VIERNES 25 DE AGOSTO DE 2000
* Demandan máxima protección y apoyo oficial
Periodistas y defensores civiles, altamente vulnerables: CNDH
* Soberanes: el Cisen violó derechos de Miguel Badillo y esposa
Triunfo Elizalde * Para el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, "el gremio periodístico y defensores civiles, por la labor que desempeñan, conforman un grupo altamente vulnerable que demanda la máxima protección y apoyo por parte de las instituciones del sector público, a efecto que su labor no pueda ser limitada o frenada en forma alguna y se pueda desarrollar en total libertad".
Señala lo anterior en la recomendación 13/2000, enviada a Alejandro Alegre Rabiela, director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), al encomendarle se investigue y sancione al agente Abraham Ponce Calvo, quien violó los derechos humanos de privacidad del periodista Miguel Badillo Cruz ųcolumnista del periódico El Universalų y de su esposa Celia Rosas Vargas, al vigilar sus movimientos y domicilio sin orden expresa y "casi por equivocación", ya que estaba comisionado para investigar un asunto diferente.
Badillo Cruz y Rosas Vargas hicieron saber a la CNDH, el 19 de junio de este año, que los días 13 y 14 del mismo mes, cuando el primero estaba "ausente del país", la segunda se dio cuenta que frente a su domicilio, ubicado en la colonia Prado Churubusco, estaba el automóvil Nissan Tsuru II, modelo 1998, con placas de circulación 324-KCA del Distrito Federal, y dentro "una persona como de 25 o 30 años", que luego resultó ser el agente de la dirección de Contrainteligencia del Cisen, quien abiertamente observaba todo movimiento que se registrara en la casa del periodista.
La CNDH luego de recibir la denuncia comenzó a investigar y, a través de autoridades del Gobierno del Distrito Federal y de la Secretaría de Gobernación, pudo saber que el coche era propiedad de esta última, pero al servicio del Cisen, por lo que solicitó a la Segob información necesaria para saber por qué se vigilaba el domicilio de los quejosos, así como los fundamentos legales en que se basaba el organismo encargado de la seguridad nacional.
Quedó en "claro" que "la comisión realizada por dicho servidor público (Ponce Calvo) en esas fechas (13 y 14 de junio) no guardaba ninguna relación con los hechos manifestados por la quejo- sa"; días después se agregó que "del 12 al 15 de junio del año en curso la investigación que se realizaba (en un lugar distinto al del domicilio del periodista) está relacionada con el crimen organizado internacional", además que el agente señalado negó que haya seguido a Celia Rojas Vargas, por lo que posiblemente se trató de "una lamentable confusión de la señora con los elementos del Cisen".
Basada en el artículo 16 constitucional, la CNDH en el contexto de su recomendación cita textualmente que "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Y ante el señalamiento de la dirección general de Asuntos Jurídicos de la Segob, respecto de que Ponce Calvo estaba "relacionado con la investigación del crimen organizado internacional", la CNDH señala que esa tarea, de acuerdo con los artículos 3o. y 8o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, "exclusivamente corresponde al Ministerio Público de la Federación y no al Cisen, pues dicho representante social cuenta con el monopolio para la investigación y persecución de los delitos".
Soberanes, después de asentar que "es imperioso que exista un compromiso real y serio por parte de las autoridades a fin de erradicar la impunidad de los servidores públicos", recomienda a Alejandro Alegre Rabiela, director general del Cisen, que "tenga a bien emitir un acuerdo interno en el que se establezcan los procedimientos adecuados para que todo el personal adscrito al centro acate, en sus términos, las instrucciones que expresamen- te les sean encomendadas dentro de las comisiones que desarrollen, sin que se violen derechos humanos".
Ataques a reporteros
Por otra parte, la Red de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación (RPPMC) hizo saber, a través del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que, en los primeros cinco años del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, las "agresiones y actos inhibitorios de las libertades de expresión e información contra medios y periodistas" sumaron 764 casos; de ese total, 135 ataques tuvieron lugar en 1999.
En su informe del año pasado, la RPPMC, luego de reconocer que los 135 asuntos conocidos durante 1999 representan una disminución de 28 por ciento respecto de los 187 registrados en 1997, y de 33 por ciento en relación con 1998, cuando el número de agresiones fue de 202, dice que "ello no implica necesariamente un mejoramiento en el respeto a las libertades periodísticas". Este informe fue publicado por el Centro Pro Juárez en su Servicio de Información Diaria Sobre Dere- chos Humanos en México.
Con base en las cifras anteriores, la organización manifiesta que los datos anteriores resultan preocupantes, "si se considera que a lo largo del sexenio de Carlos Salinas ųque hasta ahora se había perfilado como el periodo con el mayor número de actos contra medios e informadoresų se registraron poco más de 500 casos", lo cual arroja un incremento de 34 por ciento durante el mandato de Ernesto Zedillo en comparación con su antecesor. Empero, la Red precisa que "afortunadamente (en las cifras anteriormente citadas) no se observa el mismo repunte en lo relativo a asesinatos de periodistas, pues durante 1999 sólo se consignó un caso, con lo que suman 22 los informadores muertos en los cinco años de la administración zedillista, mientras que durante el sexenio salinista fueron 41 los periodistas ultimados".