JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2000
* Adolfo Sánchez Rebolledo *
Estado laico y gobernabilidad
El gobierno de Vicente Fox Quesada se moverá entre varias tensiones provenientes de la sociedad operando en sentidos opuestos: en primer término tendrá que construir un piso común de acuerdos básicos en el que se ubiquen las fuerzas políticas y los demás poderes reales, sin reducir las potencialidades del pluralismo a una colección nominal de las disidencias individuales. Al mismo tiempo, deberá trabajar por lograr esos acuerdos, garantizando a la sociedad civil, que está cruzada por la desigualdad y la diferencia, el respeto democrático a las distintas visiones de ver, vivir y pensar el presente y el futuro, por incómodas que éstas resulten a la hora de buscar ciertos consensos.
Aunque nada debe ahorrarnos el debate de ideas, que surge directamente de la diversidad mexicana y no solamente por el desencuentro entre los sujetos sociales, que también existe, es preciso evitar que dicha discusión ponga en riesgo los compromisos, deshaciendo con una mano los acuerdos que penosamente se tejan con la otra, pero eso dependerá también de la manera como el Ejecutivo asuma sus propias responsabilidades al visualizar las reformas pendientes.
Tales discusiones constituyen el ángulo visible de una cuestión planteada hace años por la agotadora crisis del PRI: saber quién y con qué argumentos intentará llenar el vacío dejado por la ideología surgida de la Revolución Mexicana, si es que alguien todavía lo considera deseable. Más allá de las cuestiones prácticas de la economía y la política están los temas inasibles de la ideología y la ética.
A fin de cuentas, lo que está dirimiéndose es si se reconoce y cómo a la diversidad, por encima de cualquier pretensión de imponer desde el poder una hegemonía ideológica, espiritual o cultural que remplace al ideario dominante durante décadas. No sorprende, por eso mismo, que los temas capitales puestos en la arena tras la victoria de Fox sean, justamente, algunos pertenecientes al campo de la moral pública, cuyo tratamiento resulta imposible sin hacer explícitas las diferencias que separan a las distintas "concepciones del mundo".
El futuro de la transición depende mucho más de lo que hoy se admite de la naturaleza de las ideas éticas que se establezcan como principios y valores que de algunas variables de la economía cuya presencia es un dato objetivo hasta cierto punto inmodificable.
El cambio de gobierno puede servir para iniciar la remodelación del Estado bajo los principios democráticos o, por el contrario, puede ser la ocasión para imponer desde el poder una moralidad confesional bajo una fachada de modernidad con apariencia democrática. Este es el asunto medular que está en juego.
Desde una perspectiva de progreso se trata de darle mayor amplitud y profundidad al Estado laico cuya liquidación exigen, desde posiciones francamente integristas o renovadoras, numerosos representantes del clero en México. La separación Estado-Iglesias, que era y es la condición para el laicismo, no significaría nada si no estuviera acompañada de otras disposiciones que refuerzan el derecho de todos por igual a creer y expresar libremente sus ideas religiosas o para sostener una moral distinta de la moral religiosa.
La única vía para evitar que los conflictos por motivos éticos o religiosos se conviertan en un factor de inestabilidad consiste en encauzarlos sin contaminar con ellos al edificio del Estado.
Por eso, en la construcción de una gobernabilidad democrática es urgente crear una primera barrera de contención asegurando al laicismo su fortaleza y una larga vida. Ese es el camino para evitar que se rediten viejas disputas con ánimos restauradores.