DOMINGO 20 DE AGOSTO DE 2000

Ť José Antonio Rojas Nieto Ť

La ideología como opinión

Flaco favor a la reflexión seria y cuidadosa que tanto necesita la sociedad, y que debiera caracterizar a todo académico, nos acaba de hacer el director del CIDE, Carlos Elizondo, con su comentario televisivo sobre la necesidad de privatizar la industria eléctrica, en el que claramente actúa como representante de una opinión fuertemente promovida por el gobierno actual y, muy seguramente, por el gobierno entrante. Es indudable el derecho a difundir una opinión, aunque como académico se tiene la responsabilidad de presentar también el contexto de las tesis que se defienden. Sin el menor rigor, como lo hacen Ernesto Zedillo y el Luis Téllez se nos sigue invitando a las privatizaciones, porque -se asegura- es impropio que se destinen fondos necesarios para el beneficio social, a una industria como la eléctrica. Sobre este asunto hay que debatir más, pues al menos en México no es cierto.

Con esos superficiales comentarios se está muy lejos de cumplir la función social esencial que tiene todo académico cuyos estudios e investigaciones se financian con fondos públicos, de difundir con la mayor profundidad y objetividad posibles lo que se investiga, en este caso los avances y problemas que ha experimentado la participación del capital privado en el sector eléctrico. Si bien es cierto que desde hace varios años hay un impulso mundial privatizador, ya no sólo en este rubro, sino de toda obra de infraestructura, también es cierto que se ha impulsado una severa revisión de este proceso, como lo demuestran los estudios y debates internacionales de los últimos años.

De manera más próxima se tiene la revisión del mercado eléctrico en Inglaterra y en California, pero también otros en las que técnicos e investigadores que jamás podrían ser caracterizados como favorables a ese nacionalismo regresivo que caricaturiza en su comentario Elizondo, hacen detalladas reflexiones. De todo menos de antiprivatizadores se puede calificar a académicos como Masatsugu Tsuji de la Universidad de Osaka; Mitsuhiro Kagami, del Instituto para las Economías en desarrollo de la JETRO (como por sus siglas en inglés se conoce a la Japan External Trade Organization); o a Michael G. Pollitt y Tanga M.McDaniel, de la Universidad de Cambridge, y algunos más que hace un par de meses publicaron los resultados de un seminario en el que analizan las experiencias de Japón, Reino Unidos, India, Estados Unidos y Perú, y con importantes conclusiones: 1) es cierto que el sector privado tiende a expandir su responsabilidad en servicios antes reservados al sector público; 2) pese a ello, no resulta indiferente el tipo de servicio o de país para definir la mayor o menor pertinencia de la privatización; 3) el balance entre lo público y lo privado exige, en cada servicio y país, una mayor fundamentación teórica; 4) es esencial diseñar con extremo cuidado mecanismos, formas, fases y procesos que se alentarán para garantizar no sólo el éxito, sino su compatibilidad con otros procesos; 5) esto es importante en los países en desarrollo, donde las empresas extranjeras y multinacionales tienden a ocupar los espacios que deja el sector público y, en muchas ocasiones, manipulan sus economías. La reciente crisis del 1997 en el sudeste Asiático puede ser atribuida a la privatización y desregulación, que no sólo implicó el llamado milagro económico, sino en una severa especulación financiera; 6) en el caso específico de la industria eléctrica es importante cuidar que esos procesos de privatización no profundicen los problemas ambientales.

En un país como el nuestro, tan lleno de corrupción y complicidades entre los sectores públicos y privado, como lo demuestran al menos las experiencias recientes de bancos y carreteras, todo lo que esos especialistas internacionales mencionan debiera ser objeto de una mayor atención.