MARTES 22 DE AGOSTO DE 2000

* Panistas retomarán iniciativa de ley federal de comunicación social

Transparentar la relación medios-gobierno, reto foxista

Ciro Pérez Silva * Pocos temas, como el de transparentar la relación entre medios de comunicación y el gobierno, ponen a prueba el compromiso de cambio ofrecido por Vicente Fox, asegura el senador electo por Chihuahua, Javier Corral Jurado, y advierte que la iniciativa de ley federal de comunicación social que fue presentada el 22 de abril de 1997 en la Cámara de Diputados, será retomada por las bancadas panistas en el Congreso, "a pesar de la resistencia de algunos medios".

Este inicio de gobierno será una oportunidad para plantear no sólo en la reforma del Estado sino en el Plan Nacional de Desarrollo, las posibilidades de un nuevo modelo de comunicación y su relación entre el Estado, los medios y la sociedad, agrega el senador, quien admite que entre los encargados del área de comunicación del presidente electo hay un "desconocimiento integral" de lo que es un modelo de comunicación social en el país.

"Por lo que yo he podido observar de los encargados de la política de comunicación social del presidente electo, aprecio una confusión. No se ha alcanzado a distinguir el papel de la propaganda, de la publicidad, del manejo de imagen, de lo que es la función de Estado como autoridad en materia de medios de comunicación. Pero creo que es una confusión que se puede clarificar, y separar el manejo de imagen, de medios, de la propaganda, de la información, y por otro el papel que los medios de comunicación deben jugar en este proceso de transición y democratización", afirmó el senador panista.

Esta iniciativa para reglamentar los artículos sexto y séptimo de la Constitución, que abrogatoria la Ley de Imprenta que data del 9 de abril de 1917 ųantes de promulgarse la Constituciónų, provocó en su momento el rechazo de propietarios de algunos medios informativos "con la filosofía de que en este tema no debía moverse nada", creando además una "avalancha desinformadora que inhibió a los que impulsábamos estos cambios, fue una lucha de poder a poder".

Hubo entonces sólo cuatro medios escritos, "entre ellos La Jornada", que hablaron de los contenidos de la ley, "todos los demás se dedicaron a descalificar las iniciativas, obteniendo una victoria que se ha conseguido en otras ocasiones: paralizar el asunto, posponer el tema, porque a la hora de la hora el poder mediático inhibe, y los políticos tradicionales tienen el complejo de la mosca, sienten que un periodicazo les puede detener su carrera política", sostuvo el legislador.

La iniciativa para actualizar el marco jurídico en esta materia incluye esencialmente la intención de clarificar la relación entre los medios y el Estado; el régimen de concesiones para radio y televisión; la protección del secreto profesional de los informadores, a fin de garantizar la seguridad de sus informantes; garantizar el derecho de réplica de los ciudadanos ante los medios de comunicación, con el propósito de que la sociedad tenga un mecanismo para aclarar la información que se le adjudicó.

Crear la cláusula de conciencia de los periodistas; la conversión de los medios del Estado en verdaderos canales de servicio público, dejando de ser voceros del Presidente en turno; establecer el derecho de la sociedad a recibir información de interés público y la obligación correlativa de las entidades públicas de proporcionarla. Se trata de evitar con ello que la información publicada no sea fidedigna, obligando a la autoridad a proporcionarla "sin maquillajes ni obstáculos", y revisar el régimen de concesión de los medios electrónicos.

Hacer eficiente el ejercicio en gastos de publicidad oficial, atendiendo a criterios objetivos de tiraje, difusión e impacto social de las publicaciones; eliminar la difusión de gacetillas y/o transparentar la publicidad "redaccional" que afecta el derecho a la información del público, a fin de garantizar que lo que llegue a la sociedad identifique su procedencia y objetivo y construir una instancia pública, cuyo objetivo sea el de conciliar los conflictos entre los actores del proceso de comunicación, (ciudadanos-Estado-medios-perio- distas).

"Creo que también estamos obligados todos los que le hemos entrado a este tema a hacer una reflexión sobre qué nos ha faltado en el planteamiento de un asunto como éste, si es necesario rempezar, hay que hacerlo, si es necesario volver a consultar al país hay que hacerlo, aunque ya se haya hecho en tres ocasiones, pero si es necesario hay que hacerlo nuevamente", consideró Corral Jurado.

Al cambiar las condiciones, apuntó, es necesario entender que deben replantearse algunas cosas, reconducir otras y privilegiar el consenso más amplio posible, así como diversificar y dividir los temas que se contienen en las iniciativas.

ųSe cuestiona la estrategia que utilizaron para impulsar una iniciativa como esta.

ųSe nos ha cuestionado el método y la estrategia, entre otras cosas por el poco conocimiento que en el ámbito del poder legislativo existía de este tema, pero también porque siempre ha sido mucho más exitosa la estrategia descalificadora, intimidante, en la que no se puede mover absolutamente nada, es una estrategia de poder a poder, es una estrategia que incluso no permite que se conozcan las cosas o los contenidos, una estrategia de intimidación, con la avalancha, la embestida desinformadora para que este tema no avance. Siempre se asustan los actores del proceso.

Consideró que con la llegada a la Cámara de Diputados de Javier Sánchez Campuzano, ex presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, los concesionarios tendrán más que nunca un representante directo que ubica a los propietarios en el proceso legislativo, "y en la línea que la mayoría de los concesionarios de este país tiene, que es el PRI", acabando con el argumento "de que nunca son consultados. Ahora no sólo van a ser consultados, sino que formarán parte de este proceso legislativo. Ahora podrán defender desde la tribuna del Congreso sus puntos de vista".

Antecedentes

Desde que fue presentada en la Cámara de Diputados, esta iniciativa atrajo las más diversas opiniones que los legisladores de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la 57 legislatura, que encabezó Javier Corral Jurado, recogieron en una serie de congresos, mesas redondas, seminarios y conferencias internacionales que se constituyeron en un espacio de reflexión y análisis en torno a la comunicación social.

Estos actos fueron boicoteados por algunos medios, tanto escritos como electrónicos, evitando con ello que los contenidos fuesen informados a la sociedad. Se creó también una subcomisión revisora, que pretendió identificar los puntos de coincidencia, los que eran susceptibles de cambio y aquellos en los que definitivamente no se coincidía.

El 30 de septiembre de 1998, señala el informe final de la comisión, varios medios impresos publicaron que la Cámara de Diputados intentaba crear una ley a la que calificaron de "mordaza". Luego de estas publicaciones, sólo los integrantes de los grupos parlamentarios de PAN, PRD y PT mantuvieron las reuniones periódicas que se llevaban a cabo para revisar la ley, los diputados de PRI no volvieron a presentarse.

Corral Jurado reconoce que este tema se ha venido debatiendo a lo largo de los últimos 22 años, y acumulando en el tiempo una serie de anhelos, inquietudes y propuestas que se pretendió incorporar en una ley única, lo que se convirtió en un obstáculo. "Yo creo que hay que dividir, era un pastel muy grande de digerir. Yo creo que hay que ir primero a las obligaciones del Estado para con la sociedad y los medios de comunicación, y luego hay que ir a un nuevo régimen de concesiones y permisos" para los medios electrónicos.