VIERNES 25 DE AGOSTO DE 2000
* Reiterada oposición de Hacienda, CNBV y el tricolor a informar sobre Banco Unión
Termina cadena de negativas oficiales y subterfugios priístas
Ciro Pérez Silva * Antes de interponer ante la Suprema Corte una controversia constitucional en contra del presidente Ernesto Zedillo, por negarse a proporcionar información sobre los fideicomisos del PRI a través de los cuales el ex banquero Carlos Cabal Peniche transfirió recursos a las campañas priístas en 1994, la Cámara de Diputados acudió en queja al Ejecutivo por esta misma razón, sin obtener resultados.
Los legisladores acusaron al secretario de Hacienda, José Angel Gurría, y al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández, por negarse ''en reiteradas ocasiones'' a proporcionar a los auditores del Fobaproa información sobre los fideicomisos.
En el texto enviado al Presidente se advierte que la actitud de Gurría ''confirma la sospecha de que se pretende ocultar los manejos financieros ilícitos y uso de subterfugios a los que recurrió Banco Unión para evadir la exacta aplicación de la ley'', y se considera probable que la actitud del funcionario ''pudiese constituir algún ilícito sancionado por las disposiciones penales''.
Por su parte la bancada priísta, que se opuso al envío del documento por considerar improcedente lo que en él se denunciaba, sostuvo a través de su vocero Carlos Jiménez Macías y del diputado ųy hoy subsecretario de la Secodamų Jorge Estefan Chidiac, que ante el incumplimiento de las expectativas generadas por los partidos de oposición en el sentido de que se destaparía una ''cloaca'' y se descubrirían ''miles de operaciones ilícitas'' en el proceso de rescate bancario, ''tratan ahora de obtener beneficios políticos a través de la dinámica del chantaje y el escándalo''.
Entonces Estefan, responsable priísta del seguimiento de las auditorías, afirmó que no se desprende de las mismas ninguna relación de su partido con Carlos Cabal, ni con aportaciones de ningún tipo que pudieran ser ilegítimas o irregulares, y que la solicitud de la oposición se refiere a información patrimonial, de fideicomisos, de operaciones de depósitos y no de créditos, lo que hace inexactos sus argumentos.
''Seguramente la Presidencia de la República seguirá los criterios señalados por la autoridad hacendaria, en virtud de que se trata de criterios jurídicos, no políticos, por lo que las oposiciones seguramente llegarán hasta la controversia constitucional, la cual seguramente mi partido ganará, porque tenemos todos los argumentos legales'', enfatizó.
La controversia fue presentada días después, el 9 de septiembre de 1999, y en ella se retomó el contenido de la carta dirigida al presidente Zedillo. En la exposición de motivos se menciona que el titular de Hacienda ha argumentado que la entrega de las operaciones de Banco Unión, solicitada por los auditores, violaría el secreto fiduciario, pero los diputados de oposición aseguran que de acuerdo con las bases de coordinación firmadas entre la Cámara de Diputados y el Ejecutivo federal y la propia Ley de Instituciones de Crédito, es aplicable una excepción que prevé la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Enfatizan que en virtud de que Banco Unión es una institución intervenida, todas sus operaciones activas, pasivas y de servicios constituyen o pueden constituir un costo fiscal para el gobierno federal, además de recordar que las instituciones intervenidas pasarán a la titularidad del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, ''siempre y cuando se realicen las auditorías correspondientes'', por lo que todas las operaciones se encuentran sujetas a las auditorías, incluyendo la de los fideicomisos priístas.
''Como la negativa de Hacienda viola las disposiciones de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, hace patente la total ausencia de voluntad por parte de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria para llevar a buen término las auditorías ordenadas por esta legislatura sobre las operaciones del Fobaproa'', sostienen los legisladores.
Insisten en que el secreto fiduciario resulta aplicable únicamente a las instituciones financieras, pero no a la CNBV, y que de lo contrario no hubiera sido posible integrar averiguación previa en contra de Jorge Lankenau, Carlos Cabal Peniche y Angel Isidoro Rodríguez, toda vez que esos documentos contienen documentación proporcionada por la comisión. ''Con base en ello, resulta inexplicable por qué no hubo negativa alguna en su momento ante la PGR, y sí ante los pedimentos realizados por los auditores del Fobaproa'', establecen los diputados.
Advierten que el acto que ha dado lugar a la queja no es de naturaleza mercantil o bancaria, sino estrictamente parlamentaria, y por lo tanto de interés público.