MARTES 15 DE AGOSTO DE 2000

Oportunismo y oscurantismo

* José Blanco *

El infortunio de Paulina despertó la sensibilidad de muchos mexicanos en todo el país, y provocó su indignación y condena, debido a la colusión oscurantista del procurador de Baja California, médicos de hospitales públicos y otros funcionarios del gobierno panista, en contra de una niña embarazada con violencia. Extravagante e irresponsable la actitud del procurador, quien llevó a la niña con un cura para disuadirla del aborto que ella buscaba y quería. Un procurador no enterado de que su función es dirigir la institución del Ministerio Público, vigilar el cumplimiento de la ley y, sobre todas las cosas, cumplirla. La niña había cubierto todo el proceso legal necesario y tenía orden de juez para actuar su demanda y su deseo. Pero procurador y médicos no están enterados aún de que las leyes de un Estado laico nada tienen que hacer entre sotanas.

En el contexto de ese estado de alerta e indignación ciudadana, la aguda perspicacia política de los diputados acólitos del PAN guanajuatense, les procuró la inteligente y civilizada conclusión de que era hora de convertir su particular moral de clerigalla en ley punitiva sobre las mujeres víctimas de violación, que embarazadas en ese acto de violencia, hubieran decidido no aceptar el producto de un acto animal. Al ultraje de la violación, en ese caso, las mujeres deben agregar la vejación de esa ley panista.

Como era de esperarse, la sensibilidad de la opinión pública respecto al tema aumentó y se ha expresado enérgicamente reprobando la vileza de los diputados. Estos, sin embargo, no se amilanaron del todo y, en bufo ademán de perdonavidas, se proponen "atenuar" su ultraje: disminuirán las sanciones que impondrán a las violadas. La vesania de estos diputados debe ser contundentemente parada por la sociedad mexicana. Y los tales diputados deben ser impedidos para siempre de cualquier responsabilidad pública.

De otra parte, ese mismo contexto de aumentada sensibilidad pública respecto a la penalización del aborto llevó al gobierno perredista del Distrito Federal a intentar, ahora sí, introducir nuevas excepciones al Código Penal (CP) en el capítulo de sanciones al aborto, que sólo prevé dos de ellas: cuando hay aborto debido a un embarazo resultado de una violación, y cuando, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada o el "producto" corran peligro de muerte (artículos 333 y 334).

La iniciativa perredista no está exenta de oportunismo. Recientemente, cuando organizaciones de mujeres y otros interesados intentaron que la Asamblea incorporara nuevas excepciones a las penas previstas por el CP, los diputados perredistas prefirieron guiñarle el ojo a la Iglesia, cuidar los votos, y no ser consecuentes con una posición que en otros momentos habían expresado.

Para los partidos primero sus intereses y luego la sociedad. Ahora, frente a la nueva intentona perredista, PRI y PAN se deslindan, y se niegan a un nuevo periodo extraordinario de la Asamblea. No importa que el CP del DF, en este capítulo, presente mayores atrasos que numerosos códigos estatales; no importa que una parte activa de la sociedad esté demandando avanzar en la despenalización del aborto. Ahora esos partidos propinan un golpe político al PRD, apoyados por los curas: se trata de un albazo para imponer proyectos proabortistas "contra la voluntad de Dios" dijo, previsiblemente, la Arquidiócesis de México. Conferencia del Episcopado Mexicano, Curia Metropolitana y toda institución de rosario y santiguo están en las mismas.

"Las decisiones no se toman por mayoría sino por lo que dicta Dios", dicen. Seguramente Dios reveló a los curas mexicanos su deseo de no revisar las excepciones que el CP del DF prevé a la bárbara penalización del aborto que el mismo dispone, y no avanzar en la dirección de las normas jurídicas que regulan a la mayor parte de la población del planeta. Estas tomaduras de pelo medievales no caben más en la sociedad mexicana de hoy.

Con una falta total de "claridad mental", estos párrocos misóginos son incapaces de darse cuenta de que el CP y sus posibles reformas no disponen "aprobar el aborto", apenas se abstienen de aplicar un castigo adicional a las mujeres que, embarazadas por violación, no desean el producto de esa violencia; o no lo desean por otras razones del orden del mundo. No penar a alguien por sus actos, no significa ni aprobar ni desaprobar tales actos. La Iglesia, eterna Torquemada, puede excomulgar a su feligresía femenina, si así lo dispone, pero nada tiene que hacer opinando sobre el CP. La moral es un asunto privado de las personas. La moral católica es una entre muchas. No tiene por qué ser impuesta a todos. Sencillamente, los no católicos no la aceptamos. *