MIERCOLES 16 DE AGOSTO DE 2000
Ť Lo denunció en 1998
Exige Ramírez Cuéllar que investigue la PGR al ex regente
Georgina Saldierna y José Galán Ť Luego de recordar que en 1998 presentó una denuncia en contra de Oscar Espinosa Villarreal por el presunto quebranto cometido en contra de Nacional Financiera (Nafin), el diputado perredista Alfonso Ramírez Cuéllar exigió que la Procuraduría General de la República (PGR) realice las investigaciones que en su momento se negó a llevar a cabo, y que la convirtieron en la protectora del ex secretario de Turismo.
Por su parte, fuentes de la PGR insistieron en que la denuncia, radicada en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Leyes Especiales de la PGR, a cargo de Francisco Javier Amézquita, bajo el número de averiguación previa 838/FESPLE/98, "se encuentra bajo investigación. Cuando haya resultados concretos, lo informaremos. Es todo lo que podemos decir".
Ramírez Cuéllar estimó, sin embargo, que la protección de la PGR siempre ha venido del mandatario Ernesto Zedillo, debido al papel que Espinosa jugó en el financiamiento de la campaña presidencial, y su función como vínculo con hombres de las grandes empresas y de la banca, como Carlos Cabal Peniche y Gerardo de Prevoisin. Según Ramírez Cuéllar, Oscar Espinosa Villarreal jugó un papel de tesorero de una enorme red de complicidades manejada desde la cúspide del poder presidencial.
Por ello, advirtió que el ex regente y ex secretario de Turismo, "quien se encargó de pasar la charola en 1994, tiene como rehén al presidente Zedillo, quien conoce de la información que su ex colaborador posee, y que sabe todos los movimientos financieros de su campaña. De allí, quizá, la impunidad con que se mueve".
Desfalco en Nafin por 55 mil millones de pesos
El perredista señaló que el 23 de enero de 1998, él y la diputada Elba Capuchino presentaron la denuncia por el quebranto de Nafin, y que la causa fue radicada en la mesa 16 del Ministerio Público Federal. El desfalco de dicha institución llegó a los 55 mil millones de pesos. Sin embargo, el legislador alega que la PGR se negó a desarrollar las investigaciones, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no permitió que el MP Federal tuviera acceso a toda la información a partir de la cual se documentaba el quebranto de Nafin y de los intermediarios financieros no bancarios, como las uniones de crédito. Una de ellas, Unicreva.
Según un documento oficial firmado por el entonces subsecretario de la SHCP, Martin Werner, dirigido a la Cámara de Diputados con el folio 102-B-260, el quebranto de Nafin se debió al otorgamiento de créditos a empresas inexistentes, sin garantía, créditos para proyectos sin ninguna viabilidad económica y los que salían del objeto de apoyo de la banca de desarrollo, al contabilizar por lo menos 37 operaciones de "descuento" anómalas realizadas con intermediarios financieros no bancarios de 1991 a 1995.
Frente a este contexto, el desvío de 420 millones de pesos del DDF aparece como un juego de niños, señaló, al exigir que la PGR investigue la denuncia presentada. "El nuevo gobierno debe crear la Comisión Nacional de Transparencia, y uno de los escándalos y de los más grandes actos de corrupción que deben ser juzgados es, precisamente, el de Oscar Espinosa", puntualizó.