SABADO 19 DE AGOSTO DE 2000
Ť La PJ capitalina busca al ex secretario en Coahuila
Solicita la PGJDF a la Interpol capturar a Espinosa Villarreal
Ť Lo buscarán en países que tienen convenio de extradición con México
Angel Bolaños Sánchez y Fernando López-Pérez, corresponsal Ť La Procuraduría General de Justicia capitalina envió ayer un oficio a la Interpol (Policía Internacional) para solicitar su colaboración en la búsqueda, localización y en su caso detención del ex jefe del Departamento del Distrito Federal, Oscar Espinosa Villarreal.
Con base en la orden de aprehensión que giró el juez cuarto de lo penal, Enrique Cedillo García, la dependencia giró ayer al director de la oficina de la Interpol en México, Juan Miguel Ponce Edmonson, el escrito correspondiente con una fotografía adjunta, como lo anunció desde el 14 de agosto el procurador Samuel del Villar.
De esta manera, informaron fuentes de la dependencia, la búsqueda del ex secretario de Turismo del gobierno federal se amplió a los países con los que México tiene convenios en materia de extradición.
El lunes, Del Villar anunció que desde el momento en que la autoridad jurisdiccional libró la orden de aprehensión contra Espinosa Villarreal, por el delito de peculado por un monto de 420 millones de pesos, se pidió la colaboración a las procuradurías de los estados para su localización, y al día siguiente se hizo lo mismo ante la Dirección General de Asuntos Legales e Internacionales de la Procuraduría General de la República.
En Coahuila, el procurador de Justicia del estado, Oscar Calderón Sánchez, confirmó que se encuentran en la entidad 8 elementos de la Policía Judicial del DF en búsqueda del ex funcionario, luego de que fue aquí el último lugar donde fue visto.
Según versiones, desde el jueves de la semana pasada Espinosa Villarreal fue a refugiarse a un hotel de Monclova, bajo la protección de empresarios de apellido Ancira, propietarios de Altos Hornos de México, donde incluso se le montó una guardia de seguridad especial para no ser molestado.
Posteriormente se habría trasladado a un rancho de Nava, Coahuila, propiedad del presidente municipal de Piedras Negras, Urbano Santos, y finalmente a Torreón, donde presuntamente pernoctó en el domicilio de un empresario con quien mantiene fuertes lazos de amistad.
En tanto, ex funcionarios de la Contraloría General del gobierno de la ciudad, que conocieron las auditorías practicadas a la partida 3605 para "otros gastos de difusión e información", correspondientes a los ejercicios presupuestales de 1995, 1996 y 1997, de donde fueron sustraídos los 420 millones de pesos, dijeron estar convencidos de que independientemente de que fue el entonces oficial mayor, Manuel Merino García, quien dispuso del dinero correspondiente, Espinosa Villarreal debió tener pleno conocimiento de la forma como este fue empleado.
Se trata de movimientos de dinero realizados contra recibos, seis de ellos con las firmas de Merino García, de recibido, y de Oscar Espinosa, de autorización, y el resto sólo con las firmas del primero, una vez que el ex titular del DDF giró un oficio en el que lo instruye para que disponga de dichos recursos.
Así, de 1995 se cuenta con 13 recibos por montos de 5 y 10 millones de pesos, totalizando ese año 88 millones; de 1996 con 12 recibos se comprueba la sustracción de 117 millones de pesos, en cantidades de entre 3, 4, 5, 6 y hasta 21 millones de pesos, en tanto que en el último año de su administración, el ex regente autorizó a su funcionario ejercer de la partida en cuestión 210 millones de pesos en 24 movimientos en su mayoría de 10 millones de pesos, cantidades que eran trasladadas a una cuenta de cheques a nombre del mismo ex oficial mayor.
De este último, Merino García reintegró 135 millones de pesos, casi un año después de que había dejado de ser funcionario del gobierno de la ciudad. Los recibos son sólo hojas blancas, sin membrete, en las que se señala el monto recibido por concepto de "gastos con los medios de comunicación" y la firma del funcionario.
De entrada, explicaron las fuentes consultadas, no se siguió el mecanismo usual conforme al Código Financiero, puesto que por los montos ejercidos en cada uno de los 49 movimientos de dinero debió haberse realizado la adjudicación directa o por lo menos una invitación a tres proveedores o prestadores de servicios y no por adjudicación directa.
Los comprobantes, señalaron, debieron entregarse con las correspondientes CLC (Cuenta por Liquidar Certificada, es decir contra con toda la documentación del contratista beneficiario, el concepto del gasto, el monto y el contrato con los antecedentes del convenio y la factura).
Así sea que con ese dinero se hayan adquirido tortas, alquilado sanitarios móviles o pagado el transporte para regresar a los manifestantes que realizaban sus plantones en el Zócalo capitalino, como se asegura, debió seguirse el procedimiento normal, explicaron.
Mientras no existan los comprobantes correspondientes no se puede establecer la forma en que se usaron esos 420 millones de pesos, si en realidad se gastaron en esos plantones, lo cual dudaron haya sido así, es posible incluso que parte de ese dinero haya ido a parar al PRI.