DOMINGO 13 DE AGOSTO DE 2000
Ť Difícil conciliar intereses, dice consultor empresarial
Prevén que la reforma fiscal de Fox se concrete hasta el 2002
Ť Sugiere que se mantenga la tasa cero para medicinas y alimentos
Humberto Ortiz Moreno Ť Consultores de organismos empresariales previeron que la reforma fiscal del gobierno de Vicente Fox sólo podrá concretarse hasta enero del 2002, porque hoy "lo seguro es que no logrará el consenso de la sociedad, pues satisfará a unos y degradará a otros".
Explican que el gobierno busca elevar la recaudación, las empresas esperan mayor justicia, promoción y simplificación, y los contribuyentes desean pagar menos impuestos.
Así, "conciliar intereses tan opuestos es muy difícil", reflexiona Luis Haime Levy, director general de Alta Consultoría Empresarial, órgano que ofrece asesoría a cúpulas del sector privado y recomienda al equipo del presidente electo mantener la tasa cero para alimentos básicos y medicinas, en tanto el sector salud siga siendo ineficiente.
Además, advierte que para una reforma fiscal integral primero hay que vencer la creciente pobreza y necesidades básicas insatisfechas; el crónico quebrantamiento de la mayoría de las cadenas productivas; la inexistencia real de una política de fomento industrial y un deficiente financiamiento del sector productivo; el incremento de la recaudación sin elevar las tasas y la carga fiscal sobre los causantes cautivos.
Basado en la propuesta que presentó recientemente David Colmenares Páramo, presidente del Colegio Nacional de Economistas, y que pretende ser una aportación a la reforma fiscal que emprenda la administración de Vicente Fox, el experto asegura que en su previsión solamente hay un pequeño margen de error, pues "los tiempos políticos no permitirán lo contrario".
En el 2002 sería posible un consenso con los diferentes actores sociales y económicos para depurarlo con tiempo, insiste.
Levy puntualiza que para llegar a una reforma fiscal que sea realmente integral, es preciso considerar los planteamientos que vayan desde la política económica y la Ley de Ingresos y el gasto público, la participación fiscal de los estados, las leyes específicas en la materia y hasta los reglamentos que las faciliten, así como el manejo profesional y eficiente de Pemex.
En este sentido, juzgó imprescindible reconocer que México es un país en desarrollo que compite con desarrollados bajo características diametralmente diferentes; que 95 por ciento de las empresas mexicanas son pequeñas y medianas; que la política fiscal debe fomentar la creación y desarrollo de empresas, y que la política debe estar enfocada hacia la creación de riqueza nacional.
Por tanto, resumió que los principios elementales de la reforma, orientados a la reactivación económica, deben tener como objetivos básicos la elevación del ingreso neto personal, al ampliar los estratos de las tarifas e incorporar la deducibilidad plena de gastos patrimoniales y sociales de los causantes; reducir los impuestos al consumo (IVA, IEPS y otros), para apoyar el crecimiento del mercado interno, y diseñar y sostener una política permanente de promoción fiscal a la inversión productiva de largo plazo.