MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2000
Ť Diputados de la 58 Legislatura emulan a predecesores
Con su mayoría relativa, el PRI quiere seguir ganando comisiones
Ť Hace tres años, el tricolor perdió su preeminencia legislativa
Ciro Pérez Silva Ť A tres años del primer Congreso en el que el PRI perdió la mayoría absoluta, los diputados priístas a la 58 Legislatura mantienen igual intención de "hacer valer" una mayoría relativa para la asignación de comisiones y órganos de gobierno, aunque nuevamente la oposición en su conjunto vuelva a superarlos en número.
Esta situación provocó entonces un "tufillo golpista" que estuvo a punto de colocar al país ante una crisis institucional.
En 1997, un mes antes de que los diputados a la 57 Legislatura llevaran a cabo su primera sesión ordinaria, el formato para el tercer informe presidencial desató el inicio de una serie de interpretaciones a la Constitución que precipitaron a priístas y opositores en una lucha por legitimar cada uno de sus actos.
Por una parte, los legisladores de oposición propusieron que el Presidente de la República estuviera presente en el recinto mientras cada partido daba lectura a su postura política, a efecto de que tanto los representantes del Poder Legislativo como el Ejecutivo pudieran "escucharse".
La sola mención de un cambio en el protocolo alarmó a los del tricolor. Su entonces coordinador, Arturo Núñez Jiménez, respondió que no aceptaría cambio alguno al formato y que éste se apegaría "estrictamente" a lo que marca la ley, es decir, que los coordinadores lean sus posturas antes de que llegue el Presidente, que éste dé lectura a su informe y que un legislador dé respuesta al documento presidencial.
Aunque la propuesta opositora no prosperó, sí obligó a que, como lo marca el artículo 12 del reglamento interno de la Cámara, el informe fuese presentado a las 19 horas y no a mediodía, como era tradicional en la época en que el PRI era mayoría en ambas cámaras, además de advertir que "el 1 de septiembre no sería más el día del Presidente, sino el día en que el Ejecutivo rendiría un informe del estado que guarda la nación ante el Congreso".
Este primer desacuerdo marcó el inicio de la ruptura de las negociaciones que los coordinadores llevaban a cabo para determinar las presidencias de las comisiones y el gobierno de la Cámara de Diputados. Para los grupos parlamentarios de oposición representó la señal de arranque para "actuar como mayoría absoluta" y evitar que el PRI hiciera uso de "su mayoría relativa" para hacerse del gobierno de San Lázaro.
Días después, el 11 de agosto, el panista Carlos Medina Plascencia, el entonces perredista Porfirio Muñoz Ledo, el petista Gonzalo Yáñez y el verde Jorge Emilio González Martínez firmaron un acuerdo: rescatar la dignidad e independencia del Poder Legislativo; integrar en forma paritaria el órgano de gobierno de la Cámara y hacer rotativa su presidencia; modificar el formato del informe presidencial; integrar las comisiones de manera proporcional y ciudadanizar las funciones administrativas y designar por consenso a sus encargados.
Desde Gobernación
En diversos grados todos los puntos del acuerdo se cumplieron con el tiempo, a pesar de la amenaza del coordinador priísta, quien aseguró, luego de una reunión que los 239 diputados del tricolor sostuvieron con el Presidente de la República, que el PRI no estaba "ni tullido ni manco", que aceptaba reincorporarse a las negociaciones, "pero no al son que nos toquen", y que contra la ley "no podrá haber mayoriteo".
Las amenazas de Núñez Jiménez incluían recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presentar ante esta instancia un recurso de inconstitucionalidad por la pretensión opositora de cambiar el formato del informe. "Si una Cámara se constituye de origen violando la norma, todas las decisiones que tome estarían también viciadas de origen", enfatizó el tabasqueño.
Frente a la negativa priísta de sumarse a este acuerdo de gobernabilidad, los opositores buscaron "medir la voluntad política" del presidente Ernesto Zedillo y negociar directamente con él el formato del informe. Nunca hallaron respuesta, y la distancia marcada entonces prevaleció a lo largo de la 57 Legislatura.
La respuesta vino del entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, quien localizó telefónicamente a los opositores "buscando encuentros bilaterales". Habló con Jesús Ortega, del PRD; con Felipe Calderón, del PAN; con Alberto Anaya, del PT, y con Jorge González Torres, del PVEM, para detener el avance de los acuerdos y acercamientos opositores en San Lázaro.
El bloque desconoció a Chuayffet como interlocutor y demandó un diálogo directo con el presidente Zedillo, que nunca se dio.
Los jaloneos entre el llamado "grupo de los cuatro" y el PRI se extendieron sin éxito, hasta que el viernes 29 de agosto se rompieron las negociaciones para un acuerdo integral. La principal diferencia con el tricolor fue la nominación de Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la mesa directiva y encargado de dar respuesta al informe presidencial, además de la asignación de comisiones. "Las oposiciones se quisieron servir con la cuchara grande", acusó el entonces diputado Mariano Palacios Alcocer.
Núñez Jiménez sostuvo a su vez que el rompimiento fue motivado por la convergencia política entre los coordinadores de signo distinto al PRI, "cuya razón de ser ha consistido en negar la legítima mayoría relativa conquistada en las urnas" por el PRI.
Con este escenario, los opositores anunciaron que tomarían posesión el sábado 30 a las 10 de la mañana, como marcaba la convocatoria de la Comisión de Instalación, encabezada por el priísta Píndaro Urióstegui.
La respuesta del PRI fue inmediata. En un comunicado, la comisión instaladora anunció que la convocatoria para constituir la 57
Legislatura y elegir a la mesa directiva sería transferida para el domingo a las 17 horas, cambio calificado por los opositores como "ilegal e ilegítimo", y responsabilizaron al entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, de la maniobra, rompiendo toda relación con el funcionario.
En esta batalla parlamentaria, "el grupo de los cuatro" y el PRI se disputaron la razón jurídica. El "bloque opositor" advirtió que la convocatoria para la sesión de instalación --publicada el 28 de agosto y en la que se citaba a los diputados para el 30 de agosto a las 10 horas-- estaba firmada por Píndaro Urióstegui como presidente y los secretarios respectivos.
Además, otro documento firmado por los mismos integrantes de la comisión, fechado el 30 de agosto, ratificó la primera convocatoria. El PRI, a su vez, convalidó la segunda convocatoria emitida el viernes por la noche al romperse las negociaciones con el bloque y publicada el sábado sin firmas, bajo el argumento de abrir un mayor espacio para la negociación. La ausencia de firmas, se supo después, obedeció a que Urióstegui se encontraba convaleciente en un hospital.
El constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela declaró días después que de acuerdo con el artículo 63 de la Constitución, la instalación de la 57 Legislatura por el "bloque opositor" era "legal", al contar con más de 250 diputados para iniciar la sesión, y que el PRI " no puede hacer nada sobre la designación de Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la mesa directiva". En el mismo sentido el jurista y politólogo Arnaldo Córdova aseguró que la instalación opositora "es un acto al que formalmente no se le puede desconocer legalidad".
Pese a su estado, los priístas llevaron a San Lázaro ese domingo al guerrerense, quien al color amarillento de su piel sumaba un penoso caminar, pero los opositores no dieron marcha atrás.
El sábado a las 10:40 horas dio inicio la sesión de instalación, encabezada por el perredista Isidro Aguilera, secretario suplente de la Comisión Instaladora, mientras una comisión de la que formaba parte el panista Rogelio Sada intentaba comunicarse con el presidente Zedillo. La respuesta del secretario particular, Liébano Sáenz, fue reiterativa: "el Presidente no está disponible en estos momentos... nos comunicaremos con ustedes en cuanto sea posible".
Luego del pase de lista, a las 12 horas se informó que había quórum con la presencia de 255 diputados, cuatro más de los indispensables para iniciar. Momentos después se instalaron las urnas en las que se votó para elegir a la mesa directiva.
Al filo de las 13:05 horas, Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva, se tomó a sí mismo la protesta de ley, y minutos después decretó un receso en atención a una nueva petición priísta para continuar las negociaciones. A las 18 horas éstas habían fracasado. Nuevamente instalado en el sillón de presidente de la mesa directiva, Muñoz Ledo tomó protesta a los diputados opositores en el salón de plenos.
Los priístas declararon que la actitud del bloque era un "asalto" al Poder Legislativo y exigieron reponer el procedimiento, además de reiterar que el domingo darían cumplimiento a la segunda convocatoria para tomar protesta. Ese día, a las 17 horas, los priístas se reunieron en el salón de plenos presidido por Urióstegui Miranda, pero al no lograr el quórum para iniciar la sesión, anunciaron que reconocían a la mesa directiva votada el día anterior y aceptaban tomar protesta el lunes por la mañana, durante una sesión especial.
Trascendió que la mañana del domingo una llamada telefónica del presidente Zedillo habría destrabado la crisis política y, puestos contra la pared, los priístas tuvieron que incorporarse a la ruta que ya había marcado el bloque opositor.
A tres años de esos sucesos y antes de iniciarse formalmente las negociaciones entre los coordinadores parlamentarios para definir las presidencias de las 27 comisiones o la de la mesa directiva, los puntos de vista de unos y otros no apuntan al consenso.
De una parte los panistas consideran que por tratarse del partido en el gobierno deben contar, como lo hizo el PRI en su momento, con la presidencia de las comisiones que les permitan acompañar el ejercicio de Vicente Fox y hacer más ágil el intercambio entre el Ejecutivo y el Legislativo en asuntos económicos y políticos. Les correspondería, además, presidir la mesa directiva, toda vez que la presidencia de la Junta de Gobierno recaerá en la coordinadora priísta Beatriz Paredes Rangel, por representar al grupo parlamentario con más diputados.
Con esta visión, los partidos de oposición, entre ellos el PRI, ocuparían la presidencia de las comisiones que sirvan como contrapeso al Ejecutivo, como la de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda o la de Justicia y Derechos Humanos.
Sin embargo los priístas pretenden "hacer valer nuestra mayoría", como aseguró Rodolfo Echeverría, al término de la reunión plenaria que sostuvieron en el Salón Legisladores de San Lázaro el pasado lunes.