VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2000
Ť Se busca conocer el impacto de la reforma al Código Penal del estado
El CEO realizará una consulta en Guanajuato
Martín Diego, Luis Boffil y Javier Valdez, corresponsales Ť El gobernador de Guanajuato, Ramón Martín Huerta, informó ayer que el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Universidad de Guadalajara realizará -con un costo de 450 mil pesos- la consulta ciudadana sobre la reforma al Código Penal estatal referente al castigo del aborto, aun si el embarazo es resultado de una violación.
Las bancadas de oposición en el Congreso local analizan si la erogación que realizará el gobierno del estado al CEO se apegó al marco de la Ley de Presupuesto General de Egresos para este año, toda vez que no hubo licitación para contratar dicho servicio.
Los legisladores apuntaron que la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guanajuato cita en su artículo 23 que ''las contrataciones de servicios se adjudicarán a través de licitaciones, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones (...) a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles'' en cuanto a precio y calidad.
Sobre el trabajo que realizará el CEO, el gobernador de Guanajuato dijo que será una encuesta ''cuantitativa y cualitativa'', y agregó que se efectuarán dos sondeos más, uno con el punto de vista ''de varios líderes de opinión'', y el tercero, ''de enfoque'', estaría dirigido a especialistas en la materia.
La diputada perredista Lucía Micher Camarena se manifestó en contra de que se haya elegido al CEO, pues ''es tendencioso y obedece a los intereses panistas; sería mejor, más imparcial, que la consulta la realice la Fundación Rosenblueth o Berumen y Asociados, quienes han demostrado su imparcialidad''.
El legislador priísta Arnulfo Vázquez Nieto se pronunció a favor de que realicen la consulta el IFE o el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, ''con su metodología y experiencia'', de tal forma que se alcancen ''resultados más fehacientes''.
Ambos diputados coincidieron en que el gobernador guanajuatense aclare a qué se refiere con consulta, pues en este momento ''los únicos que pueden hacer llegar al mandatario estatal sus posturas son quienes cuentan con Internet y fax''.
La perredista explicó que no se puede realizar una consulta cuando la población ''no tiene una educación sexual'', pues ''habría grandes lagunas'', y recalcó que antes es necesario dar una información apropiada al tema.
Clausuras simbólicas
Miembros del Comité Nacional Provida y activistas extranjeros visitaron por segunda ocasión en lo que va del mes Mérida, Yucatán, donde clausuraron simbólicamente una clínica que proporciona atención integral a la mujer. Además, los antiabortistas impidieron la entrada a Sandra Peniche Quintal, una de las propietarias del hospital, quien la semana pasada denunció al dirigente de dicho comité, Jorge Serrano Limón, por injurias, allanamiento de morada y amenazas.
Rocío Gálvez de Alba, vicepresidenta nacional de Provida, dijo que no tiene pruebas de que en ese predio se practiquen legrados, pero citó reiteradamente una nota de La Jornada, publicada -según dijo- el domingo 13 de agosto, en donde Peniche Quintal manifestó, después de la protesta que encabezó Serrano Limón, que apoya a mujeres que por voluntad propia deciden interrumpir su embarazo, sobre todo a las que han sido violadas.
La vicepresidenta de Provida anunció que este viernes simpatizantes de esa organización estarían en la capital del país donde efectuarían protestas en contra del aborto, y adelantó que la próxima semana volverán a Yucatán para protestar nuevamente en la clínica de Peniche Quintal.