MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2000

Ť Habría sido beneficiario de expropiación, a instancias de Francisco Barrio

Imputan a Molina Ruiz tráfico de influencias

Ť La Contaduría del Congreso de Chihuahua ha documentado las anomalías administrativas

Miroslava Breach Velducea, corresponsal, Chihuahua, Chih., 22 de agosto Ť Francisco Molina Ruiz, miembro del equipo de transición de Vicente Fox en el área de seguridad, habría sido favorecido, junto con uno de los clientes de su despacho jurídico, por la expropiación ilegal de un predio de 300 hectáreas por el que la administración del ex gobernador Francisco Barrio Terrazas pagó casi 3 millones de dólares.

Los pormenores sobre las anomalías en la expropiación fueron documentados en el informe de los auditores de la Contaduría General del Congreso del Estado, luego de que la fracción parlamentaria del PRD solicitó una revisión específica sobre la situación de un predio perteneciente a la colonia Cuauhtémoc, donde los residentes sostenían un viejo litigio con el particular Angel Nicolás Velgis, quien a lo largo de diez años fue representado por el abogado Francisco Molina Ruiz, hasta que éste se convirtió en procurador general de Justicia del Estado, durante el sexenio de Barrio Terrazas, y su despacho privado logró ganar el litigio a favor de su cliente.

Según el informe de la Contaduría General del Congreso remitido al presidente de la Comisión de Vigilancia, la expropiación del predio, realizada con fines de utilidad pública, no se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento legal, a pesar de que el erario estatal pagó, en 1993, 8 millones de pesos por la transacción, incluidos 46 mil 669 pesos de intereses correspondientes a un préstamo quirografario por 410 mil pesos, otorgado por Mercantil Probursa a favor del licenciado Francisco Molina Ruiz, que fueron cargados contablemente en la Dirección de Finanzas del gobierno del estado a la cuenta de Angel Nicolás Velgis, cliente del despacho jurídico de Molina, quien durante ese periodo se desempeñaba como titular del Ministerio Público Estatal.

Según el documento de la Contaduría General del Congreso, la expropiación del predio de la colonia Cuauhtémoc es ilegal porque se realizó con fines de utilidad pública a nombre del organismo Promotora de la Industria Chihuahuense, para solucionar un conflicto agrario. Sin embargo, posteriormente, la empresa -una entidad descentralizada del gobierno del estado- entregó la propiedad a Velgis, a pesar de que antes el erario estatal lo había indemnizado con 1 millón 400 mil pesos para que se diera por concluido el litigio con los colonos, que se habían inconformado por la instalación ilegal de una planta de extracción de mármol.

La legisladora del PRD Alma Gómez solicitó al pleno del Congreso del Estado que en la aprobación de la cuenta pública de Promotora de la Industria se separara lo concerniente a la expropiación de las 300 hectáreas, ante la sospecha fundada de que existió trafico de influencias para favorecer un caso que litigó por diez años el ex procurador Francisco Molina Ruiz, y que fue uno de los asuntos a discutir en la agenda de asuntos pendientes del equipo de transición que condujo la entrega-recepción del gobierno del estado en 1992, cuando el priísta Fernando Baeza entregó el poder al panista Francisco Barrio Terrazas.

Barrio Terrazas insistió entonces en la necesidad de que Baeza, en un último acto de gobierno, expropiara el predio, pagara a los colonos y al particular, que había ganado un amparo federal. Sin embargo, fue hasta 1993, meses después de iniciada la nueva administración, cuando concluyó la operación y se supo que una de las partes involucradas estaba representada legalmente por el bufete jurídico del entonces procurador general del estado.