VIERNES 25 DE AGOSTO DE 2000

* Culpa el CNA al titular de Hacienda de dejar al garete a miles de ahorradores

Demandan juicio político en contra de José Angel Gurría

Ciro Pérez Silva * El Consejo Nacional de Ahorradores (CNA) presentó ayer en la Cámara de Diputados una denuncia para iniciar juicio político en contra del secretario de Hacienda, José Angel Gurría, a quien se responsabiliza "de haber dejado al garete" a las cajas de ahorro, en perjuicio de miles de ahorradores.

Se imputan también al secretario de Hacienda todas las omisiones en que incurrió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en lo que a supervisión y vigilancia de las cajas de ahorro se refiere, bajo el argumento de que el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que corresponde originalmente al titular de la dependencia el trámite y resolución de los asuntos de su competencia.

En la exposición de motivos del documento que recibió el secretario general de la Cámara, se menciona que no obstante la claridad en la normatividad establecida para las cajas de ahorro, la SHCP ha señalado sistemáticamente que no tiene competencia en la materia, "ignorancia que la llevó a ser omisa respecto de sus atribuciones" y que da lugar a la procedencia del juicio político.

Los ahorradores afectados sostienen que es obligación de la SHCP emitir la autorización para la operación de las sociedades de ahorro y préstamo, y que ésta debió publicarse en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo, no se encuentra en este órgano. "Tampoco autorizó, reguló o supervisó a las Cooperativas Cajas del Sol, con presencia en siete entidades del país, las del Angel y las del Vestido, que suman a otros miles de afectados".

Sostienen que la CNBV tampoco actuó de conformidad con la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, que la obligaba, cuando presumiera que una persona física o moral estaba realizando operaciones reservadas a las organizaciones auxiliares de crédito, sin contar con la autorización de la SHCP, a nombrar un inspector y los auxiliares necesarios para que revisaran la contabilidad y demás documentación.

Ello con el fin de ordenar la suspensión inmediata de operaciones o proceder a la clausura de la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral, si hubiera indicios de que estuviese violando lo dispuesto por la ley.

Esta denuncia deberá ser revisada por la 58 Legislatura, una vez que entre en funciones en septiembre.