MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2000

Ť Pretexto para justificar su privatización, arguyen

Abandono deliberado de CFE y LFC, señalan Velasco y el SME

Ť Proponen frente opositor a las modificaciones constitucionales

Fabiola Martínez y Juan Antonio Zúñiga Ť La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC) continúan inmersas en un "abandono deliberado" por parte del gobierno federal para justificar la privatización de estos organismos, advirtieron Carlos Velasco, presidente de la comisión que investiga la situación de ambas paraestatales en la Cámara de Diputados, y Rosendo Flores Flores, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

En una reunión convocada por el diputado Velasco y encabezada en esta ocasión por Cuauhtémoc Cárdenas, se presentaron diversas propuestas de restructuración del sector eléctrico y se destacó la urgente necesidad de "avanzar en consensos y fortalecer el frente opositor" a cualquier intento del presente o el próximo gobierno para modificar los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales que posibilitarían la apertura del sector a la iniciativa privada, más allá de los términos reglamentados en 1992.

Flores Flores sostuvo que no hay necesidad de vender el sector eléctrico y que los problemas actuales de LFC obedecen a un "abandono deliberado y a un estrangulamiento" del organismo derivado de un manejo discrecional del subsidio, un esquema de tarifas altamente deficitario y una descapitalización sin precedente.

"Para el gobierno somos los trabajadores el motivo de esta situación y no aprecian otra alternativa más que la venta de LFC a inversionistas extranjeros, como si los mexicanos no tuviéramos capacidad para administrarla y optar libremente por el modelo de desarrollo que mejor nos convenga", expresó.

Velasco advirtió que en los últimos cinco años, la CFE ha sufrido un saqueo que se traduce en déficit en la capacidad instalada y la falta de licitación de 11 proyectos de generación.

Se trata, agregó, de un "deterioro inducido" del sector eléctrico nacional que para el caso particular de LFC representa un aumento significativo del subsidio -de 2 mil millones a más de 11 mil millones de pesos-, pérdidas equivalentes a 23 por ciento de la energía que comercializa, de la que 11 por ciento es consecuencia del consumo ilícito, aunque hasta ahora "nada se ha hecho para corregir este tipo de anomalías".

El legislador señaló que el sector eléctrico requiere de una inversión para el periodo 2000-2005 de aproximadamente 180 mil millones de pesos, particularmente para fortalecer las áreas de distribución, transmisión y mantenimiento, monto que podría cubrirse casi en su totalidad con el presupuesto destinado y mediante programas y reformas alternas que eviten la privatización.

"Hay cosas (de la iniciativa presidencial del presidente Zedillo, presentada en febrero del año pasado) que sí son válidas, pero no se justifica de ninguna manera que se actúe con autoritarismo, sin tomar en cuenta a la opinión de los sectores involucrados, y que se insista en avanzar a través de albazos políticos", dijo.

En su turno, el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas refrendó su voluntad de apoyar cualquier movimiento e iniciativa que defienda la soberanía y el carácter estratégico que tiene esta industria para el desarrollo del país.

Sin embargo, refirió, la modernización de las empresas del sector eléctrico deben resultar, necesariamente, en la defensa del interés de los consumidores, es decir, que la restructuración eleve la calidad de vida de la población y el desarrollo independiente de México.

Para el senador perredista Jorge Calderón, la modernización de la industria eléctrica puede sustentarse en una reforma fiscal y, sobre todo, en dotar de autonomía a las empresas del sector.

"Es falso el argumento de que la única medida posible sea la privatización, esto se puede evitar con las medidas descritas y una adecuada participación de la iniciativa privada, la cual no se traduce en una reforma al marco constitucional vigente", señaló.

En la propuesta alternativa de restructuración del sector eléctrico, impulsada por la Alianza por México y en la que insistirán los partidos políticos involucrados (PRD, PT, Partido Acción Social y Convergencia por la Democracia) en la próxima Legislatura, se admite que exi

Ante esta perspectiva, agregan los partidos mencionados, es claro que se requieren cambios de fondo en la normatividad de la empresa pública, en la participación de la fuerza laboral, en los procesos productivos y aspectos de gestión de las empresas suministradoras de energía eléctrica, "pero no es conveniente que los gobiernos no caigan en la tentación de privatizar por privatizar, en especial cuando se trata de empresas estratégicas.

"Sería un error político mutilar nuevamente la Constitución por caprichos coyunturales o compromisos internacionales, pues si el problema es la descapitalización de la industria eléctrica, no puede ser peor el remedio que la enfermedad. En todo caso, procede un pacto nacional entre las empresas eléctricas y sus respectivos sindicatos que garanticen su restructuración".