más importante, crea graves problemas. Específicamente porque la corrupción del narco empaña el sistema de ascensos y pervierte la lealtad de los mandos superiores. Gutiérrez Rebollo era uno de los tres líderes natos del Ejército en su generación".
En los dos últimos sexenios, analizados por el autor en el marco de la unipolaridad mundial después de la caída del muro de Berlín, y debido en parte "a la soberbia del neoliberalismo durante las administraciones de Salinas y Zedillo", pudo haber ocurrido un "un recrudecimiento altamente peligroso del anticomunismo en las fuerzas armadas. Un signo ominoso al respecto es que la Secretaría de la Defensa Nacional haya publicado, en 1994, El Complot para aniquilar a las fuerzas armadas y a las naciones de Iberoamérica, con presentación del coronel Mohamed Alí Seineldín e introducción de Lyndon LaRouche, en una edición de dos volúmenes de la Biblioteca del Oficial Mexicano".
En esa dirección es en la que también deben leerse, como parte de una "escalada militar", las designaciones del general Absalón Castellanos Domínguez como gobernador de Chiapas, de 1982 a 1988, y del general Enrique Cervantes Aguirre como comandante de la séptima Región Militar (Tuxtla Gutiérrez) en ese mismo periodo.