aún, el artículo 11 de la ley que establece dicho registro ofrece el camino franco para este proceso de ''legalización'' de vehículos robados, al prevenir que:
VIERNES 25 DE AGOSTO DE 2000
* Advirtió a autoridades federales del riesgo de otorgar la concesión a particulares
Desde julio de 99, Del Villar alertó sobre el Renave
* El Estado quedó en situación vulnerable frente al mercado ilícito de vehículos robados, dijo
Elia Baltazar * Desde julio del año pasado, el procurador capitalino, Samuel del Villar, advirtió a las autoridades federales sobre los riesgos que implicaba otorgar la concesión del Registro Nacional de Vehículos (Renave) a particulares, pues al ceder como negocio privado una tarea que corresponde exclusivamente al Estado, éste queda en situación vulnerable frente al mercado ilícito de vehículos robados.
En oficio fechado el 13 de julio de 1999, dirigido al secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco Mendoza, con copia a los titulares de las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República y a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, el procurador capitalino argumenta que el Renave, lejos de su objetivo, resulta una medida contraproducente, pues lo adscribe a una dependencia como la SHCP, que no tiene competencia fiscalizadora, policial, preventiva o investigadora.
Advirtió entonces que el Renave, manejado por el principio fundamental de lucro y fuera de los controles más estrictos del Estado, resultaría un estímulo adicional para el robo y comercio ilícito de vehículos y autopartes, al convertirse en una fuente de documentación y legalización adicional que permitiría su comercialización en todas las instancias del mercado.
Del Villar sustentó sus argumentos a partir de los índices de robo de vehículos y autopartes, y del número de organizaciones criminales que actúan en torno de esta actividad, lo que la convierte en ''la fuente de criminalidad organizada más rica y peligrosa después del narcotráfico''.
Texto íntegro de la carta enviada por el procurador capitalino
C. Dr. Herminio Blanco Mendoza, secretario de Comercio y Fomento Industrial.
Por este conducto me dirijo a usted con la atención debida para manifestarle preocupaciones fundamentales de esta Procuraduría en relación con los términos en que está planteado el Registro Nacional de Vehículos.
El C. Subsecretario de Comercio, Héctor Ramos Tercero, informó en el pleno de la séptima Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada en Jiutepec, Morelos, los días 9 y 10 de los corrientes, que la licitación de la concesión del Registro Nacional de Vehículos está programada para agosto próximo, para lo cual tendría que expedirse previamente el reglamento respectivo de la ley. Mucho agradecería se diese oportunidad a esta Procuraduría de opinar sobre los proyectos que al efecto se hayan formulado.
Consideramos que el Registro Nacional de Vehículos puede ser una medida importante para restablecer controles perdidos del Estado mexicano sobre el parque vehicular en el territorio nacional, a raíz de la desaparición del Registro Federal de Automóviles (con sus tres versiones) y del emplacamiento bianual. Su pérdida ha incidido en el crecimiento del mercado ilícito de vehículos y autopartes y en estimular consecuentemente el robo de vehículos.
Sin embargo, la medida resulta contraproducente cuando dicho registro se adscribe a una dependencia que no tiene competencias fiscalizadoras, como las de la Secretaría de Hacienda en el caso del Registro Federal de Vehículos, ni competencia policial, preventiva o investigadora. Más contraproducente resulta aun cuando el Estado abdica de esta función fundamental y la abandona al mercado, concesionándola como negocio privado, en total estado de vulnerabilidad frente a los niveles de lucro que producen el mercado ilícito de vehículos robados. Bajo estas hipótesis que predominan en el planteamiento actual del Registro Nacional de Vehículos, lo que resulta es un estímulo adicional para su robo y para el comercio ilícito de los mismos y de autopartes.
El robo y el comercio ilícito de vehículos y autopartes constituye la fuente de criminalidad organizada más rica y más peligrosa después del narcotráfico. Su organización y desarrollo dependen fundamentalmente de su capacidad de documentar los vehículos y las autopartes robadas para introducirlos al mercado abierto ''lícito'', mediante el ''injerto'' (utilizar los medios y documentos de identificación de un vehículo siniestrado para ''legalizar'' un vehículo robado), el ''clonamiento'' (la multiplicación falsificada de la documentación auténtica de un vehículo adquirido lícitamente para amparar el número correspondiente de vehículos robados), la compra de autopartes o vehículos como chatarra para utilizar su factura y amparar la venta de autopartes de vehículos robados y ''deshuesados'', y el ''remarcado'' (la alteración de los números originales de identificación de un vehículo robado). Las fuentes actuales de documentación, compañías de seguros, al comercializar vehículos recuperados y salvamentos de vehículos accidentados, así como los registros estatales, ciertamente ofrecen grandes oportunidades para ''lavar'' vehículos robados y para introducirlos en el mercado lícito.
El Registro Nacional de Vehículos privatizado, manejado por el principio fundamental de lucro y necesariamente fuera de los controles más estrictos del Estado, tendería a convertirse en una extraordinaria fuente de documentación (y) ''legalización'' adicional de vehículos robados para su comercialización en todas las instancias que organizan el mercado, agencias, lotes, deshuesaderos, operaciones entre particulares a través de periódicos, exportaciones, etcétera. Más
aún, el artículo 11 de la ley que establece dicho registro ofrece el camino franco para este proceso de ''legalización'' de vehículos robados, al prevenir que:
''La inscripción de un vehículo presume la existencia del mismo y su pertenencia a la persona inscrita en él, como propietario salvo prueba en contrario''.
Por otro lado, mediante atento oficio 300 00.193, del 11 de junio de 1999, suscrito por el C. Subsecretario de Normatividad y Servicios a la Industria y Comercio Exterior, Raúl Ramos Tercero, se invitó a esta Procuraduría a participar en un subcomité que se ''encargará de elaborar una norma de competencia laboral sobre requisitos que deben cumplir las personas dedicadas a la inspección de vehículos automotores con propósitos de identificación de los mismos''.
Esta Procuraduría considera que las atribuciones consecuentes ''de inspección de vehículos automotores con propósitos de identificación de los mismos'' no tiene sustento constitucional ni legal toda vez que violenta lo dispuesto por el artículo 16 constitucional y usurpa atribuciones que corresponden a diversas autoridades locales y federales. Además, su efectividad está estructuralmente neutralizada por el número infinitamente reducido de sus elementos en relación con el parque vehicular en el territorio nacional. Es inconcebible un proceso de inspección mínimamente adecuado sin la participación de las autoridades federales y locales competentes en materia de tránsito vehicular y de prevención y persecución de la delincuencia.
De hecho, la experiencia tan negativa del cuerpo de inspección del antiguo Registro Federal de Automóviles, como un cuerpo policial fragmentado y especializado, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la corrupción inherente al monopolio en un grupo extraordinariamente limitado en relación con el parque vehicular, las funciones de inspección e identificación de vehículos no registrados, fue una de las causas principales que llevó a la desaparición de dicho registro.
Propuestas finales
La Procuraduría General de Justicia del DF considera que para que este registro sirva efectivamente como medio de control que prevenga, inhiba y permita la investigación y persecución del mercado ilícito de vehículos y autopartes, y contribuya al abatimiento de su robo, es necesario que se satisfagan los lineamientos siguientes:
1. Que dicho registro esté adscrito y administrado directamente por una autoridad federal competente, para prevenir el robo de vehículos y auxiliar al Ministerio Público en su investigación y persecución. La Policía Federal Preventiva parece ser la autoridad idónea para organizar y administrar dicho registro, toda vez que integra las competencias en materia de Policía Federal de Caminos y de Policía Fiscal.
2. El Registro Federal de Vehículos debe armonizarse e integrarse con los registros vehiculares estatales que determinan la expedición de las placas y tarjetas de circulación correspondientes.
3. Las funciones de inspección deben estar fundadas en la participación de todas las autoridades estatales y federales competentes para prevenir, investigar y perseguir el robo de vehículos.
4. La inscripción en el registro debe condicionarse a que el vehículo correspondiente no aparezca en el Sistema de Control de Autos Robados (Conauro) de la PGJDF y los registros equivalentes a otras procuradurías.
Adicionalmente, es necesaria una nueva normatividad para cerrar la fuente de ''lavado'' de vehículos robados a través de la documentación expedida por las compañías de seguros y por los vacíos en la identificación de las autopartes por las armadoras automotrices:
1. Se deben cancelar los medios de identificación de vehículos siniestrados con 50 por ciento o más de destrucción, prohibiendo su venta como unidad (ordinariamente para su desmantelamiento) y obligando a que sean compactados.
2. Se debe establecer la obligación de que las compañías armadoras identifiquen las autopartes con los números correspondientes e integrar su inscripción al Registro Nacional de Vehículos.
3. Se deben inscribir en el Registro Nacional de Vehículos las importaciones de autopartes, sean nuevas o que entren en calidad de chatarra.
Sin más por el momento, me es grato reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.
Samuel del Villar Kretchmar