VIERNES 25 DE AGOSTO DE 2000
* Instruye a la Secretaría de Hacienda y a la CNBV
Acepta Zedillo entregar datos sobre Banco Unión al Legislativo
* En un boletín, señala que acatará la resolución de la Corte
Mireya Cuéllar, Georgina Saldierna y Rosa E. Vargas * El presidente Ernesto Zedillo ordenó ayer mismo a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores "que procedan a entregar la información fiduciaria requerida", como resultado del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la controversia constitucional que interpuso en su contra la Cámara de Diputados, y que le obliga a proporcionar, en un plazo de 30 días, todo lo relacionado con diversos fideicomisos de Banco Unión.
En un boletín que emitió la oficina de Comunicación Social de la Presidencia, se informa de la resolución de la Corte, así como de la disposición del mandatario a cumplirla. En los cuatro siguientes párrafos se expresa la voluntad del Ejecutivo federal, a lo largo de su mandato, por guardar "invariable respeto por el principio republicano de división y equilibrio entre los poderes de la Unión".
Destaca también que Ernesto Zedillo "ha alentado el fortalecimiento del régimen de división de poderes" y, para ilustrar, el comunicado oficial recuerda que la primera reforma constitucional que promovió el Presidente al inicio de su administración fue, "precisamente, para sentar bases firmes a fin de que el Poder Judicial sea genuinamente independiente y esté mejor capacitado para cumplir sus responsabilidades".
Apunta que esa reforma amplió las atribuciones de la Corte para resolver controversias entre los distintos poderes y órdenes de gobierno, y que a lo largo de esta administración el Presidente "ha puesto especial cuidado en cumplir las decisiones emanadas de los poderes Legislativo y Judicial" y fundadas en la Constitución de la República.
Congruente con lo anterior, concluye la Presidencia, el mandatario ha ordenado se cumpla la resolución del máximo tribunal de justicia del país, "en todos sus términos".
Por la noche, Hacienda emitió un breve acuse de recibo a la disposición del mandatario, para señalar que "atenderá puntualmente las instrucciones que al respecto giró el Presidente de la República".
En Guadalajara, a donde el Ejecutivo viajó para asistir a una reunión con industriales, su vocero Marco Provencio dijo que la resolución de la Suprema Corte "nos tranquiliza", porque lo que nunca estuvo en alegato fue la naturaleza de la información solicitada por la Cámara de Diputados, sino el hecho de que se podían violentar disposiciones legales si se entregaba.
Añadió que desde septiembre de 1999, la Secretaría de Hacienda había advertido que no remitía esa documentación por temor a incurrir en ilegalidades, pero ahora con el fallo del Poder Judicial se procederá a hacerlo. El asunto, apuntó Provencio, "siempre tuvo un fondo estrictamente jurídico".
A su vez, el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, evitó responder si la resolución de la Corte perjudicará aún más a su partido, el PRI. "No quisiera aventurar juicios", y respecto de las presunciones de que podría haber información sobre el desvío de recursos a la campaña del tricolor, dijo que eso es sólo un juicio.
Poco dispuesto a abordar el tema, el responsable de la política interior apuntó que el jefe del Ejecutivo acatará la disposición de los ministros, "y no hay nada más que decir".
La caja de Pandora
Cuando el 8 de junio de 1995 Andrés Manuel López Obrador, entonces ex candidato del PRD a la gubernatura de Tabasco, presentó en conferencia de prensa abrumadoras pruebas sobre los excesivos gastos de campaña ų237 millones de pesos fue el cálculoų de su contrincante del PRI, Roberto Madrazo, en realidad el hoy jefe de Gobierno electo del Distrito Federal abría con ello una auténtica caja de Pandora.
Con los documentos originales que certificaban el dispendio del priísta ųlos cuales se contenían en doce cajas de cartón que, aseguró, le fueron entregadas por un priísta anónimoų, López Obrador presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Madrazo Pintado por la comisión de ilícitos electorales, defraudación fiscal y peculado. El tope oficial para la campaña del PRI en aquella entidad era entonces de 4 millones de pesos.
En el archivo figuraban recibos, facturas, copias de cheques y demás documentos probatorios de gastos para promoción y compra de votos, transporte de personas, pagos a la prensa, realización de encuestas, nóminas de equipos de seguridad, cientos de boletos de avión, "injustificadas e incomprensibles" mensualidades para los funcionarios priístas de Tabasco, pagos a diferentes partidos de oposición y donativos de iglesias evangélicas y católicas, entre otros.
Aparecieron enseguida los nombres de las instituciones bancarias que a través de fideicomisos manejaban esos cuantiosos recursos económicos del PRI: Banca Confía y Banco Unión-Cremi, que transfería los fondos de las empresas Lomas Mil y San Carlos World Trade Center México, en los que Carlos Cabal Peniche tenía la mayoría de acciones.
Pero la vía judicial no prosperó. Meses después vino la discusión en torno al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que nuevamente puso el tema sobre la mesa. Ya para entonces se afirmaba que ese dinero no había quedado sólo en el sureste tabasqueño, sino que se había extendido a la campaña presidencial de Ernesto Zedillo.
Paralelamente, López Obrador y el PRD buscaron caminos políticos para destapar el asunto. Recurrieron al IFE, donde la queja presentada permaneció varios meses en el ámbito de la discusión interna. Luego de medio año de estira y afloja, en mayo de 1999 los consejeros electorales optaron por declarar la queja perredista como "infundada".
Para entonces, el Congreso ya había legalizado el Fobaproa, que venía operando sin su autorización. Los legisladores del PAN encontraron un mecanismo para obligar al PRI, en el futuro, a devolver los recursos que le hubiese dado la banca para sus campañas y que estuvieran en la "panza" del Fondo.
En un transitorio de la ley del IPAB, sustituto del Fobaproa, se estableció que los créditos irregulares serían regresados a los bancos y, en el caso de desviaciones hacía fuerzas políticas, el dinero tendría que reintegrarse al erario.
Precisamente unos días después que el IFE se negara a investigar si efectivamente el PRI había recibido recursos de fideicomisos que fueron alimentados con créditos que estaban en el Fobaproa, desde la cárcel de Melbourne, Australia, a fines de mayo de 1999, Carlos Cabal Peniche confirmó, en carta al Miami Herald, que en 1994 aportó 25 millones de dólares para las campañas electorales del PRI, incluida la de Zedillo.
Dijo que tales aportaciones "son normales en México... todos tenían que hacerlas. Mi participación inicial en las donaciones a la campaña de (Luis Donaldo) Colosio fue promover y facilitar la entrega de 15 millones de dólares al PRI. Zedillo supo de esas donaciones porque era el coordinador de la campaña" del sonorense.
La reacción de la Presidencia de la República, a través de su vocero Fernando Lerdo de Tejada, fue la de rechazar la imputación. Sin embargo, al calor de la disputa interna del PRI por la candidatura presidencial, uno de los protagonistas de la historia y aspirante a la postulación, Roberto Madrazo, ratificó lo dicho por Cabal.
Aunque las presentó como "precisiones", quedó ahí su testimonio: Cabal, el "empresario de moda" durante el salinismo, había entregado 15 millones de dólares al PRI; pero de ellos, 85 por ciento se destinó a la campaña presidencial de 1994, y el resto se le entregó a él cuando fue designado candidato a la gubernatura de Tabasco.
El "banquero exitoso"
Trató Madrazo ųhoy en la búsqueda de dirigir al PRI nacionalų de exculpar a su partido bajo el argumento de que no había motivos para dudar de la honorabilidad de Carlos Cabal, porque "recorría el país acompañado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de gobernadores que lo presentaban como un banquero exitoso".
Como los diputados no supieron a ciencia cierta qué habían legalizado cuando crearon el IPAB, contrataron al auditor canadiense Michael Mackey para que revisara los créditos. Empezó entonces un proceso que no se cerró con los datos crediticios a que tuvo acceso el auditor, porque éste nunca pudo revisar, justamente, los fideicomisos de Banco Unión y donde se presume que el PRI fue beneficiario.
Siguió así un litigio que los diputados entablaron con el Poder Ejecutivo para obtener esa información. Primero la solicitaron informalmente. Como no hubo respuesta, la Cámara decidió el 9 de septiembre del año pasado interponer ante la Suprema Corte una controversia constitucional en contra del presidente Zedillo por negarse a proporcionar los datos.
El secreto bancario fue el escudo que el Ejecutivo usó para negar el acceso a los archivos del banco ųya desaparecido para entoncesų que fue de Cabal Peniche, quien todavía espera en una celda de Australia se resuelva el juicio de extradición promovido por el gobierno mexicano.
Con la decisión de la Corte, el Poder Legislativo estaría a unos pasos de conocer la verdad sobre este controvertido asunto. Se han manejado muchas cifras respecto de las cantidades aportadas por Cabal a la campaña del PRI ųgracias a créditos que otorgó su bancoų, desde los 30 millones de dólares que se presuponen a partir de las cajas presentadas por López Obrador, hasta los 15 que reconoció Madrazo, pasando por el millón de pesos que habría asumido la Presidencia de la República.
Una auditoría interna ųde fecha 13 de diciembre de 1994ų del propio banco reveló que esa institución destinó recursos al PRI a través de operaciones contables fuera de toda "sana práctica bancaria" y por un monto de, al menos, 47 millones 175 mil pesos.
Las aportaciones al PRI, según la misma, fueron realizadas en cinco exhibiciones entre octubre de 1993 y mayo de 1994, cuando el banco todavía era dirigido por Cabal Peniche, y que se dio a la fuga luego de ser acusado de cometer un fraude por 700 millones de dólares. Después vendrían otras imputaciones como las de lavado de dinero.
De este modo, la resolución de la Corte que obliga al Ejecutivo a la apertura de los archivos crediticios de Banco Unión, podría terminar de vaciar la caja de Pandora que en 1995 destapó López Obrador. (Con información del corresponsal Heriberto Frías)