LUNES 14 DE AGOSTO DE 2000

Ť Controversia entre Legislativo y Ejecutivo

Pronto, la decisión de la Corte sobre el caso de Banco Unión

Ť Se tendría que entregar la información a legisladores, prevén

Jesús Aranda Ť El pleno de ministros iniciará a partir de este lunes la discusión final sobre el proyecto de dictamen de la controversia constitucional, en el que la Cámara de Diputados demanda al Ejecutivo información sobre los fideicomisos de Banco Unión.

Sin embargo, después que se hizo pública parte de esta información, la trascendencia del dictamen se centrará en la obligación del Ejecutivo de entregar a los legisladores la información a la que por ley tienen derecho.

De acuerdo con información obtenida en el máximo tribunal de justicia del país, prácticamente hay consenso entre los 11 ministros en el proyecto de dictamen que les entregó la ponente Olga Sánchez Cordero; incluso se habla de la intención de que el voto sea unánime.

Los consensos alcanzados entre los ministros, añadieron los informantes, permiten suponer que esta controversia constitucional -calificada como la más importante en la historia moderna de la Suprema Corte- se resuelva esta semana que se inicia o la siguiente.

Aun cuando el proyecto elaborado por la ministra Sánchez Cordero -que es el segundo que presenta a sus compañeros- no aborda la constitucionalidad o no del secreto bancario, sí se refiere a los fideicomisos, los cuales se regularían de manera diferente a las cuentas bancarias.

Es decir, los ministros discuten aún si los fideicomisos pueden o no hacerse públicos, tal y como lo demanda la Cámara de Diputados al Ejecutivo, particularmente los creados en Banco Unión para financiar la campaña presidencial del PRI de 1994.

Sin embargo, según las consultados, este tema, que fue el motivo por el cual la Cámara de Diputados interpuso la controversia constitucional el año pasado en contra del Ejecutivo, pasó a un segundo plano. Ahora, los ministros le han puesto particular atención a que en la sentencia que emitan se fijen criterios y límites en cuanto a la obligación del Ejecutivo de entregarle a los legisladores la información a que tienen derecho.

Para los ministros este tema adquiere un carácter especial, ya que se trata de un hecho concreto que incidirá necesariamente en el nuevo equilibrio de poderes que requiere el país, particularmente a partir del triunfo de la oposición el 2 de julio.

Además, el pleno de la Corte, explicaron las fuentes, está consciente que el asunto representa una oportunidad para que los otros poderes vean al Judicial de la Federación, y a la Suprema Corte en particular, como el instrumento jurisdiccional encargado de resolver conforme a derecho los problemas políticos que se generen entre las tres instancias.

Además, el hecho de que hace unas semanas el PRD diera a conocer el disco compacto con la información de la auditoría hecha por el canadiense Michael Mackey, de alguna manera "le quitó presión" al tema mismo del Fobaproa, explicaron las fuentes judiciales.

Asimismo, aun cuando los ministros declararon inicialmente que la decisión que adoptaran no respondería a tiempos políticos, lo cierto es que cambiaron de opinión al optar por resolver la controversia constitucional después de las elecciones del 2 de julio pasado. Esto, con el propósito de "no politizar" el tema.

Sobre todo, no quisieron los ministros que se interpretara que la decisión suya, de darle la razón al Congreso -en cuanto a su derecho a requerirle información al Ejecutivo-, pudiera interpretarse como un espaldarazo a la oposición en detrimento del PRI.