SABADO 19 DE AGOSTO DE 2000
Ť Acalorado debate por el informe de la visita de relatora a México
Concluyó reunión de la ONU sobre derechos humanos
Kyra Núñez, corresponsal, Ginebra, 18 de agosto Ť Al concluir su sesión anual, la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, de la ONU, adoptó 28 resoluciones temáticas y 18 decisiones, entre éstas la de recomendar a la Comisión de Derechos la designación de un relator especial para asuntos indígenas, la realización de un estudio sobre la discriminación en el empleo por motivo de raza y la creación de un grupo de trabajo sobre administración de la justicia.
Expertos de la subcomisión calificaron como una farsa la postura mexicana a favor de la cooperación internacional en materia de defensa y promoción de los derechos humanos, postura con la que coincidieron integrantes de organismos no gubernamentales, quienes mostraron testimonios del cuadro generalizado de discriminación y violencia de que son víctimas pueblos indígenas en México. Por su parte, la delegación nacional observadora intervino para presentar el cuadro de progreso en el campo de los derechos humanos, en los derechos económicos, sociales y culturales y en la prioridad del gobierno en políticas para los pueblos indígenas.
En las tres semanas de trabajos de la subcomisión, la situación en Chiapas fue tema constante de una serie de intervenciones de los expertos, miembros observadores y ONG, que tuvo como punto culminante la presentación del informe de la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, Erica Irene Daes, sobre su visita a México de enero a febrero pasado. En el informe se consigna la creciente militarización de las zonas indígenas en Chiapas y en el resto del país, que se suma al patrón de violaciones a los derechos humanos, y fue directo en sus recomendaciones para el nuevo gobierno: diálogo en vez de militarización; aplicación de los acuerdos de San Andrés; respeto a la propiedad indígena de la tierra; investigación de alegatos de violaciones al derecho a la vida, de tortura, y de otros crímenes como la esterilización forzada de mujeres; la violencia de los grupos de civiles armados; y mejoría en la administración de la justicia.
La subcomisión, integrada por 26 expertos internacionales en derechos humanos, da seguimiento a situaciones que se consideran preocupantes, en países como México, Perú y Turquía. Sin embargo esta vez ningún país se sintió molesto del "intervencionismo de la subcomisión en asuntos de soberanía nacional", dado que el mandato del órgano de la ONU fue restringido en cuanto a proponer resoluciones sobre países específicos.
Destacó el caso de la situación de los derechos humanos en México desde hace varios años, agravada por acciones militares que violan las leyes internacionales sobre conflictos armados y la impunidad, que expuso la experta Francoise Jane Hampson, quien adujo que "es una farsa la del gobierno, cuando nos habla de cooperación internacional y de promoción del respeto a los derechos humanos", porque en la realidad no está preparado para hacerlo porque siguen los problemas.
El debate sobre el informe de la visita a México de Erica Irene Daes, el 14 de agosto, fue de los más agitados, tanto por la defensa que de éste hicieran varios de los expertos, "totalmente de acuerdo en los resultados del mismo", como por el sinnúmero de intervenciones de representantes de ONG.
En éste Daes resaltó la militarización como un mecanismo erróneo para resolver los asuntos indígenas en el país y argumentó, con base en su extensiva misión a Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Nayarit y Michoacán, que el gobierno tiene que dar más que discursos.
Se pidió la intervención de la delegación nacional observadora, pues de otra manera "aparentaría ser un debate desbalanceado", pero el representante oficial, Eleazar Ruiz y Avila, de la SRE, expresó que si bien "el gobierno tiene algunas reservas sobre el informe, solamente serán comentadas cuando haya sido oficialmente traducido y estudiado".
En su intervención, Ruiz y Avila enumeró el progreso habido en la promoción y protección de los derechos de las poblaciones indígenas, como reformas específicas a nivel federal y estatal; el acceso de 5 millones de indígenas a los servicios de salud; que cerca de un millón de niños indígenas recibieron educación y libros de texto gratuitos; la atención extensiva a la propiedad de la tierra y la creación de tribunales independientes.
En lo tocante a Chiapas aseguró que el gobierno continúa buscando una paz digna y justa; que pronto el Congreso resolverá su posición respecto a los acuerdos de San Andrés y las propuestas gubernamentales al respecto, y que se ha hecho mucho por resolver con justicia los conflictos de tierras en Chiapas.
Integrantes de ONG señalaron empero que habiendo pruebas fehacientes de violaciones a los derechos humanos en México, la subcomisión debe intervenir ante el gobierno para que éstos sean respetados; que se cumplan los acuerdos de San Andrés, se reabra el diálogo entre el gobierno y el EZLN, y que cumpla el proyecto de cooperación técnica entre México y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.