SABADO 26 DE AGOSTO DE 2000

* Insiste el vicepresidente Alvarez en que será difícil investigar la acusación

Hay indicios de compra de votos opositores en el Senado argentino

* No renunciará, dice el también líder senatorial * Procesan y embargan fortuna a militar represor

Ap, Afp, Reuters y Dpa, Buenos Aires, 25 de agosto * El vicepresidente de Argentina, Carlos Alvarez, reconoció este viernes que hay indicios que advierten sobre una presunta operación de compra de votos de la oposición peronista en el Senado, pero dijo que esto sería difícil comprobarlo.

Los datos a los que hacía referencia el vicepresidente son artículos publicados en el periódico La Nación por el periodista Joaquín Morales Solá, y una conversación que dijo haber mantenido sobre el tema con el senador justicialista Antonio Cafiero.

El escándalo surgió con denuncias anónimas, sindicales y afirmaciones de Cafiero que señalaron que opositores peronistas, que controlan la Cámara alta de 74 bancas, fueron incentivados con dinero para aprobar la reforma que hizo más flexible las leyes laborales, impulsada por la gubernamental Alianza socialdemócrata.

La reforma laboral tenía como objetivo abaratar los costos de contratación y despido de trabajadores, medida clave en el intento del gobierno por bajar el alto desempleo.

Pero Alvarez, que se presentó hoy de manera voluntaria ante el juez Carlos Liporaci, que investiga si en abril pasado se pagaron los sobornos a los senadores, resaltó en una rueda de prensa posterior que no hubo ningún tipo de irregularidad en el tratamiento de la ley.

Sostuvo, no obstante, que el país se fortalece con esta investigación que no va a afectar a los mercados ni a la economía, aunque el secretario de Hacienda, Mario Vicens, aseguró que si no se llega a un pronto esclarecimiento del escándalo la crisis política podría afectar la economía argentina, luego de que se empiezan a ver señales de que el país está saliendo de la recesión.

En una entrevista previa con Radio Continental, se le preguntó al vicepresidente si renunciaría a la presidencia del Senado, cargo que le confiere la Constitución, si la justicia comprueba el ilícito, a lo que respondió que tendría que analizarlo, aunque afirmó que desde el Senado hará todo lo que se tenga que hacer para que esto se aclare.

El secretario de la inteligencia argentina (SIDE), Fernando Santibáñez, también presentó este día ante la justicia registros contables del organismo para probar que éste no estuvo implicado en el escándalo legislativo, y al salir del tribunal Santibáñez dijo a la prensa que la información que llevó al juez prueba que no es posible que fondos significativos del SIDE hayan salido sin el comprobante adecuado.

El funcionario, al igual que el ministro del Trabajo, Alberto Flamarique, fueron involucrados en el escándalo a raíz de versiones que indicaban que los recursos para los presuntos sobornos habrían salido de los fondos reservados del SIDE.

Asimismo, el senador Jorge Agúndez se puso a disposición del juez Liporaci para que lo investigue, en tanto que Alvarez reveló que el presidente Fernando de la Rúa pidió a miembros de su gobierno contribuir al esclarecimiento de la compra de votos.

El vicepresidente, que se convirtió en el primer funcionario en presentarse en el juzgado federal, no pudo aportar nada más allá del terreno de los indicios, ya que, reiteró, como lo expuso el propio magistrado, no observó ningún tipo de irregularidad cuando la ley de reforma laboral se debatió y finalmente se aprobó en la Cámara alta, el pasado 26 de abril.

Por otro lado, la justicia procesó hoy al general retirado Santiago Omar Riveros y le embargó bienes por un millón de dólares en la causa que investiga de un presunto plan de robo de bebés nacidos cuando sus madres se encontraban detenidas y posteriormente fueron desaparecidas durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983.

El juez Adolfo Bagnasco dictó la resolución contra Riveros, que ocupó la comandancia de Institutos Militares en la base de Campo de Mayo, y en cuya jurisdicción funcionaba el hospital militar donde varias mujeres plagiadas dieron a luz, perdieron a sus bebés y luego desaparecieron.

El juez resolvió también que el general retirado, que se encuentra en arresto domiciliario desde el 10 de agosto, seguirá gozando de esa condición en virtud de su edad, pero se le seguirá investigando en la causa criminal por la que también están detenidos otros 10 militares y ex militares, entre ellos los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.