MIERCOLES 22 DE AGOSTO DE 2000
Ť Emilio Pradilla Cobos Ť
Presupuesto 2001 para el DF
El equipo del presidente electo y el grupo parlamentario del PAN elaboran ya el presupuesto federal para el año 2001. Dada la experiencia negativa que tuvieron el gobierno y los habitantes del Distrito Federal los dos años últimos, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo y la alianza PAN-PRI en la Cámara de Diputados castigaron duramente a la capital del país en materia de transferencias federales, es urgente que los capitalinos y los gobiernos saliente y entrante del Distrito Federal hagamos un frente común, independientemente de nuestras simpatías partidistas, para demandar lo que en justicia le corresponde a la ciudad en el presupuesto federal.
La ciudad de México, como capital del país y asiento de sus poderes federales, localizados mayoritariamente en la delegación Cuauhtémoc, tiene un costo adicional para atender esta circunstancia y, además, ve reducidos sus ingresos por la exención del impuesto predial y otras contribuciones de que gozan las dependencias federales, o por la reticencia de ellas a pagar los servicios que les da la ciudad, como el agua potable.
El DF, la mayor concentración económica del país, aporta ingresos a la Federación muy superiores a lo que recibe como transferencias de ella, y es la entidad que más depende relativamente de sus ingresos propios; tiene sobre sus espaldas el compromiso de recuperar y preservar el Centro Histórico, el más importante patrimonio cultural de la nación y la humanidad existente en México, gravemente deteriorado por décadas de abandono y muy afectado por las secuelas del terremoto de 1985.
El DF, sobre todo sus delegaciones centrales, reciben cada día entre 4 y 7 millones de personas, en su mayoría provenientes de los municipios conurbados del estado de México y otras localidades de la región centro, que trabajan, compran, se educan, atienden médicamente o recrean aquí, para lo cual consumen infraestructura y servicios ofrecidos por la ciudad, en gran parte gratuitos --drenaje y recolección de basura-- o subsidiados --agua potable y transporte público--, sin que esta población flotante pague impuestos locales o los gobiernos de sus lugares de residencia cubran estos sobrecostos. Esta masa itinerante incluye a miles de comerciantes callejeros y delincuentes organizados o incidentales, cuya atención cuesta al GDF cerca de una cuarta parte de su presupuesto. El gobierno capitalino heredó una gran deuda, cuyo servicio tiene un alto costo, contraída por el gobierno federal y sus regentes capitalinos, usada para realizar obras de interés metropolitano y regional, y que no ha querido asumir; también tiene la carga de obras tan costosas como la ampliación del drenaje profundo y líneas del Metro en territorio del estado de México, indispensables para garantizar un aceptable funcionamiento urbano.
La ciudad de México tiene ante sí la tarea de resolver los enormes rezagos y contradicciones estructurales heredados de varias décadas de políticas federales equivocadas, y de los impactos perniciosos del neoliberalismo salvaje de los últimos 20 años, cuyo costo supera muchas veces su capacidad financiera. Entre ellas sobresalen el desequilibrio hidráulico y ambiental, la pérdida de dinamismo económico, la informalización de su economía y la presencia de una gran masa de pobres o miserables que exigen atención urgente, asumida por el gobierno saliente y el entrante, para lo que se requieren enormes recursos que no pueden ser obtenidos sólo con la austeridad republicana.
Estos son los costos de ser la capital del país, parte y núcleo de una de las metrópolis más grandes del mundo y la mayor de México, producto de un patrón concentrador de acumulación de capital y de un régimen político profundamente centralista. Por ello, la responsabilidad de mantener la viabilidad de la capital y el área metropolitana y de revertir esta política que amenaza su sustentabilidad ambiental y socioeconómica, corresponde en parte a todos los mexicanos, con base en una concertación democrática entre los poderes ejecutivo y legislativo del DF y los de la Federación, por encima de las diferencias políticas e ideológicas de quienes los detenten por decisión de los electores; la elaboración y aprobación del presupuesto federal para el 2001 será una prueba de la voluntad de cambio del presidente electo y su partido, de su decisión de construir una nueva legalidad y corresponsabilidad democráticas y republicanas para el futuro.