SABADO 26 DE AGOSTO DE 2000
* Funcionarios que no lo han hecho podrían incurrir en responsabilidades
Pide la CMH a Robles atender recomendaciones
Gabriela Romero Sánchez * La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa instó a la jefa de Gobierno, Rosario Robles, a que ordene a distintos funcionarios de su gestión, entre ellos a los de las secretarías de Seguridad Pública y de Obras y Servicios, atender las recomendaciones que formula el órgano fiscalizador, porque de lo contrario incurrirán en responsabilidades de tipo administrativo.
A la par y como una medida para terminar con la impunidad, esta comisión instruyó a los integrantes de la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF apresurar la firma de un convenio de colaboración administrativa con la Contraloría General del Distrito Federal.
En conferencia de prensa, el petista José Narro Céspedes y el perredista Miguel Angel Peláez, presidente y vicepresidente de la Comisión de Vigilancia de la CMH, explicaron que con este convenio se evitaría por una parte que en lo futuro haya retrasos en la atención de las recomendaciones por parte de los funcionarios públicos a las recomendaciones del órgano fiscalizador.
Por otra, se pondrá "un coto a la impunidad, ya que ambas instancias, en el ámbito de su competencia, actuarán con mayor oportunidad para lograr el desahogo de recomendaciones, así como para proceder a la oportuna promoción de responsabilidades administrativas y resarcitorias a fin de evitar su prescripción".
Narro Céspedes puntualizó que con relación al informe que sobre el desahogo de recomendaciones correspondientes a la revisión de las cuentas públicas de 1996 y 1997, de la gestión del priísta Oscar Espinosa, se observa que algunas de éstas no han sido atendidas por diversas dependencias, entidades y órganos desconcentrados, entre las que se encuentran la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión de Recursos Naturales (Corena), cada una con tres, de 1996; la Secretaría de Obras y Servicios, con 13 de 1997, y la delegación Magdalena Contreras, con tres, de 1997.
El diputado petista propuso también la creación de un tribunal de cuentas, cuya responsabilidad sería aplicar las acciones resarcitorias en que hayan incurrido los funcionarios capitalinos, ya que hoy en día es el gobierno el responsable de fincar las responsabilidades, lo que lo convierte en juez y parte.
Peláez se refirió a la necesidad de modificar los tiempos en que prescriban las promociones de acción para que pasen de tres a cinco años, y se de tiempo de castigar a quienes incurrieron en irregularidades fiscales y financieras en las cuentas públicas. En otro tema, Narro Céspedes informó que se ordenó a los tres titulares de la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF aplicar una política de austeridad financiera.