JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2000

* Adolfo Sánchez Rebolledo *

Chiapas: a la hora del cambio

Sería iluso creer que los problemas acumulados en Chiapas pueden resolverse, como alguna vez se dijo, en "quince minutos", por la mera sustitución de los gobernantes; pero un cambio de baraja en el Ejecutivo estatal sí ayudaría muy positivamente a plan- tear de otro modo la compleja agenda chiapaneca. Serviría, en primera instancia, para sentar las bases de una modificación a fondo en las relaciones entre los gobiernos federal y estatal, que han sido perversas, por decir lo menos.

Unas elecciones limpias con resultados creíbles pondrían la primera piedra para garantizar el fin de la excepcionalidad, con sus interinatos sin límite, una fase de mayor normalidad republicana y, por tanto, de cooperación más productiva entre las dos instancias de poder, propiciando el reordenamiento de la vida política local y una lectura más eficaz del federalismo, hoy tan en boga, aunque nadie le ponga el cascabel al gato...

Sin embargo, es obvio, la trasparencia electoral será insuficiente para darle un nuevo rostro a la política chiapaneca. El nuevo gobierno tendrá que cumplir con varias tareas esenciales para diferenciarse de todos los anteriores.

Una de ellas, tal vez la primera de todas, será la de comenzar a crear un mecanismo de interlocución real que permita la negociación y el diálogo con todas las fuerzas sociales y políticas que hoy dirimen sus problemas más importantes al margen de toda legalidad, cuando no en contra de ella. Esta es la clave para avanzar hacia terreno firme.

En el contexto nacional creado por el 2 de julio, un gobierno democrático puede plantearse abordar con una perspectiva no maniquea la situación creada en la zona de conflicto, buscando un clima de confianza que favorezca al diálogo y la reconciliación como preludio de la paz. El tema EZLN, con ser el más importante por sus obvias repercusiones nacionales, no es el único que merece un enfoque distinto por parte de los gobernantes. Como ha repetido Carlos Montemayor, la negociación debe propo- nerse reconstruir el tejido social desgarrado, y para ello tiene que abarcar por fuerza a todos los sectores sin excepción, incluyendo al zapatismo desde luego, pero también a las demás corrientes reales que exigen se les reconozca como protagonistas de un acuerdo para la gobernabilidad. Un gobierno electo democráticamente tendrá la obligación de revisar la presencia militar en el estado para que ésta cumpla estrictamente con las funciones que la ley le otorga.

De la construcción paso a paso de ese verdadero diálogo con y entre la sociedad chiapaneca depende que el gobierno entrante adquiera la legitimidad que hoy no tienen tampoco los poderes locales y que es absolutamente imprescindible para llevar a cabo una profunda reforma constitucional que redistribuya el poder, reconozca a plenitud la diversidad pluriétnica y cultural chiapaneca, sus especificidades y modernice las instituciones estatales en un sentido democrático. En otras palabras, una reforma que incluya en la Constitución local los principios aprobados en San Andrés, sin demérito de lo que ocurra en el ámbito federal.

Mientras Chiapas no avance en la solución de sus asuntos mediante la reorganización completa de la vida política estatal, será prácticamente imposible que, desde afuera, se logren romper viejos vicios, compromisos e intereses arraigados a una visión oligárquica del poder y, sobre todo, reducir los espacios ganados por la violencia. De la misma manera, para que la experiencia de Chiapas sirva a la nación, es preciso que allí se produzcan las reformas y los cambios que son impostergables.

Una fórmula de paz para Chiapas tiene que incluir obligatoriamente la reforma profunda del régimen municipal y la aprobación de una ley federal que asuma los acuerdos de San Andrés, pero también el compromiso de la sociedad y el Estado para contribuir con su esfuerzo a cambiar el rumbo actual de las políticas de desarrollo en el estado a fin de que sirvan, ciertamente, a lograr un cambio estructural que permita reducir la desigualdad y disminuir la pobreza.

Un gobierno electo democráticamente deberá desempeñar naturalmente un papel activo en la consecución de la paz. Seguramente podrá abrir puertas y tender puentes con las comunidades de la llamada zona de conflicto, a fin de atender las demandas urgentes sin convertir su presencia en un argumento más de la confrontación. Eso es imprescindible para reconstruir, si alguna vez la hubo, la confianza perdida en las instituciones.

Chiapas tiene problemas cuya solución depende de lo que haga el país entero. La paz no es posible reduciendo el conflicto al ámbito municipal, es cierto, pero hace falta que haya una política digna de tal nombre en el ámbito local, que hoy no existe, al menos en importantes regiones del estado, justamente en las comunidades indígenas donde la ley vigente funciona mal o de plano no sirve.

Del resultado de los comicios del domingo próximo dependerá en gran medida el futuro inmediato de Chiapas y, sin exageración, el curso de los cambios iniciados el 2 de julio. El PRI espera detener el posible efecto dominó de las elecciones presidenciales que ya se vislumbra en las encuestas, pero todo indica que las fuerzas opositoras tienen grandes posibilidades de vencer. El día 20 lo sabremos.