SABADO 26 DE AGOSTO DE 2000
* El fallo de la Suprema Corte genera confianza en los mercados: analistas
Hacienda y CNBV integran informe sobre Banco Unión
Antonio Castellanos * La Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) integran la información sobre las operaciones de Banco Unión que, por instrucciones del Ejecutivo federal, será entregada a la Cámara de Diputados. Incluirá lo relativo a los fideicomisos que se instituyeron en dicha intermediaria y a través de los cuales, presuntamente, se destinaron recursos al PRI.
Las consultoras Bursamétrica y Standard and Poor's consideraron que la decisión, primero de la Suprema Corte de Justicia, y posteriormente del presidente Zedillo en atención al fallo de la primera para abrir los expedientes que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) heredó al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), no viola el secreto bancario.
Alejandro González, encargado del análisis del comportamiento de los bancos, manifestó que, por el contrario, la decisión de los poderes Judicial y Ejecutivo manda señales positivas a los mercados nacional y extranjero. Abrir los expedientes correspondientes dará confianza y no provocará fuga de capitales que desestabilicen la economía nacional.
Las operaciones irregulares detectadas a partir de julio de 1994 en Banco Unión por la CNBV se referían a créditos proporcionados por la intermediaria a empresas que no disponían del capital necesario para afrontar el pago. Dichos financiamientos fueron a parar finalmente a manos de Carlos Cabal Peniche, lo que se constituyó en autopréstamos a través de diferentes personas.
La intervención gerencial incluyó a la controladora del Grupo Financiero Cremi-Unión, Banco Unión, Banca Cremi, Arrendadora Unión, Factoraje Cremi, las casas de cambio Unión, Cellini y Majapara, pero la demanda del Poder Legislativo es para que se detallen las operaciones que sirvieron para financiar campañas políticas del PRI, independientemente de las otras irregularidades.
A este respecto, Alejandro González, de la consultora Bursamétrica, cuyo principal socio es Standard and Poor's, manifestó que abrir la "caja negra" del IPAB no viola el secreto bancario, sobre todo si se considera que prácticamente son recursos del gobierno federal.
Entre los inversionistas locales y extranjeros, y la sociedad en su conjunto, hay la percepción de que se aplicará la ley; hay confianza en que después de muchas discusiones sin resultado, ahora se castigará a quienes provocaron quebranto a Banco Unión y que ahora pagan los contribuyentes.
Sin embargo, consideró difícil que salgan más casos de corrupción. Son los que ya se conocen y sobre los cuales ya hay acciones penales. Esa será una decepción para los legisladores que esperan encontrar más operaciones ilícitas de las reportadas por el auditor canadiense Michael Mackey.