JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2000

* Su palabra, única prueba del acuerdo restrictivo


En discusión, la credibilidad de Blanco en el panel de fructosa

* No hay evidencia jurídica de un convenio proteccionista

Mayela Delgadillo Bárcena * La controversia ocasionada por el supuesto dumping de la fructosa estadunidense puso a discusión la credibilidad de los secretarios de Estado.

Una declaración del titular de la Secofi, Herminio Blanco, es la única prueba de la existencia de un convenio de restricción de uso de la fructosa celebrado entre la Cámara Nacional de las Industrias del Azúcar y Alcoholera (CNIAA) y las refresqueras del país, lo que sería violatorio de las reglas del TLC.

La Unidad de Prácticas Comerciales Industriales (UPCI), de la Secofi, representada en el panel de controversia del TLC sobre la fructosa por Armando Ortega, aseguró que no hay evidencia jurídica de la existencia de dicho acuerdo, pese a que Herminio Blanco afirmó lo contrario en septiembre del año pasado ante el pleno del Senado de la República.

Howar Fenton, uno de los representantes de la parte estadunidense que integra el panel, señaló que es común que funcionarios mexicanos realicen declaraciones para ''calmar a un sector, y esto sólo obedece a razones políticas... y no siempre el razonamiento propio necesariamente es razón de Estado'', por lo que el testimonio no es suficiente prueba de que sea verdad.

La credibilidad que se le otorgue al funcionario toma relevancia en este juicio, ya que en el supuesto de que hubiera existido una restricción al uso y compra de fructosa estadunidense, demostraría que México llevó a cabo un estudio previo mediante el cual tendría forzosamente que estar enterado de la producción de fructosa en el país.

Esto implicaría que la imposición de cuotas compensatorias desde 1998 al endulzante estadunidense, por parte de la Secofi habría sido un acto consciente de protección (al azúcar) y violatorio del libre mercado.

Contrario a la lógica, son los propios mexicanos los más empeñados en descalificar a Blanco, y evitar que el panel de controversia dictamine en contra por prácticas proteccionistas.

Por lo pronto, y para defender la demanda de la CNIAA, la UPCI argumentó en la audiencia pública llevada a cabo por segundo día consecutivo y último en el Colegio de México, que las empresas demandantes agrupadas en la Corn Refiners Asociation (CRA) que afirman la existencia del acuerdo, ''deben probar físicamente su existencia'' y que esto debían haberlo hecho en tiempo y forma, y no hasta ahora.

Fundamentos sobre un fantasma

Julio Escandón Palomino, asesor de la Cámara, rechazó que a las empresas productoras de fructosa no se les haya permitido utilizar las declaraciones del secretario como pruebas de la existencia de violaciones al Tratado de Libre Comercio y, por lo tanto, que no están justificadas las cuotas compensatorias que a la fecha impone la Secofi, las cuales van de 40 y 120 por ciento.

''En el derecho procesal mexicano se actúa con respecto a las pruebas y ellos están fundamentando sus pruebas sobre un fantasma, ya que no existen pruebas del convenio'', añadió Ortega, representante de la autoridad.

En tono molesto, expresó que está en desacuerdo en que se cuestione ''la honorabilidad'' de la autoridad investigadora mexicana, asegurando que existe el acuerdo, y que durante el último día de la audiencia pública de la Sección Mexicana del Secretariado de los Tratados de Libre Comercio, con número de caso MEX-USA-98-1904-01, ese se había convertido en una reclamación de puntos que basados en violencias procesales se tornaron en alegatos de mi versión en contra de la tuya.

La última audiencia pública para que el panel --integrado por tres especialistas que defienden la causa de Estados Unidos, y el mismo número por parte de México-- termine de recabar argumentos que no fueron tomados en cuenta en la controversia que se está dirimiendo al seno de la OMC, tiene como fecha tentativa el 22 de septiembre de este año. Sin embargo, existe coincidencia entre la parte nacional y la extranjera de que es probable que el dictamen se obtenga hasta finales del año o en el 2001.