VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2000

Ť Se busca unificar criterios para proyectos de ley

Inician Fox y el Poder Judicial ''nueva época de conciliación''

Ť Aprobar propuestas sin privilegiar tiempos políticos, piden ministros

Jesús Aranda Ť El Poder Judicial de la Federación y el gabinete de transición de Vicente Fox iniciaron ayer ''una nueva época de conciliación, de unificación de criterios para la elaboración de proyectos de ley, y de reformas constitucionales que en su caso se presenten al Poder Legislativo''.

Sin embargo, los ministros de la Suprema Corte pidieron que las propuestas foxistas les sean presentadas ''en blanco y negro'', hicieron un llamado a que antes de la aprobación de las propuestas ''no se privilegien los tiempos políticos'', sino la discusión y el análisis.

En el primer encuentro formal de los representantes del Poder Judicial Federal (ministros de la Corte y consejeros de la Judicatura Federal) con José Luis Reyes y Francisco Molina, integrantes del equipo de transición del presidente electo en materia de justicia, se planteó la preocupación de la Corte porque se establezca un presupuesto fijo, o al menos de ''no regresión'' y ''crecimiento proporcional'' para el Poder Judicial Federal, porque es urgente terminar ''con la incerteza jurídica'' que sufre anualmente la judicatura federal al quedar a expensas de negociaciones políticas cuando se aprueba su presupuesto de egresos.

Aun cuando los ministros valoraron ''positivamente'' la propuesta del equipo de Fox de que los tribunales administrativos (Agrario, Contencioso Administrativo, Fiscal y de Conciliación y Arbitraje) pasen a la esfera judicial federal, en un escrito que le enviaron al propio Fox señalan que de prosperar esta iniciativa su presupuesto para 2001 tendría que pasar de .77 del total de egresos en este año (8 mil millones de pesos) a 3 por ciento del que se ejerza el entrante, es decir, habría que incrementarlo en casi 400 por ciento.

Paquete de reformas

Al término de su encuentro, el equipo foxista y los representantes del Poder Judicial Federal realizaron una conferencia de prensa en la que destacaron la ''nueva etapa'' de conciliación y respeto entre ambos poderes, que incluirá por primera vez una participación más activa de la Corte en la elaboración de los proyectos de ley que se presenten a futuro.

José Luis Reyes -del gabinete foxista de transición- adelantó que en los próximos 30 días se dará a conocer el primer paquete de reformas en materia judicial, que incluye la creación de la fiscalía general de la nación, de la secretaría de seguridad y servicios a la justicia y la unificación de todos los tribunales en el Poder Judicial Federal. Aunque será el presidente electo el que defina cuándo entrarán al Congreso las iniciativas de ley.

Al respecto, Molina precisó que a diferencia de la actual administración, que incrementó en más de 400 por ciento el presupuesto para seguridad pública, con ínfimos resultados, debido a que hubo una ''dispersión de recursos'', las iniciativas planteadas buscarán precisamente mayor efectividad y el uso más racional de los recursos.

Sin embargo, en el encuentro privado, el ministro Juan Silva Meza expresó a nombre de sus compañeros sus reservas sobre las iniciativas panistas, al tiempo que llamó la atención en que no se deben privilegiar los tiempos políticos, y que dada la trascendencia de los cambios propuestos se tenía que hacer las cosas con tiempo. Incluso, les recordó a Reyes y Molina que la propuesta de reforma a la Ley de Amparo lleva 11 meses de estudio y aún no se tiene un proyecto definitivo al respecto.

Los ministros también les recordaron que está pendiente de que se concluya la elaboración de una nueva Ley de Amparo, en la que el punto toral será el planteamiento de una reforma constitucional al artículo 107 que suprima la llamada ''Fórmula Otero'', a efecto de que los amparos en contra de leyes tengan efectos generales, cuando la legislación sea declarada inconstitucional. La idea del proyecto que se le hará llegar al presidente electo en septiembre próximo es que, cuando la Corte establezca la ilegalidad de una ley, cualquier ciudadano esté en condiciones de invocar un amparo a su favor.

Controvertido futuro del Instituto Federal de Defensoría Pública

Otro tema que causó polémica fue el de la defensoría pública, que actualmente se encuentra en el ámbito del Poder Judicial y que el equipo de Fox pretende pase al Poder Ejecutivo.

Dada la importancia que tiene el tema para los ministros, se invitó al desayuno, en la sede de la Corte, al magistrado César Esquinca, director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), quien fue el encargado de argumentar la conveniencia de que los defensores públicos continúen tal y como están.

Sin embargo, José Luis Reyes planteó las ventajas de que prospere su propuesta. En ese momento de la plática se propuso la creación de un organismo autónomo e independiente de los tres poderes.

Empero, los representantes de la judicatura federal hicieron una contrapropuesta: que el IFDP continúe en la esfera judicial, pero con mayores atribuciones e independencia. Es decir, que se amplíe la defensa pública para que deje de ver únicamente los casos de tipo penal, además de que sus funciones de asesoría en materia administrativa y civil se incrementen.

El tema derivó posteriormente en lo tocante al presupuesto. El presidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, entregó a los visitantes un documento denominado Debilidad constitucional en el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Federación, el cual solicitó se le haga llegar a Fox.

En el escrito se plantea que, a pesar de que la Constitución no lo establece, el Poder Ejecutivo le hace cambios a la propuesta original de presupuesto que le envía originalmente el Poder Judicial Federal, para que se integre a la propuesta del presupuesto de egresos. Se plantea, además, que los otros poderes -Ejecutivo y Legislativo- tienen forma de defender sus presupuestos, mientras que el Judicial ''es el único que no cuenta con los mecanismos directos para salvaguardar sus necesidades económicas, quedando en una clara desigualdad en relación con los demás poderes''.

Además, se señala que al ya no haber ''correspondencia política mayoritaria entre el Ejecutivo y el Legislativo'' -luego de los comicios del pasado 2 de julio-, la aprobación del presupuesto de egresos ''queda sujeta a tiempos políticos del momento'', lo que genera ''incerteza jurídica y política''.

Por ello el planteamiento directo a Vicente Fox de que se establezca un porcentaje fijo para el Poder Judicial Federal -que actualmente es de .77 por ciento del total-, con el que se aspiraría a llegar ''cuando menos'' a porcentajes que tienen previstos constitucionalmente países como Costa Rica (6 por ciento), Honduras (3 por ciento) o Guatemala (3 por ciento), entre otras naciones.

En caso de que no se acepte dicha iniciativa, los ministros demandaron se aumente sustancialmente su presupuesto -casi en 400 por ciento, en caso de que sean readscritos los tribunales administrativos, y en 20 por ciento, de mantener el Poder Judicial Federal su actual estructura.

Aunque con la condición de que se precise en la Constitución General de la República que el presupuesto no podrá ser menor al ejercido en el año inmediato anterior, y que se actualice con las cifras del Banco de México.

Los panistas se negaron a hablar sobre la iniciativa y se limitaron a decir que entregarán al presidente electo el documento para que analice la propuesta.