VIERNES 25 DE AGOSTO DE 2000

* Pide que concluya auditoría sobre el Fobaproa y castigar operaciones ilegales

Respetó la SCJN el estado de derecho, afirma el PRI

José Gil Olmos * El Comité Ejecutivo Nacional del PRI consideró como respetuosa del estado de derecho y del equilibrio de poderes la resolución adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedirle al presidente Ernesto Zedillo que entregue a la Cámara de Diputados la información sobre los fideicomisos registrados en Banco Unión durante 1994, cuando realizó su campaña presidencial.

Y en respuesta a esta acción, solicitó a la comisión legislativa que lleva el caso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), abra los expedientes y revele toda la información para castigar a todo aquel, sin distingo alguno, que realizó operaciones ilegales.

Ayer por la noche, después de varias horas de revisar la pertinencia de manifestar su postura sobre la resolución de la SCJN, la dirigencia nacional del PRI emitió un boletín de cinco puntos que se encontraba listo desde el mediodía pero que fue revisado varias ocasiones por la presidenta, Dulce María Sauri Riancho.

Luego de aceptar que no se viola el estado de derecho ni el equilibrio de poderes, señala que con la petición del Poder Judicial para que el Ejecutivo federal entregue la información del fideicomisos registrados en Banco Unión, la Cámara de Diputados contará con todos los elementos necesarios para concluir el proceso de auditoría sobre el manejo del Fobaproa.

"En tal virtud, el PRI solicita respetuosamente a la comisión legislativa correspondiente, se sirva revelar a la opinión pública toda aquella información derivada del análisis de los fideicomisos y demás operaciones bancarias registradas en el Fobaproa, que permita conocer, de manera precisa y transparente, la naturaleza y características de tales operaciones, particularmente de las denominadas reportables", indica el comunicado.

Luego de dar un giro a la postura que había mantenido de no dar a conocer los expedientes del Fobaproa, el partido tricolor manifestó: "El PRI exige que se castigue en forma ejemplar toda operación realizada en forma ilegal y que forme parte del Fobaproa, sin distingo ni discriminación alguna".

Finalmente, manifiesta su rechazo a la postura de que la sociedad mexicana "pague los créditos contratados en forma ilegal y que son parte del Fobaproa". Sostuvo que la recuperación debe ser responsabilidad de las propias instituciones de crédito y la cartera correspondiente debe ser excluida del fondo bancario, ahora IPAB.