JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2000

* En Chima sólo se cambió un cacique por otro, dice el investigador de la UAEM

Convocar a nuevas elecciones, propone sociólogo

María del Socorro Castañeda, corresponsal, Toluca, Méx., 23 de agosto * El sociólogo Edel Cadena Vargas, catedrático e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, señaló que la relación entre la organización Antorcha Campesina y los gobiernos estatales, "no ha sido desarrollada en la oscuridad", porque se afilió al PRI en forma legal, sin embargo, llegó a convertirse en una "relación perversa", porque los caciques afiliados a la organización han superado al partido que los creó y al sistema mismo, volviéndose incontrolables.

Recordó que Antorcha Campesina tuvo sus antecedentes en el Frente Nacional Organización Bolchevique, surgido en los años 70, en la Universidad de Chapingo, y paulatinamente fue evolucionando para adoptar tendencias rurales y convertirse en un movimiento dedicado a "detectar y eliminar líderes campesinos" y trasladó su sede a Puebla, donde surgió como Antorcha Campesina y comenzó a expandirse a los estados vecinos, entre ellos, la entidad mexiquense.

Justamente en el Estado de México, explicó, Antorcha Campesina, con sus dos movimientos alternos, Antorcha Popular y Antorcha Juvenil, comenzó a trabajar a mediados de los años 80, actuando en zonas de invasión de tierras, cuyos habitantes eran proclives a ligarse a líderes corruptos que les ofrecían servicios a cambio de votos.

De esta forma los antorchistas se ligaron con el sector popular del Partido Revolucionario Institucional y mantuvieron una estrecha relación con los gobiernos estatales, ofreciendo votos a cambio de impunidad en los asentamientos irregulares.

Aunque es difícil conocer el tipo de negociaciones que los líderes antorchistas y de otras organizaciones, como la Organización de Pueblos y Colonias mantenían con el partido y con el gobierno, "es evidente que hubo fuertes vínculos con gobernadores como Ignacio Pichardo Pagaza, Emilio Chuayffet Chemor, César Camacho", señaló.

Dijo Cadena Vargas que ninguno de los gobernantes pudo romper la relación con una organización que legalmente pertenece al PRI, de la misma forma que están afiliadas la CROC, la CROM y otras organizaciones. Además, el poder de Guadalupe Buendía Torres, La Loba, se ha extendido a través de los 20 años en los que ésta ha sido cacique local en Chimalhuacán, durante los cuales ha tenido nexos con los gobiernos estatales y ha prevalecido su dominio en el municipio.

El problema de fondo es que a través del tiempo, los caciques como La Loba han adquirido más fuerza, aún por encima del Estado, y justamente esa fuerza se ha vuelto incontrolable.

Señalar a un ex gobernador mexiquense como responsable del crecimiento de los caciques, apunto, sería un error. Sin embargo, dijo, las declaraciones de Arturo Montiel Rojas en el sentido de que "podría haber alguien más" detrás de La Loba, son una muestra clara de que busca un chivo expiatorio, que advirtió, bien podría ser Ignacio Pichardo Pagaza o el secretario de Gobierno durante su administración, Humberto Lira Mora, sobre todo si se considera que pertenecen a grupos políticos que no son afines al actual mandatario estatal.

Agregó que el caso de César Camacho Quiroz, ex gobernador a cuyo cargo corrió excarcelar a La Loba, se reduce a un "pago de facturas políticas" ejercido en su momento por Camacho, quien, de cualquier forma, "no habría podido actuar sin la anuencia de Emilio Chuayffet, entonces secretario de Gobernación".

El investigador señaló que lo ocurrido en Chimalhuacán debe ser asimilado socialmente como un hecho en el que participaron priístas, situación que en nada debe afectar el desarrollo de la sociedad mexiquense. En cambio, dijo, al PRI le corresponde hacer un análisis sobre la forma en que desarrolla sus estrategias de obtención de votos para dejar a un lado el trueque de impunidad por sufragios, forma en que ha logrado mantener a los caciques.

Explicó que un eventual encarcelamiento de La Loba no terminará con el problema de fondo, porque eliminar a una representante de la impunidad no será suficiente y advirtió que la única forma en que podrá prevalecer el estado de derecho en Chimalhuacán será eliminar los poderes municipales mientras se soluciona la situación y convocar a nuevas elecciones, pues por el momento es un líder de Antorcha Campesina el que ostenta el poder en el municipio, lo cual no resulta conveniente, pues se trata de cambiar a un cacique por otro.