VIERNES 25 DE AGOSTO DE 2000
* Su caso aparece junto con los de militares argentinos acusados de genocidio
Cavallo, incluido en la lista del juez español Garzón
Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 24 de agosto * Baltasar Garzón, el juez de la Audiencia Nacional de España, incluyó en el sumario que contiene la información sobre el caso de los 98 militares argentinos acusados de genocidio el nombre de Miguel Angel Cavallo, contra quien el magistrado dictó una orden de búsqueda y captura en octubre de 1998.
Miguel Angel Cavallo, quien presuntamente se hizo pasar por Ricardo Miguel Cavallo, director general del Registro Nacional de Vehículos de México, está acusado en los tribunales españoles por crímenes de genocidio, terrorismo y tortura. La orden de detención fue girada, al igual que el resto, en noviembre de 1999 a través de la Interpol y distribuida a más de 180 países.
El juez Garzón, bajo el mismo fundamento jurídico que el caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet, ordenó en noviembre del año pasado la detención de 98 militares argentinos responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que rigió en el país sudamericano entre 1976 y 1983.
El sumario que mantiene abierto el juez español en su despacho de Madrid, cuenta con centenares de testimonios y documentación sobre los procesados y las víctimas de sus crímenes.
Entre los múltiples testimonios sobre los represores argentinos, al menos uno señala a Miguel Angel Cavallo. Uno de los testimonios del sumario es una declaración prestada en la embajada de España en Buenos Aires, en la que se apunta que Cavallo, que entonces tenía el cargo de teniente de navío de la Armada, participó en interrogatorios y torturas. La declaración fue hecha por el ciudadano argentino Mario César Villani.
Fuentes oficiales de la Audiencia Nacional informaron que el magistrado Garzón se encuentra de vacaciones, por lo que no pudieron confirmar si desde este instituto se envió información sobre Cavallo.
En todo caso, el proceso está abierto, pues los delitos por los que pretende juzgar Garzón a los imputados no son ni militares ni políticos, por lo que el gobierno mexicano podrá en este caso, y si se confirma la identidad del represor, iniciar una proceso de extradición, como sucediera con el ex dictador Augusto Pinochet.