JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2000

* El agrio debate dividió al Consejo General

Decide el IFE no investigar el financiamiento al tricolor en NL

* Al final, el voto de José Woldenberg marcó la diferencia

Mireya Cuéllar * En medio de un agrio debate, donde un grupo de consejeros acusó a la mayoría de abdicar a las funciones fiscalizadoras del IFE y de dejar pasar la oportunidad ''de combatir la impunidad y la corrupción en el sistema de partidos'', el Consejo General del Instituto Federal Electoral decidió ayer que no investigará al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la presunta recepción de recursos del gobierno del estado de Nuevo León en 1997, durante la administración de Benjamín Clariond.

La decisión, que prácticamente dividió al consejo, fue adoptada con el voto ųque resultó definitivoų del consejero presidente, José Woldenberg, quien se sumó a la interpretación jurídica que ya hacían cuatro consejeros electorales sobre el tema y que terminó imponiéndose por cinco votos contra cuatro: si el IFE investigara también el caso de la presunta desviación de recursos públicos hacia el PRI estaría colocándose en el supuesto jurídico de una ''identidad de causa'', y el artículo 23 constitucional establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, además de las diversas tesis de jurisprudencia sobre la ''indivisibilidad de la competencia''.

Y aquí ya la autoridad electoral de Nuevo León conoció del caso y emitió un fallo, que fue impugnado ante el tribunal local y que por la vía de los recursos de inconformidad está actualmente en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, ya hay otra serie de autoridades, también electorales, que conocieron del asunto y estaría el tribunal federal por emitir un fallo definitivo.

Debaten consejeros

Esa fue la posición que defendieron Mauricio Merino, Jacqueline Peschard, Emilio Zebadúa y José Barragán, a la que se sumó José Woldenberg.

Enfrente, en el debate, estuvieron Juan Molinar, Alonso Lujambio, Jesús Cantú y Jaime Cárdenas. Estos consejeros defendieron la tesis de que de ninguna manera, si el IFE decidía declarar procedente la solicitud de la Alianza por el Cambio (PAN-PVEM) e investigar al PRI se colocaría ante una ''identidad de litigio o de causa'' porque las pretensiones de quien presentó el recurso, las razones legales en que se funda, la legislación que se invoca ųen este caso el Cofipeų y la autoridad ante la que se recurre no tienen los mismos ámbitos de validez.

Jaime Cárdenas explicó que no había tal ''identidad de causas'' porque ųsegún la doctrina mexicana y el derecho positivoų se requieren al menos los siguientes elementos para que se dé el supuesto: que sean los mismos litigantes, en este caso lo son; idénticas sus pretensiones, ''y hasta donde tengo noticia, no fueron las mismas. Aquí se pidió la cancelación del registro de un partido; las pretensiones, por lo tanto en Nuevo León, fueron de otro orden, para sancionar al partido con multa pecuniaria''.

Las acusaciones de Juan Molinar en el sentido de que el IFE abdicaría de sus facultades fiscalizadoras y estaría dejando pasar la oportunidad de combatir la impunidad si decidía no investigar el caso de Nuevo León, y los indicios de que algunos recursos públicos fueron a dar al PRI ų13 millones 317 mil 500 pesos, según las investigaciones de la Comisión de Fiscalización del IFE, que preside Alonso Lujambioų, provocaron una airada reacción de Emilio Zebadúa y Jacqueline Peschard, quienes expresaron que sólo estaban defendiendo principios jurídicos.

El debate subió de tono. Germán Martínez, el representante de la Alianza por el Cambio, también lanzó acusaciones en el sentido de que el Instituto Federal Electoral estaba claudicando, renunciando a su carácter independiente, enviando un mal mensaje. Afirmaciones todas que hicieron en distintos momentos los mismos consejeros. ''Les estamos diciendo a los partidos políticos: ustedes pueden violar sistemáticamente el Cofipe y no pasa nada'', había dicho Alonso Lujambio.

José Woldenberg los llamó a ''desdramatizar'' el debate. Y les recordó que, en todo caso, seguramente pronto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitirá un fallo sobre el asunto. Es decir, podría ratificar la multa que el órgano electoral de Nuevo León le impuso al PRI o descartarla. Tendrá la última palabra al determinar si la actuación del tricolor es sancionable o no, si es que se dio.

A ello, Germán Martínez reviró que el IFE estaba entonces asumiendo la posición de Poncio Pilatos: ''Lavarse las manos'' en este asunto. Y cuando el PRI, en voz de su representante Morelos Canseco, pretendió reducir el asunto al contexto electoral en que se presentó la queja, el diputado panista también se refirió al contexto del tema: ''La queja se presentó porque el ex presidente del Revolucionario Institucional de Nuevo León confesó que recibía recursos del gobierno del PRI en Nuevo León. En castellano liso y llano: aceptó que se robaban el dinero del pueblo''.

Quien argumentó en forma más vehemente a favor de que el IFE investigara ųla Comisión de Fiscalización de hecho ya lo hizo, y por ello quería un grupo de consejeros que se le impusiera al PRI una multa de 40 millones de pesos, antes de discutir si la queja era procedenteų fue Juan Molinar. Insistió que ''la litis'' del asunto investigado por la autoridad local era diferente a la que se seguiría en el Instituto Federal Electoral, y ''a ese señalamiento nadie me ha contestado... siguen diciendo que como son cosas muy parecidas pues es lo mismo, y no responden a éste que es un hecho jurídico''.

Ningún grupo pudo convencer al otro de sus argumentos. Y por ello, al final, la votación se dio como se preveía: dividida. José Woldenberg llamó a todos a no hacer lecturas ''ni finalistas ni catastrofistas'' de la votación, sobre todo en el entendido de que las decisiones del consejo están sometidas a un control de legalidad de parte del Tribunal Electoral. ''En ese sentido es absolutamente inaceptable señalar que una votación, en determinado sentido, fomenta la impunidad o la corrupción''.

Al final de la controvertida discusión quedó en el aire la pregunta de por qué los consejeros no discutieron primero la procedencia o improcedencia de la denuncia, antes de ir a la investigación de fondo que hizo la Comisión de Fiscalización.

Woldenberg fue quien reparó en el hecho y precisó que no se estaba exonerando al PRI, sino decretándose la improcedencia de la queja ante una instancia administrativa como es el IFE, porque ya otra autoridad llevaba el caso.

La queja fue presentada ante el Instituto Federal Electoral desde el pasado 29 de marzo, pero como no se quiso discutir en pleno proceso electoral para no generar un huracán, se resolvió apenas ayer.