SABADO 19 DE AGOSTO DE 2000
Ť La iniciativa, propuesta por Rosario Ibarra, fue aceptada por unanimidad
Aprueba la ALDF penalizar la desaparición de personas
Ť La reforma prevé penas de 15 a 40 años de cárcel para quienes incurran en esa práctica
Laura Gómez Flores Ť Las fracciones de PRI, PAN, PRD y PT aprobaron por unanimidad la adición del artículo 281 sextus del Código Penal y de Procedimientos Penales, que por primera vez castiga a los funcionarios del Distrito Federal, que por cuestiones de ideología, razones políticas o de seguridad de Estado, desaparezcan a una persona.
La iniciativa, propuesta por Rosario Ibarra de Piedra, presidenta del Grupo Eureka, quien sufrió la desaparición de su hijo en 1975, prevé cárcel de 15 a 40 años de prisión a quienes incurran en una desaparición forzada de personas, y multas de 300 a 500 días de salario mínimo, además de la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública hasta por dos tantos de la pena de prisión impuesta, a fin de "castigar un hecho político donde con los instrumentos del Estado se desaparezca a una persona por cuestiones de ideología", explicó el líder perredista, Martí Batres Guadarrama en su presentación ante el pleno.
A 10 horas de iniciada la sesión, tiempo en que la luchadora social, Rosario Ibarra, permaneció en el recinto, se aprobó la propuesta de encarcelamiento de ocho a 15 años y multa de 300 a 500 días a los servidores públicos que, con motivo de sus atribuciones, detengan y priven de la libertad ilegalmente a una persona, la oculten y se nieguen a informar de manera precisa sobre su paradero.
La adición al capítulo único del título decimoseptimo bis del Código Penal contempla la reducción de las penas hasta en una tercera parte, cuando quien hubiere participado en la comisión del delito, suministre información que permita esclarecer los hechos; y hasta en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.
La perredista Ana Luisa Cárdenas consideró que con esta iniciativa, que fue el séptimo punto de discusión de la orden del día, se eliminará la "abominable práctica del sistema político mexicano de desaparecer a personas que, por su carácter político, sean incómodas para los fines perversos del sistema".
Posteriormente se aprobaron, con 36 votos a favor, cuatro abstenciones y ninguno en contra las reformas a la Ley de Vivienda del Distrito Federal, que contemplan el cambio de uso de suelo de zonas comerciales a habitacionales. Asimismo, el nombramiento de Eduardo Cortés Garduño e Irma Leonor Larios como magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Por 26 votos en contra, nueve abstenciones y cuatro a favor se desechó la propuesta para que María Martha Arteaga ocupara dicho cargo en el TCA.
Se aceptó el nombramiento de Adriana Canales, María del Socorro Vega y Oscar Cervera, como magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Por otra parte, con la ausencia de los legisladores priístas y panistas se aprobó la reforma a la Ley del Notariado para el DF.
Hasta el cierre de esta edición se discutía en el pleno el proyecto de decreto que modifica diversos programas delegacionales de desarrollo urbano para el Distrito Federal, así como los programas parciales de desarrollo urbano, y el proyecto de decreto de varios programas parciales, modificación de usos de suelo, norma 28 y programa para familias que se encuentran en zonas de riesgo de delegaciones del DF.