VIERNES 25 DE AGOSTO DE 2000
Ť Acusan a María Alsogaray de enriquecimiento ilícito
Procesan a ex funcionaria del gobierno de Carlos Menem
Ť Continúa en el Senado argentino el escándalo por corrupción
Ap, Afp y Dpa, Buenos Aires, 24 de agosto Ť María Julia Alsogaray, una ex alta funcionaria del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) que tuvo a su cargo importantes privatizaciones, fue procesada hoy por la justicia argentina bajo el cargo de supuesto enriquecimiento ilícito durante su gestión.
El juez federal Juan José Galeano, a cargo de la causa, consideró que Alsogaray no habría logrado justificar un incremento de un millón 800 mil dólares de su patrimonio, y resolvió procesarla para continuar con la investigación.
Galeano decidió además un embargo por 3 millones de dólares del patrimonio de la funcionaria, que pasó de 300 mil dólares en 1989 a 2.5 millones de dólares en 1999, cuando dejó la función pública.
Alsogaray tuvo un pasaje por el Congreso y luego fue responsable de las privatizaciones de la compañía estatal de telecomunicaciones en 1990 y de la siderometalúrgica Somisa, antes de hacerce cargo de la Secretaría de Medio Ambiente.
En su declaración ante la justicia, Alsogaray dijo que su padre le donó un millón 400 mil pesos (dólares) en concepto de una herencia anticipada, y que también cobró por un trabajo de asesoramiento del quebrado Astillero Alianza, aunque no aportó documentos que lo acrediten.
El padre, Alvaro Alsogaray, fue ministro y embajador de regímenes militares, y en la década de los años 80 fundó la derechista Unión de Centro Democrática
Con su estilo provocador, que incluyó aparecer en la portada de una revista sensacionalista sólo cubierta con un abrigo de piel, María Julia, de 57 años, se convirtió en uno de los símbolos de la corrupción durante la gestión menemista para los medios y la opinión pública.
El proceso de Alsogaray se conoce mientras el gobierno y la oposición atraviesan por el escándalo de un presunto cobro de sobornos a senadores para que se aprobara la ley de reforma laboral resistida por los sindicatos.
El gobierno de Fernando de la Rúa buscaba este jueves retomar la ofensiva ante el escándalo, originado en una versión de prensa y que podría desvirtuar su prédica de lucha contra la corrupción.
El ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, uno de los acusados, se presentó anoche sorpresivamente en el Senado, donde desafió a los legisladores del opositor Partido Justicialista (peronista, al que pertenece Menem) a que le dijeran "en la cara" si él o algún otro funcionario cometió algún hecho irregular durante las negociaciones para la votación de la reforma laboral.
Ninguno de los senadores respondió a su reclamo, incluido Antonio Cafiero, quien había auspiciado la denuncia, pero que luego se negó a brindar los nombres de los colegas que supuestamente habrían recibido dinero a cambio de apoyar la ley, pues sería "su palabra contra la mía".
El presidente De la Rúa destacó hoy que la actitud de Flamarique "marca la impronta y el carácter con que el gobierno toma el tema", y desmintió versiones de prensa sobre un supuesto descuerdo con el vicepresidente Carlos Alvarez, quien impulsa una especie de operación manos limpias al estilo de la realizada en Italia.
A su vez, el ex presidente Raúl Alfonsín, líder de la oficialista Unión Cívica Radical, atribuyó el escándalo a una "operación política" interna del Partido Justicialista.