MARTES 15 DE AGOSTO DE 2000
* Arturo Alcalde Justiniani *
Buena noticia laboral
Ordinariamente acudimos al foro público para denunciar arbitrariedades en contra de los trabajadores por parte del gobierno, de empleadores o de líderes impuestos. Nuestro sistema laboral es fuente constante de abusos y corruptelas orientadas a mantener un sistema de control e inmovilidad.
En estos días los trabajadores de la maquiladora Duro, en Río Bravo, Tamaulipas, reclaman la solidaridad internacional para denunciar los obstáculos que se les imponen para organizarse democráticamente. En otro extremo del país, en Ciudad del Carmen, Campeche, los helicopteristas al servicio de la empresa Samsa y Saemsa --propiedad del consorcio regiomontano Protexa, dedicado a transportar personal hacia las plataformas de Pemex-- denuncian las brutales condiciones de trabajo a las que se les ha sometido, provocando tal inseguridad en las operaciones, que se vieron obligados a suspender actividades. En su pliego petitorio reclaman seguridad en el trabajo, jornadas compatibles con la intensidad de la labor y respeto a su libertad de organización gremial. A pesar de que no estaban organizados en sindicato alguno y pretendían afiliarse al sindicato democrático de los pilotos de México, ASPA, milagrosamente aparecieron (en los archivos secretos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) dos contratos colectivos de protección patronal de origen inexplicable, incrementando la indignación de los pilotos aviadores que sólo quieren proteger su vida y la de los trabajadores al servicio de Pemex.
En contraste, en el Distrito Federal podemos compartir una excelente noticia. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a través de su presidente titular, ha informado en boletín público su decisión de que cualquier trabajador podrá obtener copia de su contrato colectivo de trabajo bastando que exhiba credencial de identificación y cualquier medio de prueba que acredite su relación de trabajo.
La noticia puede parecer intrascendente. No lo es. Durante muchos años se ha venido reclamando en todos los espacios, la necesidad de hacer transparente los registros de contratos colectivos y el manejo de las cuotas sindicales y patrimonio de los gremios.
En la agenda de cambios, orientados hacia un sistema laboral moderno, aparece, en primer término, la necesidad de permitir a los trabajadores información sobre su contrato colectivo, porque en él es posible identificar sus condiciones de trabajo y el nombre y dirección de su líder. En ninguna Junta de Conciliación y Arbitraje del país se ha permitido transparencia sobre esta información, a pesar de que resulta obvio el derecho de los trabajadores a obtenerla. El carácter secreto de estos archivos ha constituido la piedra de toque del contratismo de protección patronal y del régimen de corrupción imperante.
En históricos boletines laborales, el último del pasado 10 de agosto, el presidente de la Junta abiertamente informa que existen 107 mil contratos colectivos en la ciudad de México y que tan sólo se revisaron legalmente 5 mil 219 en forma integral y 3 mil 615 por salarios. "Es decir sólo 9.45 por ciento fueron afectados con incrementos a las prestaciones y salarios de los trabajadores. De lo cual se presume que una inmensa cantidad de contratos son de naturaleza protectora para empresas y sindicatos, en detrimento de las condiciones de vida de los trabajadores".
La ciudad de México es donde impera el régimen de corrupción más amplio del mundo. Los datos oficiales que hoy se dan rebasan las denuncias más alarmantes, lo cual exhibe claramente la necesidad de tomar medidas más profundas para sanear el régimen laboral en nuestra ciudad. Después de casi tres años de gobierno democrático en la capital se ha criticado, con razón, que el tema laboral y sindical no han ocupado la importancia debida ni en los presupuestos de gasto ni en las medidas tomadas. Se ha perdido un tiempo muy valioso para lograr que la democracia llegase a los centros de trabajo y a los gremios. Sin embargo, hoy se ha tomado una medida en la dirección correcta que quita un obstáculo fundamental para que los trabajadores puedan lograr recuperar las formas gremiales secuestradas por mafias que han hecho del sindicalismo un negocio personal.
El gobierno de la ciudad de México, su área laboral y el tribunal que hoy nos habla claro y se compromete a brindar esta valiosa información, han dado un paso que merece pleno reconocimiento. Ojalá otras juntas estatales y la propia Federal de Conciliación y Arbitraje transitaran en esa senda.