SABADO 19 DE AGOSTO DE 2000
Ť Llevan ante los tribunales argentinos a ex militares intocables del Cono Sur
Procesan a dos ex ministros por tráfico de armas
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 18 de agosto Ť El juez federal Jorge Urso comenzó hoy procesos contra el ex canciller Guido di Tella y el ex ministro de Defensa Erman González, por tráfico de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1994, durante el gobierno de Carlos Menem.
El ahora ex mandatario, quien firmó los decretos para la venta, no ha sido acusado por ese escándalo, uno de los mayores durante su gestión, especialmente porque sobre Croacia pesaba entonces un embargo mundial y, además, Argentina era garante en un tratado de paz entre Quito y Lima.
Mientras, militares argentinos, chilenos y uruguayos que eran "intocables" figuran ahora como imputados por delitos cometidos en el marco de la Operación Cóndor, trasnacional del terror que unió a las dictaduras que en los 70 gobernaron el Cono Sur para acabar con sus opositores.
Miguel Angel Osorio, titular de la fiscalía en lo criminal y correccional federal 10, resolvió hacer lugar a la querella que llevan adelante cinco familiares de detenidos desaparecidos de distintos países.
El nombre del ex general Guillermo Suárez Mason figura junto al del ex dictador Jorge Rafael Videla y al del ex ministro del Interior Eduardo Harguindeguy en la lista del fiscal Osorio. Ayer Suárez Mason se desdijo ante la justicia de anteriores declaraciones para sostener que el centro clandestino de detención Automotores Orletti, clave en el plan Cóndor, no pertenecía al ejército sino a la inteligencia del Estado.
También está Augusto Pinochet, "bajo cuya dependencia se encontraba la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), que tenía a su cargo la planificación y ejecución de las actividades ilícitas comprendidas en la Operación Cóndor", sostiene el fiscal.
Acompañan al ex dictador chileno el ex jefe de la Dina, general en retiro Manuel Contreras, "responsable inmediato de la acción de dicho organismo", y el coronel Pedro Espinoza.
La lista de los paraguayos imputados la encabeza el ex dictador Alfredo Stroessner, "bajo cuyo mando actuaba la policía de ese país, principal instrumento de aplicación de la Operación Cóndor".
El general Francisco Brites, jefe de la policía paraguaya, es considerado el "cofundador con Contreras, en octubre de 1975, de la cooperación entre Paraguay y Chile para el desarrollo de la Operación Cóndor", mientras que a cargo de Pastor Milciades Coronel, ex jefe del Departamento de Investigaciones de la policía, estaba "la labor de inteligencia inherente a la práctica de la desaparición forzada de personas".
Entre los uruguayos figuran Julio Vadora, ex comandante en jefe del ejército, el coronel Guillermo Ramírez, los mayores José Nino Gavazzo, Manuel Cordero y Enrique Martínez, y los capitanes Jorge Silveira y Hugo Campos Hermida.
Los seis últimos "habrían operado personalmente en el territorio argentino", destaca el fiscal en su requerimiento en función de la querella presentada por los familiares de la chilena Cristina Carreño y del paraguayo Federico Tatter, ambos desaparecidos en Argentina en 1978 y 1976, respectivamente, y de Simón Riquelo, hijo de la uruguaya Sara Méndez, secuestrado en Buenos Aires a escasos días de su nacimiento en1976 y actualmente desaparecido.
También se presentaron querellas familiares de Mónica Grinspon de Logares, argentina secuestrada en Montevideo en 1978 junto con su esposo Claudio Logares y su hija de dos años de edad, y desaparecida, y de la paraguaya María Ester Ballestrino de Careaga, secuestrada y desaparecida en Buenos Aires en 1977.
El abogado Carlos Zamorano, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, destacó la importancia de la decisión de Osorio, quien "insta a la acción penal y sugiere que se realicen todas las diligencias que se han propuesto en la querella".
El fiscal señala que habrá que determinar la responsabilidad "que cabe tanto a los imputados señalados como también la de aquellos que, de acuerdo con la pesquisa, sean identificados con hechos desarrollados en el marco del plan Cóndor" y que hayan significado "la privación ilegal de la libertad calificada de personas cuando estos se hubieren perpetrado total o parcialmente en territorio argentino por funcionarios públicos (civiles, militares y/o de fuerzas de seguridad) de cualquiera de los estados miembros (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Paraguay y Bolivia)".
En su resolución, el fiscal determina que la Operación Cóndor "resultó ser una vasta organización criminal que actuó en el Cono Sur con la participación de los señalados como imputados", y su acción estaba dirigida "al secuestro ilegal de personas, su desaparición, muerte y/o tormento, ello sin importar los límites territoriales o nacionalidades de las víctimas", entre las cuales se encuentran familiares de los querellantes.
Se menciona el documento en poder de la fiscalía, donde el ex coronel del FBI estadunidense Robert Scherrer informa en 1976 al Departamento de Estado sobre las características de este acuerdo de donde "emanó el compromiso de realizar operaciones conjuntas" en todos los países miembros, y que incluían también el traslado de las victimas de un país a otro".
De acuerdo con artículos constitucionales y con acuerdos internacionales, el juez actuante en esta causa tiene plena jurisdicción y competencia para la investigación, "no siendo oponibles ni la cosa juzgada ni la prescripción", en alusión a las leyes exculpatorias que se dictaron en democracia, en los años 80, y que permitieron a los militares culpables de violaciones a los derechos humanos no hacer frente a la justicia.
Por su lado, el juez federal Adolfo Bagnasco, quien lleva adelante la causa por el secuestro de bebés nacidos en prisión, pidió anoche a Estados Unidos que le remita la documentación desclasificada que posea sobre la Operación Cóndor. El magistrado, entre otras evidencias, reunió datos sobre el caso de Sara Méndez, que sigue buscando a su hijo, que ahora tendría 24 años.