JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2000

Dogmas religiosos y gobierno panista

* Octavio Rodríguez Araujo *

PRIMER DOGMA DE LA Iglesia católica: suponer que todo mundo cree en un dios. Segundo dogma: que para los creyentes sólo existe un dios y que el catolicismo es la religión "verdadera". Tercer dogma: que en el mundo terrenal dios tiene representantes y que éstos interpretan lo que, a su entender, dios quiere, aunque el destinatario de la interpretación no esté de acuerdo. Cuarto dogma: que la fe y los supuestos mandatos del dios de su religión son obligatorios para una sociedad multirreligiosa y atea, o que la religión con más fieles debe imponerse sobre todas las demás y sobre quienes no creen en nada. Quinto dogma: en el supuesto de la existencia de dios y de sus representantes en la Tierra, que los valores religiosos, pertenecientes al mundo del espíritu y del libre albedrío individual e íntimo, pueden convertirse en leyes para todos, creyentes o no creyentes, religiosos o no religiosos, católicos o no católicos, como si se tratara de un totalitarismo religioso-estatal asumido y aceptado por la sociedad.

De estos dogmas se deriva la oposición de la Iglesia católica (y de sus voceros) al aborto, y el hecho de que quiera que su penalización no sólo se dé en el ámbito religioso (que le es propio), sino también en el estatal-social, que sólo le pertenece en el Estado vaticano. De estos dogmas se deriva también que el cardenal Sandoval Iñiguez ignore deliberadamente el artículo 17 constitucional al querer justificar el ejercicio de la violencia de los destructores del dibujo de Ahumada en Guadalajara, al reclamar su derecho a actuar con base en su prejuicio religioso, como si los agresores y el mismo cardenal, antes que regidos por la Constitución del país en que viven estuvieran justificados en sus declaraciones y actos por los valores de su religión y la ley del talión.

La Iglesia católica, por sus obsesiones dogmáticas, siempre ha querido meterse en temas y ámbitos terrenales, y lo ha logrado en un sinnúmero de ocasiones. Pero si lo ha conseguido, se debe, más que a sus representantes religiosos (que salvo muy pocas excepciones, distan mucho de ser misioneros y émulos de Jesucristo), a quienes ocupan o han ocupado posiciones de poder en la esfera del Estado: legisladores y gobernantes que, en lugar de obedecer a las leyes civiles y a sus representados, obedecen en primer lugar los mandatos de su iglesia y los dogmas religiosos, que forman parte de lo privado de cada cual y no de lo público relacionado con el gobierno, la representación política y la sociedad como un todo heterogéneo.

Son los gobernantes y los legisladores del Partido Acción Nacional (no todos, por fortuna) quienes han querido actuar como personeros de la Iglesia católica, en lugar de representantes de la sociedad, y por lo mismo, son ellos el instrumento civil para abrir las puertas a los ministros de su religión para que impongan sus creencias, valores y prejuicios me-diante leyes y disposiciones que contrarían las tradiciones laicas del pueblo mexicano (incluso de los creyentes no fanáticos), la separación Estado-Iglesia y la libertad religiosa, que en su nombre lleva implícita la no hegemonía ni el dominio de una de las iglesias que existen en México, por mayoritaria que ésta sea.

Corresponde a los pastores cuidar de sus ovejas, y parte de su tarea es llevar más borregos a su co-rral, pero no son estas las labores de los representantes del pueblo, por más católicos que sean, pues no fueron votados para representar una religión y sus valores celestiales, sino los intereses muy terrenales de la población. El 2 de julio, millones de mexicanos votaron contra el autoritarismo (priísta), pero no para que éste fuera sustituido por otro autoritarismo, más obsoleto e intolerante que el anterior.

La Iglesia católica y sus ministros tienen derecho, en el terreno religioso, de sancionar a quienes, con su tabla de valores, cometan pecado, sea por aborto o por desear a la mujer del prójimo. Pero la diferencia entre aquellos a quienes la Iglesia tiene derecho a sancionar y los ciudadanos comunes en un Estado-nación regido por leyes no religiosas es que los primeros aceptan voluntariamente la autoridad de la Iglesia y sus leyes, mientras que para los segundos las leyes civiles son de observancia obligatoria, independientemente de si son seguidores o no de una religión o de si están o no de acuerdo con esas leyes. Esta diferencia deberá ser entendida por el PAN y por los panistas que han ganado puestos de representación. Nadie votó por ellos para que hagan de su religión una religión de Estado, ni de las leyes del catolicismo las leyes del país. Constantino El Grande murió hace muchos siglos como para que, a estas alturas, se le quiera emular. *