MARTES 22 DE AGOSTO DE 2000

Signos torvos

* José Blanco *

Signos torvos inquietan y amenazan la vida pública mexicana de estos días. Signos que expresan a gritos la gran distancia que aún nos separa de las condiciones sociales y de seguridad pública, así como de las instituciones y las normas, capaces de regular adecuadamente un desarrollo social civilizado. Los riesgos para todos son mayores y, desde luego, además de los tres niveles de gobierno, los partidos políticos son las instituciones que, a la luz de tantas insuficiencias legales, institucionales y de reorganización social, cargan con las obligaciones mayores.

Los hechos de Chimalhuacán no han sido valorados en todo su terrible significado, por las vidas humanas segadas, y por las secuelas de odios, rencores y venganzas que pueden desatar. Peor aún si todo el ''entendimiento'' de esos hechos ominosos se reduce a exhibir la baja calidad humana de los actores más visibles, como la señora Guadalupe Buendía y el señor Jesús Tolentino, o el señor Aquiles Córdoba Morán, o si PAN y PRD se lavan las manos diciendo que es un asunto del PRI.

Aún con fatiga, por la repetición infructuosa de las voces que una y otra vez demandan la aplicación de la ley frente a procesos cuyos desenlaces suelen ser el desbarajuste y el marasmo legal, es necesario demandar nuevamente el deslinde de responsabilidades y la rigurosa aplicación de la ley. El gobernador Montiel dijo ya en una de esas declaraciones que conducen hacia tales procesos de desbarajuste y marasmo legal, que el salvaje enfrentamiento y sus secuelas son ''un asunto de la competencia del municipio''. Ante tal anuncio adquiere verdadera urgencia que la Procuraduría General de la República atraiga el asunto a sus propias instancias, a efecto de que esté más a la vista de la nación, y no quiera dejarse a expensas de los arreglos entre redes cómplices/rivales de carácter caciquil, de presencia insigne en el estado de México.

Más allá de las responsabilidades penales, emerge algo más que la cabeza de iceberg de la negra zona de las maquinaciones aviesas del mundo caciquil priísta. Ese mundo no se fue con el 2 de julio. Ahí está en el plano nacional, porque es parte de una densa red de complicidades de poder, desde la cual, por supuesto, pueden surgir impulsos capaces de incurrir, si es preciso, en el asesinato. Chimalhuacán debiera servir para replantearnos ya una profunda reinstitucionalización social y política de toda la sociedad.

Los caciques han sido personajes poderosos, pero su poder no surge del misterio, ni de las peculiaridades personales de quienes se transfiguran en las celebridades repulsivas que son y han sido. Surgen por necesidad histórica, porque organizan a la comunidad y le suministran administradamente bienes públicos, pero también la explotan y manipulan, y usufructúan personalmente el poder que ese sitio les confiere. Caciques hay de muy diverso tamaño y peso, ensamblados funcionalmente al poder político nacional; el poder de los caciques no sólo surge de la comunidad ųal suplirla y representarlaų, sino que se refuerza al ensamblarse y confundirse con el poder político.

La reinstitucionalización del país debe eliminar en todas partes ese sitio. La organización de la sociedad y las instituciones del Estado debe suplir ahora, cabalmente, a las redes caciquiles. Hace falta que la propia comunidad acceda directamente a los instrumentos de gestión, para satisfacer las necesidades de su vida social.

El otro asunto ominoso son las reacciones eclesiales y de panistas frente al emparejamiento del Código Penal del Distrito Federal con los códigos respectivos de una gran parte de los estados del país. De la Iglesia, ya se sabe, no podemos esperar sino cerrazón obtusa. Ahora el obispo auxiliar Martínez, quien ofició en ausencia del cardenal Rivera, opinó que ''la Iglesia católica sostiene que los valores están por encima de las leyes'', y que el aborto ''es una muestra del triste fracaso de la inteligencia humana''. El triste fracaso de la inteligencia de curas como Martínez le impide entender a la Iglesia que, en efecto, todos podemos estar de acuerdo en que los valores están por encima de las leyes, conceptualmente hablando, pero que no todos ni muchos menos, estamos de acuerdo con los valores de la Iglesia; que México, como cualquier otro país, es una sociedad de una amplia pluralidad moral. Su moral, señor Martínez, no es la de todos: el totalitarismo está acabado casi en todas partes.

Desde el punto de vista de la regulación social, señor Martínez, las leyes están por encima de los valores, porque son obligatorias, y eso lo incluye a usted. Las leyes pueden gozar de legitimidad si respetan los valores de todos. Una ley que no penaliza el aborto, deja a su grey femenina, señor Martínez, en la absoluta libertad de no abortar en el malhadado caso de sufrir violación, apegándose así a sus enseñanzas. *