LUNES 14 DE AGOSTO DE 2000
Ť AN, renuente a que se conozca la auditoría: Pablo Gómez
Dividirá de nuevo el Fobaproa a oposiciones en la Cámara
Ť Los responsables parecen estar cada vez más lejos de un castigo
Ciro Pérez Silva Ť La conversión en deuda pública de los pasivos del Fobaproa era para el PRI "una razón de Estado"; para el PAN significaba "asumir el costo político" de acabar con un "amargo y largo camino"; para el PRD era simplemente "el mayor fraude cometido por el gobierno en contra de la nación".
Complejo, tortuoso en ocasiones y siempre debatido a partir de informes parciales, el proceso de rescate bancario y el Fobaproa serán recordados como "el más grande acto de corrupción" que intentó resolver la primera legislatura con mayoría opositora en la Cámara de Diputados, y uno de los factores fundamentales que abonaron a la derrota priísta el pasado 2 de julio.
Pero lejos de haber concluido, el Fobaproa y las listas de los créditos reportables, así como los requerimientos financieros del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que para el próximo año ascenderán a por lo menos 75 mil millones de pesos, amenazan con reditar en la Cámara de Diputados los enfrentamientos que en lo político y lo económico dividieron a las oposiciones, como sucedió con la aprobación de los Presupuestos de Egresos de 1998, 1999 y 2000 y en el bloqueo de iniciativas para modificar la Ley del Banco de México y sustituir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre otras.
Y no pocos llevan las repercusiones de este debate más allá de las paredes de San Lázaro. "Hubo una reunión en la que participaron los más altos colaboradores de la campaña de Francisco Labastida, y en esa reunión -explica el priísta Omar Alvarez Arronte- les expuse las razones y efectos favorables que tendría para la campaña de nuestro candidato el hacer pública la clave de acceso a los créditos reportables, antes de que la hiciera pública el PAN. Pero, entre otros, José Angel Gurría se opuso, argumentando que estaríamos violando la ley. Los resultados de esa negativa son evidentes", lamenta el priísta, "cargamos con la derrota y con el desprestigio".
Impunidad oficial en el endeudamiento
Pero no todos fueron sancionados de la misma forma. Los grupos parlamentarios del PAN y el PRD en San Lázaro mencionan dos ejemplos de la responsabilidad e impunidad oficiales en el endeudamiento público: Los pagarés del Fobaproa fueron firmados por el ex subsecretario de Hacienda Martín Werner, quien hoy presta sus servicios a una empresa privada, sin aval alguno de los diputados, como ordena la ley respectiva.
En el mismo caso se encuentra Javier de Arrigunaga, ex director del Fobaproa, cuya firma también aparece en la totalidad de los pagarés del fondo; sin embargo, fue nombrado representante de México ante la OCDE.
Pasajes como estos continúan comentándose en los pasillos, cada vez menos frecuentados, de la Cámara de Diputados. En este mismo escenario, el PRD y el PT continúan condenando la "concertacesión" entre el blanquiazul y el tricolor para legalizar el endeudamiento del Fobaproa a través de la ley que creó el IPAB, mientras que panistas y priístas acusan a diputados perredistas y petistas de "politizar" un debate que comenzó hace tres años, y de "actuar exclusivamente en razón de su interés particular y de grupo, en lugar de ver por el bien de la nación".
La visión que impulsó a priístas y panistas a reconocer los adeudos del Fobaproa tiene hoy, en números redondos, un costo fiscal de aproximadamente 400 mil millones de pesos, generando intereses anuales por 60 mil millones de pesos, que deben pagarse con los impuestos de todos los contribuyentes.
De hecho, a los efectos de la crisis económica por la que atravesó México en 1995 se sumó la quiebra del sistema bancario nacional, y a pesar de que la experiencia internacional concluye que un elemento central que contribuyó a esta quiebra fue "la falta absoluta de una supervisión adecuada por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se tradujo en incentivos perversos para que los banqueros llevaran a cabo prácticas totalmente insanas e ilegales", como la autorización de créditos sin el respaldo adecuado, los autopréstamos entre propietarios y socios o la intervención a destiempo de la CNBV.
Hoy, banqueros y autoridades presuntamente responsables parecen estar cada vez más lejos de un castigo judicial y más cerca de su reivindicación social.
Bajo el lema de proteger el ahorro de los mexicanos y de asegurar que la banca quedara en manos de mexicanos, el gobierno federal utilizó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para asumir el quebranto de las instituciones bancarias mediante la compra de cartera "chatarra". Para ello, firmó pagarés de saneamiento financiero que garantizaban a los bancos subsidios a través de costosas tasas de interés a cargo del erario público.
"Los resultados obtenidos muestran un rotundo fracaso de la estrategia emprendida. A casi cinco años de haber iniciado el proceso del rescate, el gobierno federal tiene una deuda que supera los 100 mil millones de dólares; la banca extranjera controla ya 75 por ciento de los activos bancarios; de las 18 instituciones privatizadas entre 1991 y 1992, sólo cuatro permanecen operando en manos de mexicanos y el crédito a la economía es prácticamente inexistente", sostienen legisladores panistas y perredistas.
Ambos grupos parlamentarios en San Lázaro condenaron el proceso de privatización iniciado en 1988 con la llamada reforma financiera, que tenía como objetivo sentar las bases para la liberación y la modernización del sistema financiero. No todos los postores contaban con experiencia en ese ramo, de ahí el surgimiento de Jorge Lankenau o de Carlos Cabal Peniche, ambos detenidos por manejos ilegales en sus propios bancos.
Más aún, de acuerdo con Paulo Díez, del área jurídica del IPAB, una de las últimas operaciones de esta naturaleza que tiene a su cargo el instituto como parte de las funciones para concluir los procesos de saneamiento de instituciones bancarias, así como administrar y vender los bienes a cargo del IPAB para obtener el máximo valor posible de recuperación, enfrenta problemas.
Se trata de la operación para la compra de Banco del Atlántico por parte de Bital, que no está cerrada como se había informado y "es delicadísima", según se desprende de su participación en la reunión de trabajo convocada por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados el pasado 27 de julio.
"Todo el mercado está viendo con lupa el tema de la fusión con Atlántico", reveló Díez, y advirtió del "impacto a nivel de la cotización de las acciones de Bital en la Bolsa" si se hacen públicas "la cantidad de irregularidades que tiene". Esto, apuntó en la reunión privada el funcionario del IPAB "podría simplemente alertarlo (a Bital) de la posibilidad de un litigio o que él empiece a buscar alguna otra alternativa", alertó.
Informe Mackey
Para trasladar el costo del Fobaproa a los contribuyentes, la bancada panista demandó, apoyada por el grupo parlamentario del PRD, una auditoría al fondo, que al final tuvo un costo de 20 millones de dólares y que terminó siendo sólo "un informe", por las restricciones que encontró el auditor Michael Mackey para el acceso a la información de los bancos intervenidos.
El informe del canadiense concluye:
"Entendemos que en México, un número relativamente pequeño de grupos económicos (aproximadamente 10 o 12) es responsable de una parte importante de la actividad económica. Estos grupos operan típicamente a través de varias compañías en diversos sectores, incluyendo el financiero. Estos grupos adeudan cantidades importantes a los bancos que participan en los programas del Fobaproa. Muchos de ellos tienen o tuvieron participación accionaria en ciertos bancos revisados. En muchos casos los despachos contratados han clasificado créditos otorgados a estos grupos como de dudosa credibilidad y por lo tanto, es posible que ocasionen costos para el Fobaproa".
Esos costos fueron identificados por el auditor en lo que llamó "operaciones reportables", que panistas y priístas, encabezados por Fauzi Handam y Jorge Estefan, respectivamente, se empeñaron en encriptar, diseñando un mecanismo que hace prácticamente imposible acceder a esa información: una clave dividida en cinco partes, una para cara grupo parlamentario, con un orden específico de ingreso.
Handam, detrás de las 5 claves
"El PAN nunca ha estado de acuerdo en que se conozca el resultado de la auditoría que práctico Michael Mackey al Fobaproa, sólo que ha mostrado una cara hipócrita, el PRI dice simplemente que no, e inventa obstáculos legales que son puras pamplinas, y esto nos ha llevado a una situación verdaderamente contradictoria: El auditado tiene la información de la auditoría, pero el que mandó a hacer la auditoría no, la Cámara de Diputados gastó 23 millones de dólares en mandar a hacer una auditoría y no conocemos el resultado" enfatizó el perredista Pablo Gómez.
"ƑQuién fue el que ideó, junto con el PRI, el asunto de las claves para dificultar el acceso al disco compacto con los créditos reportables? ƑQuién se puso de acuerdo con el PRI para pedirle al auditor que el password del disco estuviera seccionado en cinco partes, y que a cada partido le fuese entregada una parte? šFue Fauzi Handam!".
El legislador perredista sostuvo que toda la operación del Fobaproa es el mayor fraude del siglo pasado en el país, porque se trasladaron de manera indiscriminada deudas privadas a cargo del erario público, además de que en esa deuda se incluyeron débitos de empresas muy importantes.
"Resulta verdaderamente inmoral que esas deudas tenga que pagarlas la sociedad. Hay una enorme cantidad de compañías, algunas de ellas muy saludables, a las que los bancos metieron en cartera vencida al Fobaproa, donde se beneficiaron de grandes descuentos Ƒa título de qué?, sólo por decisión del Presidente, šse repartieron el erario público!, Ƒpor qué no se le descuenta a empresarios que están en posibilidad de pagar?, ese es el fraude", insistió.
Este año, dijo, se habrán pagado del erario público cerca de 300 mil millones de pesos, "lo que representa una sangría brutal", Ernesto Zedillo pasará a la historia como el Presidente que le hizo el mayor daño patrimonial al erario público, ningún otro como él. Al momento tenemos una obligación de pago, a título de nada, de un millón de millones de pesos, ningún presidente ha endeudado tanto al país en la historia como lo hizo Zedillo, y esa deuda histórica no se va a pagar ni en 50 años".
El coordinador panista, Carlos Medina Plascencia, ponderó la construcción de una "opción alternativa" a la del gobierno para resolver el problema del rescate financiero. "Lo consiguió Acción Nacional, pero por otra parte me parece que lo hubiésemos podido haber hecho sin tanta tensión y desgaste", reconoció.
El panista lamentó que el resto de las oposiciones no enfrentara el costo político de este problema. "La directiva de otros partidos simplemente les dijeron a sus legisladores retírense, quítense de la mesa y hay que dejar que otros, que son muy responsables y que no van a dejar que el país se vaya por el despeñadero lo resuelvan, que ellos carguen con ese costo".
Luego de tres años de debates, el asunto Fobaproa y sus secuelas continúan siendo uno de los temas a debatir en la agenda de la 58 Legislatura de la Cámara de Diputados.