JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2000
* Hoy el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
En un mes el Ejecutivo debe entregar datos de Banco Unión
* Resuelve el pleno de magistrados el amparo interpuesto por diputados contra Zedillo
Jesús Aranda * La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenará hoy al Presidente de la República que entregue en un plazo máximo de 30 días, a la Cámara de Diputados, la lista de los fideicomisos de Banco Unión ųhasta junio de 1998ų, a efecto de que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario concluya las auditorías pendientes del Fobaproa.
El caso "más importante"
Al resolver hoy el amparo vía controversia constitucional interpuesto por la Cámara de Diputados en contra del Ejecutivo federal, quien se negó desde mediados de 1998 a entregarle a los legisladores la información completa sobre el Fobaproa, el pleno de ministros dará la razón a la Cámara de Diputados en este asunto, que ha sido calificado por ellos mismos como "el más importante" que ha resuelto el máximo tribunal en la época moderna.
De acuerdo con información obtenida en la Corte, el fallo de los ministros será unánime y se tiene prevista la aprobación de al menos diez tesis de jurisprudencia, en las que se precisará la obligación del Ejecutivo federal de entregarle a la Cámara de Diputados toda la información que le sea requerida sobre deuda pública.
A pesar de que en el proyecto que presentará este jueves al pleno la ministro ponente Olga Sánchez Cordero se establece que el Presidente "no tenía la obligación" de entregar la información requerida por los legisladores, el documento que será aprobado en la sesión pública precisa que el Ejecutivo no actuó de manera ilegal al fundamentar su negativa en leyes secundarias ųcomo son las de Protección al Ahorro Bancario y del Secreto Bancarioų, ya que no había una interpretación constitucional del problema.
Pero una vez que la Corte determine hoy que ambas legislaciones no pueden ir en contra del artículo 73 constitucional, fracción 30, que sí obliga al Ejecutivo a informar a la Cámara de Diputados, entonces el Presidente tendrá la obligación de instruir a la Secretaría de Hacienda, para que ésta a su vez ordene a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que le dé a los legisladores la información requerida sobre los fideicomisos de Banco Unión, entre los cuales se presume están los que fueron creados para financiar la campaña presidencial del PRI en 1994.
Es decir, con este razonamiento de los ministros, el Presidente no será objeto de sanción alguna, ya que no había un criterio jurídico al respecto.
Por otra parte, los ministros no abordaron en la discusión el tema del secreto bancario, debido a que "desde un principio" establecieron que el problema planteado por la Cámara de Diputados ante la Corte, el 9 de septiembre de 1999, era en cuanto a la obligación constitucional del Presidente de informar a los legisladores. Con este argumento, los ministros desecharon los alegatos presentados por el Ejecutivo, el cual basó su negativa a entregar la información en que de esta manera se violaría el secreto bancario.
En la sesión privada que realizaron ayer los ministros, previa a la sesión pública de hoy en la que aprobarán el proyecto de dictamen que presentará Sánchez Cordero, se discutió una de las últimas preocupaciones que tenían: tratar de asegurar que los fideicomisos de particulares queden a salvo de miradas indiscretas.
Con este propósito, los ministros acordaron poner un candado a los legisladores, al exhortarlos a que este tipo de fideicomisos sean tratados de manera interna, cuando se analice si existen irregularidades en los mismos.
De acuerdo con la visión que los ministros han expresado en los plenos privados, así como en los trabajos que de manera individual presentaron al pleno, y que finalmente fueron integrados al proyecto de dictamen final, la Corte no tiene intención de favorecer a ninguna de las dos partes en la controversia, sino establecer la supremacía constitucional sobre las leyes secundarias.
Con esta decisión, la Cámara de Diputados estará en condiciones de terminar las auditorías al Fobaproa que dejó inconclusas el contador Michael Mackey, debido a que el Ejecutivo federal se negó a entregarle toda la información de los fideicomisos del Banco Unión.
Este dictamen, que será histórico, se remonta a la demanda vía controversia constitucional que interpuso la Cámara de Diputados (léase los legisladores de oposición), cuando el panista Carlos Medina Plascencia era presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
La demanda es contra el Presidente de la República, Gobernación, Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto con el fin de no dejar ningún resquicio legal que diera lugar a un eventual incumplimiento de la sentencia de la Corte.
Este problema se inició cuando los legisladores se inconformaron por la resolución administrativa del 23 de julio de 1999, en la que el Ejecutivo federal ųpor conducto del secretario de Gobernaciónų reiteró la negativa de entregar al contador Mackey la información sobre las operaciones fiduciarias realizadas por Banco Unión con motivo de las auditorías realizadas al Fobaproa. Hubo negativas semejantes de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aduciendo que de entregar la información, se violaría el secreto bancario.
En su favor, los diputados argumentaron que de acuerdo con los artículos quinto y séptimo de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el Ejecutivo está obligado a proporcionar la información necesaria a los auditores designados para ello. Agregaron que los bancos están obligados a remitir los datos solicitados por los auditores nombrados por la Cámara de Diputados, "respecto de aquellas instituciones de banca múltiple que se encuentren intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", como es el caso de Banco Unión, o "que hubiesen participado de los programas de saneamiento financiero mediante la compra de cartera vencida".
En el escrito se solicitó que la Corte ordenara al interventor del Banco Unión ųque fuera propiedad de Carlos Cabal, preso en Australia en espera de ser extraditado a México para que responda por presuntos delitos de cuello blancoų, para que remitiera la información a la Cámara de Diputados sobre el listado de fideicomisos a cargo de dicha institución de crédito, relacionando objetivo, fideicomitente, fideicomisarios, importes y, en su caso, fechas de vencimiento al 30 de junio de 1998, " a fin de que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario proceda conforme a lo dispuesto en los artículos transitorios quinto y séptimo de la Ley de Protección al Ahorro Bancario".
Con estos argumentos, los diputados consideraron que, de acuerdo con la ley, el Ejecutivo federal está obligado a "entregar la información y documentación requeridas, o realizar las diligencias necesarias para su obtención".
Pero los ministros llegaron a la conclusión que no era un problema de conflicto entre leyes secundarias o la aplicación de las mismas, sino de un problema de constitucionalidad, en el que la Carta Magna predomina sobre cualquier ley secundaria.
Es decir, el pleno de ministros consideró que cuando el Ejecutivo federal se negó a entregar la información requerida, se restringieron y limitaron las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados.
Por otra parte, trascendió la satisfacción de los ministros por el fallo que emitirán este mediodía en la sede de la Corte, dado que lograron unificar criterios, a pesar de lo complicado del tema.
Incluso en los encuentros privados se ha dicho que, a diferencia del controvertido fallo que declaró constitucional el anatocismo, con votos de minoría que se opusieron al dictamen final, en esta ocasión hubo una activa participación de la mayoría de los ministros, la cual se reflejó en que al menos ocho de ellos distribuyeron sus puntos de vista sobre los temas torales.
La ministro ponente Olga Sánchez Cordero tuvo incluso que reelaborar su primer proyecto de resolución, toda vez que sus compañeros consideraron que el tema era más constitucional que legal.
Así las cosas, desde finales de abril Sánchez Cordero entregó a sus compañeros su segundo proyecto, el cual todavía se discutió ayer para afinar algunos detalles.
En otro orden, los ministros consideran que el dictamen de este día sentará un precedente en el equilibrio de poderes en nuestro país, ya que por primera vez en la historia moderna un problema entre el Ejecutivo y Legislativo es resuelto por métodos jurídicos por el Poder Judicial de la Federación.
Para los ministros consultados, con la decisión que adoptarán este jueves el Poder Judicial Federal "alza la mano" y dice "aquí estoy", en este momento de transición política y democrática del país, además que demostrará con su resolución que es un factor de equilibrio que debe tomarse en cuenta por los otros poderes de la Unión.